Colonia Yerutí: Territorio arrasado por el agronegocio

Asunción 19 de agosto de 2019 (BASE-IS) El pasado 14 de agosto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un contundente dictamen donde señala que el Estado paraguayo es responsable de violaciones de Derechos Humanos debido a las fumigaciones masivas con agrotóxicos que en 2011 afectaron a decenas de campesinos y campesians de la Colonia Yerutí y causaron la muerte de Ruben Portillo, un joven agricultor que vivía en el lugar. El paso del tiempo no ha frenado a los responsables directos de las fumigaciones, ni ha impulsado al Estado a tomar medidas de protección en favor de los campesinos, al contrario, la Colonia Yerutí se ha convertido hoy en un territorio arrasado por el agronegocio.

La colonia Yerutí se encuentra ubicada en el Departamento de Canindeyú, veinte kilómetros al sureste de la ciudad de San Isidro de Curuguaty y diez kilómetros al sur de la ruta nacional Nº 10. La colonia fue habilitada sobre tierras de propiedad del Estado que fueron adjudicadas para la reforma agraria por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). La colonia fue habilitada en 1991, sobre una superficie de 1.225 hectáreas que fueron distribuidas en 93 lotes con una extensión promedio de diez hectáreas por lote, más una reserva de tierras comunales de 90 hectáreas. Las tierras que dieron origen a la colonia formaban parte de una propiedad de 2.200 hectáreas de Emigdio Riveros, ex viceministro de Educación de la dictadura de Alfredo Stroessner, que devolvió al Estado en reparación de delitos cometidos contra el erario público, luego de la caída de la dictadura en 1989. Las tierras fueron entregadas al Ministerio de Hacienda, éste las transfirió al entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), y el IBR las distribuyó a campesinos beneficiarios/as de la reforma agraria, entre los cuales se encontraban las familias que resultaron víctimas de las fumigaciones que derivaron en la muerte de Rubén y la posterior denuncia contra el Estado.

Según detalla el Libro “Comunidades en Lucha” publicado en el año 2014 y que recoge la situación de la Colonia Yerutí, “la colonia está en un proceso de desintegración debido a la falta de apoyo oficial en servicios productivos y sociales fundamentales. Asimismo, esta comunidad de familias

campesinas se halla inserta en una de las zonas de mayor expansión del agronegocio en los últimos años, rodeada por haciendas que poseen una gran extensión. En su mayoría eran antiguas haciendas ganaderas que hoy día se dedican al monocultivo extensivo de especies genéticamente modificadas”. El relato agrega que de las 93 familias que habitaban el lugar inicialmente en 2014 sólo quedaban 60 lotes ocupados, debido a la expulsión campesina por las causas señaladas. En Canindeyú en los últimos años el agronegocio se ha extendido hasta ocupar el 60% del territorio del Departamento, este avance se dio a costa de las tierras ocupadas por la agricultura familiar que ha perdido más de 33 mil hectáreas en Canindeyú en los últimos 15 años.

En la actualidad esta cifra ha disminuido aún más drásticamente, las casas vacías, abandonadas y el territorio prácticamente sin campesinos es la realidad actual de la Colonia Yerutí, las tierras destinadas para la reforma agraria fueron devoradas por el agronegocio y hoy están en manos de empresarios, en su mayoría extranjeros. Las violaciones a la normativa ambiental siguen vigentes, amenazando la vida de quienes aún permanecen en la comunidad; los cultivos mecanizados que son fumigados permanentemente llegan hasta el borde del camino vecinal, los ranchos se encuentran rodeados de cultivos extensivos, sin barreras verdes de protección ni las reglamentarias franjas de seguridad.

El reciente fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que “las fumigaciones masivas con agro-tóxicos en la zona de referencia, según ha sido ampliamente documentado, constituyen amenazas a la vida de los autores que eran razonablemente previsibles por el Estado parte, dado que tales fumigaciones masivas han contaminado los ríos de los cuales los autores pescan, los pozos de los cuales beben, y los árboles frutales, cultivos y animales de cría de los cuales se alimentan”. A partir de esta afirmación el Comité concluye que el Estado paraguayo ha violado los artículos 6 y 17 del Pacto de Derechos Civiles y políticos que garantizan el derecho a la vida y a la inviolabilidad del domicilio privado.

En su reciente dictamen el Comité señala que el Estado Paraguayo omitió su deber de proteger y permitió que prosiguieran las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa interna lo que generó una degradación del medio ambiente que afecta el bienestar del individuo y genera violaciones de la vida privada y familiar y del domicilio,. Esta realidad persiste en la Colonia yerutí, donde el Estado está ausente y no garantiza ahsta la fecha el cumplimiento de las normativas ambientales a fin de proteger el derecho a la vida de las familias campesinas.

El Dictamen del Comité de Derechos Humanos indica que además de una reparación integral a las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados en este caso, el Estado debe investigar efectivamente y exhaustivamente los hechos; sancionar, en las vías penales y administrativas, a todos los responsables de los hechos del presente caso y adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro. Al respecto cabe mencionar que diferentes informes han señalado que la violación de normativas ambientales es una constante por parte de sojeros y empresarios del agronegocio que no respetan lo establecido en las leyes.

Meses atrás Ruth Tiffer Sotomayor, especialista ambiental sénior del Banco Mundial, señaló que esta situación es alarmante y que ella misma pudo constatar el hecho en su recorrido por diversos puntos del país. También los integrantes de la Alianza por el Cumplimiento Local de Leyes Ambientales, que integra a diferentes organizaciones sociales y no gubernamentales han llegado a la misma conclusión.

Más Información: Abel Areco (0972) 475 514

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