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Wednesday, 09 de April de 2014

A las 11.30 de hoy el tribunal de Salto del Guaira dira su veredicto, que puede ser de vida o muerte

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A las 9 arrancó la audiencia de revisión de medidas entorno al caso Curuguaty, una hora llevó a los defensores y al fiscal presentar sus argumentaciones. Se abrió un receso hasta las 11.30 hs, cuando los jueces harán pública su decisión de dar o no la prisión domiciliaria a los cinco campesinos en huelga de hambre para lograrla.

El día en que se cumplen 55 días de huelga de hambre de cinco de los campesinos presos del caso Curuguaty, arrancó la audiencia de revisión de medidas hoy en los tribunales de la ciudad en Salto del Guairá, al Este de Paraguay.
En ella un tribunal debe decidir si da prisión domiciliaria a los cinco o los mantiene encerrados en la cárcel hasta que empiece el juicio oral el 26 de junio próximo.
Para el movimieto social paraguayo y muchas personalidades internacionales, la de hoy es una audiencia de vida o muerte para los huelguistas, que han decidido seguir su medida hasta las últimas, si no logran el mejor resultado esta mañana.
El pedido concreto de Rubén Villalba, Néstor Castro, Adalberto Castro, Felipe Benítez y Arnaldo Quintana es la prisión en sus casas, y esperar ahí el juicio oral del caso. Además exigen el esclarecimiento de a quién pertenece la tierra de Marina Kue donde se registró la masacre.
La ciudad de Salto de Guairá amaneció con un sol plomizo, a diferencia de Asunción donde la lluvia marcó el inicio de este miércoles que puede quedar en la historia. A las 9 arrancó la audiencia con alrededor de 80 personas entre familiares, amistades, activistas de derechos humanos, religiosos, garantes y prensa, tratando de entrar a la sala de la audiencia.
En total ocho garantes quedaron sin poder entrar a la sala, por motivos de espacio, según los argumentos de la seguridad del recinto. Tras un mini-escrache al fiscal acusador, Jalil Rachid, la seguridad se vio reforzada -irónicamente- por ocho policías del Grupo Especial de Operaciones (GEO), el mismo que mató a los 11 campesinos aquel fatídico 15 de junio de 2012 durante la masacre.
El abogado defensor de los campesinos, Vicente Morales, oficializó el pedido de prisión domiciliaria para los cinco, amparado en las irregularidades del proceso policial-fiscal desde el inicio de la investigación, que acusó de tentativa de homicidio a los campesinos, debido a la falta de pruebas; después el fiscal Rachid argumentó que los mismos cargan con acusaciones por crímenes, por lo que no pueden ser beneficiados con la medida.
A las 10 hs el tribunal compuesto por los jueces Ramón Trinidad Zelaya(preside), Benito González y Víctor Godoy dispersó a los y las presentes y reanudará la audiencia a las 11.30, para hacer conocer su veredicto.
Mientras esto ocurre, los cinco presos pasan un día más sin ingerir alimentos y desde hace dos semanas empezaron a mostrar el deterioro de sus cuerpos y fuerzas, no pudiendo siquiera ir solos al baño.
Mientras se desarrolla la audiencia en Salto del Guairá y en solidaridad con los presos, un grupo de vecinos y vecinas del asentamiendo Yvy Pyta realiza en estos momentos un corte de la ruta 10 “De las Residentas”, en el kilómetro 35, a la altura donde ocurrió la matanza en 2012.

Irregularidades del proceso
El proceso fiscal del caso está marcado por irregularidades como el no investigar en qué circunstancias y quiénes mataron a los 11 campesinos, siete de los cuales fueron aparentemente apresados vivos y posteriormente ejecutados, según el informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay(CODEHUPY).
Otro cuestionamiento estructural es que aunque una de las acusaciones centrales contra los campesinos es por invasión de inmueble ajeno, la jueza de la audiencia preliminar no atendió el pedido de pre-judicialidad presentado por la defensa, que exigía que se termine el juicio abierto que esclarecerá a quién pertenece la tierra, para después seguir con este proceso de los campesinos.
La introducción irregular y hasta la desaparición de evidencias marcan además el proceso fiscal. La aparición de una escopeta Maverick entre las evidencias acusatorias, que nada tiene que ver con los sucesos de la masacre, pues fue robada a un militar retirado en una estancia, días después de los sucesos de Curuguaty, como consta en actas policiales.
La desaparición de evidencia como casquillos de armas automáticas, que probarían que no fueron los campesinos y sus armas obsoletas quienes dispararon sobre los policías; la introducción tardía e irregular de seis cajas de evidencias fuera del tiempo establecido y que vulneró el derecho de defenderse de los campesinos, son otras.
Más allá del campo jurídico, tampoco hay que olvidar que la masacre justificó la remoción de un gobierno y sirvió de escenario político para la entrada del “nuevo rumbo”, una reorganización de las fuerzas conservadoras en el país, lo que alimenta la sospecha de una condena de antemano contra los campesinos, para justificar todo el nuevo escenario político que se levantó tras las masacre.


FOTO: Imágenes del tribunal durante la audiencia. FUENTE: cigarrapy
AGRADECIMIENTOS: Julio Benegas









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