En una semana el Estado paraguayo vulneró los derechos de cerca de 700 personas, con dos desalojos irregulares

En los distritos de Obligado y Altos los procedimientos fiscales destruyeron casas y cultivos de alimentación, aparentemente sin orden judicial.

 

 

Asunción, 29 de agosto de 2017 (BASE -IS) En este mes de agosto fiscales y policías de Paraguay ejecutaron operativos donde desalojaron a casi 138 familias campesinas de las tierras que gestionaban para asentarse, y con ello vulneraron diversos derechos de mujeres, niños y hombres de ambas comunidades.

Las dos situaciones estuvieron marcadas por la violencia desproporcional de los actores estatales, que derribaron casas y cultivos incluso sin tener siquiera orden judicial para ejecutar un desalojo.

En Obligado, departamento de Itapúa, a más de 300 kilómetros de Asunción, unas 100 familias agricultoras fueron desplazas del límite de la Escuela Agrícola San Benito el pasado 16 de agosto. Los agentes intervinientes, además, destruyeron viviendas y cultivos, reportó la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

También informó en su portal institucional que de acuerdo a los testimonios de las familias, la fiscalía no contaba con orden judicial.

En marzo pasado la fiscala Raquel Bordón había encabezado un procedimiento similar.

El 21 de agosto último unas 38 familias campesinas del asentamiento San Miguel, de la ciudad de Altos, a 60 kilómetros de Asunción, fueron desalojadas por un operativo policial encabezado por la fiscala Diana Laterza y ejecutado por 200 policías y 35 civiles, de acuerdo a la denuncia de pobladores afectados.

La agente fiscal imputó a las personas de la comunidad que le requirieron la orden judicial, arrestando a 10 personas, la mitad de las cuales quedaron con proceso abierto.

Todo esto pasó mientras otra instancia del Estado paraguayo, el Instituto de la Tierra (INDERT), retrasa su respuesta a las familias en torno a un pedido de mensura judicial de las tierras del lugar, ante las sospechas de ser excedentes fiscales.

Voceros y voceras de la comunidad explicaron que se asientan en en el sitio hace dos años y que hace cinco meses aparecieron supuestos herederos de un propietario, quienes reclaman la titularidad de 115 hectáreas, pero solo tienen títulos de 47 de ellas. Y que la diferencia sería la parte fiscal donde se asientan.

La comunidad de San Miguel, además de producir para el consumo de las familias locales, abastece en parte a las redes ecológicas Mercadito Campesino y La Red Agroecológica, que distribuye sus productos a familias de Gran Asunción, por lo que la vulneración del derecho a la alimentación saludable con el desalojo también se extendería sobre estas familias urbanas.

FOTO: Mercadito Campesino

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