Con su veto, el presidente Cartes legitima la corrupción y la violencia estatal-sojera en Guahory

Los derechos elementales de más de 200 familias campesinas no cuentan para el presidente paraguayo.

Asunción, 25 de mayo de 2017 (BASE IS) El pasado 19 de mayo el presidente paraguayo Horacio Cartes vetó el proyecto de ley 5805que buscaba expropiar a favor de familias agricultoras 35 lotes de la colonia estatal Guahory, departamento de Caaguazú, a casi 300 kilómetros de Asunción.

Un año después de que este proyecto haya recorrido comisiones y debates en ambas cámaras legislativas, el mandatario tuvo la oportunidad de enmendar parcialmente el mayor conflicto por la tierra que tiene actualmente el país y que enfrenta a familias campesinas y empresarios sojeros. Pero decidió agravar y polarizar aún más la situación.

Su decisión se lee como un abierto apoyo a los empresarios sojeros -muchos de ellos brasileños- que acaparan lotes en el lugar a partir de operaciones irregulares en complicidad con funcionarios del Instituto de la Tierra (Indert) en muchos de los casos.

Y también engrosa los cuestionamientos hacia el Ejecutivo paraguayo en el caso, que hasta ahora decidió no investigar estos hechos de corrupción de funcionarios estatales y compradores irregulares.

Tampoco investigó la actuación arbitraria y hasta delictiva de otros agentes estatales como policías y fiscales que desde febrero de 2015 ejecutaron en el lugar dos inmensos desalojos irregulares desahuciando a centenares de familias campesinas, y al menos otros tres operativos violentos más hasta abril último.

En estos operativos fiscales y policías actuaron en complementariedad con los peones de los empresarios sojeros para violentar y generar pánico en las familias campesinas y destruir sus casas, cultivos de alimentación, pozos de agua, sistema de electrificación, arrasando con derechos humanos elementales como el de la vivienda, la alimentación, la salud, el de vivir en un ambiente saludable y el de protección de la honra y dignidad, etc.

El 19 de mayo último el presidente Cartes publicó su decreto 7148  a través del cual objeta el proyecto ley mencionado. Sus dos principales fundamentos son la falta de un estudio técnico en el proyecto de ley y la situación jurídica actual de los títulos de lotes de Guahory.

Sin embargo, la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) en un comunicado de repudio recordó que en otro caso donde el Ejecutivo pudo tener la misma “firmeza” de vetar un proyecto de ley en torno otro caso de conflicto por la tierra, el de Marina Kue, el mismo se abstuvo. En ese otro caso también favoreció a los propietarios irregulares y se desentendió de los derechos de las familias campesinas.

Entonces Horacio Cartes se abstuvo a pesar de que en otra instancia del Estado paraguayo -el Poder Ejecutivo- todavía estaba pendiente un proceso judicial vinculante y a pesar de que hasta el número de finca era incorrecto en ese otro proyecto de ley.

El otro gran fundamento para el veto, la situación jurídica que favorece a los empresarios sojeros, nos remite a una de las principales estrategias del gobierno de Horacio Cartes para terminar de blanquear a propietarios irregulares de tierra en el país y en contrapartida, terminar por acaparar tierras campesinas e indígenas: el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), estrategia central dentro de las políticas de tierras del actual gobierno.

En un dossier anterior advertíamos que bajo un ropaje tecnológico este proyecto el fin que persigue es echar una capa de cemento sobre la actual situación irregular de tierras, guiándose solamente por la situación jurídica del título y desentendiéndose de las circunstancias en que se consiguió el título o la tierra.

La iniciativa aparentemente partió de la Unión de Gremios de la Producción(UGP) que articula a la clase latifundista de Paraguay, que representan aproximadamente el 3% de todos los propietarios de tierras del país pero que acaparan un 86% de todas las tierras productivas nacionales, entre ellas al menos 7.8 millones de tierras mal adjudicadas.

El asesor del SIRT y a la vez de la UGP, Hugo Giménez, declaraba sobre el proyecto en enero de 2015 que: “Los lotes que ya tienen título definitivo, aún los conseguidos con informes falsos, no serán cambiados. Si el beneficiario ya canceló la deuda con el Indert, ya hay título finiquitado, con número de finca en el Registro de la Propiedad, ya no hay nada que hacer. Hay gente que tiene cinco lotes, contraviniendo lo que dice el Estatuto. Es injusto. Pero si sepretende recuperarlos pasarán 50 años en una demanda”, señaló.

Un proyecto de un Estado que identifica irregularidades y violaciones a la ley agraria y contra su patrimonio pero que decide hacer la vista gorda…¿ no nos sugiere acaso que lo único que persigue es absolver y legitimar estas situaciones?

De hecho, el mismo presidente de la República forma parte de los propietarios irregulares de tierras y por eso mismo la mecánica le beneficiaría.

El tronco principal de los fundamentos del presidente Cartes para su veto fue la información sobre Guahory que relevó el SIRT que, consecuente con su lógica apañadora, expone la condición finiquitada de títulos pero nunca indaga las circunstancias en que se consiguieron ni las tierras ni los títulos.

Podemos concluir que el veto del Ejecutivo no es un hecho aislado, sino parte de su estrategia de blindar y allanar el avance del sector agro-empresarial sobre tierras estatales, campesinas e indígenas, y que actúa a través de la violencia estatal, una herramienta tecnológica y aprovechando la confusión estatal en el terreno de títulos de la tierra en el país.

El veto del presidente Cartes cerró la mayor posibilidad de que el conflicto por la tierra en Guahory tenga algo parecido a una solución institucional, lo que refuerza la idea en el sentido común ciudadano de que en Paraguay el Estado no funciona, o mejor dicho, gira en función a intereses de las clases propietarias.

Pero lo más peligroso del veto es que al cerrarse toda solución institucional, se empuja a que el caso se solucione en terreno, a través de la fuerza.

De hecho, los comités y organizaciones campesinas en Guahory, como la Federación Nacional Campesina (FNC), repudiaron el veto y anunciaron que a pesar de la negativa presidencial,  van a seguir peleando por proteger sus derechos y las conquistas que tuvieron en el lugar durante largos años de resistencia y sacrificio.

Guahory es una colonia del Estado paraguayo desde inicios de 1980, cuando fue creada para fines de la reforma agraria, respondiendo a las demandas de familias agricultoras sin tierra. Pero en las últimas décadas sus tierras fueron objetivo de diversas operaciones de compra/venta irregular, dentro de un esquema que tuvo como pieza fundamental de esas acciones a funcionarios del Indert.

FOTO: Familias campesina resistiendo en Guahory, en medio del cultivo de soja empresarial: Inés Franceschelli

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