Arranca una nueva zafra sojera en Paraguay y pondrá a prueba a 5 municipios con leyes ambientales que la condicionan

En San Pedro del Ycuamanduyú ya se registraron conflictos por el no cumplimiento de estas legislaciones, que afecta directamente a productores orgánicos.

 

 

Asunción, 24 de agosto de 2017 (BASE-IS) Desde 2011 que unas cinco distritos del país promulgaron leyes locales que condicionan el avance del modelo sojero en sus territorios, como respuesta a las consecuencias ambientales, sociales, económicas, alimentarias y agrícolas.

Se trata de La Pastora (2011), San Pedro del Ycuamandiyú (2012), Horqueta (2015), José Fassardi (2016) y San Joaquín (2017), que a través de ordenanzas municipales o prohíben las fumigaciones o las semillas transgénicas o delimitan el territorio donde se puede plantar soja.

El gran desafío de estos municipios es encontrar la fórmula de hacer cumplir estas leyes locales, amparadas en la potestad que le da la Ley Orgánica Municipal 3966/2010.

Con el inicio de cada campaña de soja en Paraguay (agosto/setiembre-marzo) saltan de vuelta los conflictos comunitarios a raíz de las fumigaciones y la ocupación de nuevos territorios. Entre 2013 y 2015 se registraron al menos 43 conflictos de este tipo, en todas ellas el Estado paraguayo terminó reprimiendo a las comunidades que exigían el respeto de sus derechos, según el libro “Judicialización y violencia contra la lucha campesina”.

La semana pasada en la comunidad de Barbero Cue (San Pedro del Ycuamandiyú) explotaciones sojeras empezaron trabajos de fumigación a pesar de que existe la prohibición a esta actividad, por haber sido declarada como zona de producción agroecológica junto con otras 29 comunidades locales desde 2012.

Frente a esto, vecinos y vecinas del lugar se movilizaron para impedir los trabajos, pues además de afectar distintos ámbitos de su vida, las aspersiones peligran directamente sus sustento familiar, que se basa en la producción orgánica para alimentación local y exportación.

El investigador Abel Areco dijo que para garantizar la aplicación de estas ordenanzas en los distritos las autoridades locales deberían coordinar inter-institucionalmente con órganos del gobierno central como el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y la Secretaría del Ambiente (Seam).

Aseguró que es clave el accionar de actores locales que promueven un modelo de producción alternativo al de las fumigaciones y semillas transgénicas a la hora del cumplimiento de estas ordenanzas.

Areco es autor del estudio “Defensa territorial, iniciativas locales” (2016), que sistematizó y analizó estas experiencias municipales.

FOTO: Jordi Ruiz Cirera, extraído de Geaphotowords

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