Advierten que plan de desalojos acordado por sojeros y el Estado profundizará la violencia

Foto: Diario Extra

Asunción 23 de setiembre 2019 (BASE-IS) La semana pasada se anunció oficialmente que el protocolo para Desalojos Forzosos, usados por la Policía y la Fiscalía, quedaba sin efecto y que a partir de ahora se realizarán los desalojos de propiedades ocupadas por familias sin tierra sin ningú tipo de mediación previa. Esta medida fue impulsada por los gremios del agronegocio, la Asociación Rural del Paraguay, la Unión de Gremios de la Producción y la Unión Industrial Paraguaya; y deja de lado los estándares constitucionales y de derechos humanos para realizar este tipo de procedimientos.

Respecto a esta decisión la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) emitió un comunicado donde advierten que este plan profundizará la violencia “en un contexto de por sí de graves retrocesos en materia de derechos humanos” además instó a la ciudadanía y organizaciones sociales a que estén atentos a los acontecimientos y ratificó su compromiso para atender esta realidad, denunciando por todos los medios a su alcance las violatorias actuaciones anunciadas desde el Estado con esta decisión.

En otro de los puntos del pronunciamiento la CODEHUPY señala que “contrariando la más elemental de las disposiciones legales, constitucionales e internacionales, en Paraguay la propiedad privada se encuentra en la cúspide del interés de protección de un Estado que somete ante ésta, todo tipo de derechos: la vida, la integridad física, la salud, la educación, derechos de los niños y niñas entre tantos otros, que tiene a familias paraguayas deambulando en la miseria y jugándose la vida por un pedazo de tierra y un techo bajo el cual vivir. La evidencia de esta afirmación se sustenta en que las únicas partes de la sociedad invitadas a la discusión fueron los representantes de grandes y poderosos gremios como la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión Industrial del Paraguay (UIP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP)”.

En coincidencia con el comunicado emitido por la Coordinadora, el abogado Abel Areco, especialista en la temática de Tierras y Derechos Humanos, explicó que el proceso judicial para realizar un desalojo forzoso es de carácter civil y no penal, por lo que un procedimeinto de este tipo sólo puede ser ordenado por un Juez y no puede realizarse por iniciativa propia del Ministerio Público ni de la Policía Nacional. Esto debido a que el procedimiento Civil otorga a los ocupantes la posibilidad de defenderse y discutir respecto a la titularidad o ajenidad de la tierra en cuestión.

El abogado mencionó que con esta decisión los Gremios del Agronegocio buscan violentar el Estado de Derecho y el debido proceso de un juicio de desalojo, “para evitar discutir sobre la titularidad de los inmuebles, de los que dicen ser dueños, pero que no podrán sostener en juicio, porque en muchos casos, son tierras mal-habidas, o no cuentan con ningún documento que los avale legalmente. Entonces, quieren que los Fiscales y la Policía hagan el trabajo sucio, y en abierta violación del procedimiento correspondiente, donde a la gente se da oportunidad de defenderse y alegar sus derechos”. Añadió también que si la Policía Nacional y la Fiscalía General realizan procedimientos de Desalojo Forzoso sin una Orden de Desalojo dictada por un Juez Civil, incurren en procedimientos irregulares “y es causal de Enjuiciamiento al Ministro del Interior y la Fiscal General. Más todavía si atropellan derechos de tenencia o posesión y destruyen bienes de familias en el marco de un procedimiento”.

Areco mencionó además que la falta de cumplimiento de un Contrato Social, de la Reforma Agraria, establecida en Constitución Nacional y el acaparamiento de tierra por parte de latifundistas sojeros y ganaderos, en muchos casos de forma irregular, está provocando, impulsando, alentando la ocupación de muchos latifundios malhabidos. Y que esta realidad debe ser atendida por las autoridades recuperando las tierras malhabidas y llevando adelante una Reforma Agraria Integral que garantice el acceso a tierra y la posibilidad de producción a las familias campesinas.

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