La desidia estatal agudiza la violencia en el campo.

Primera mujer asesinada por civiles armados el marco de la lucha por la tierra desde 1989.

Asunción, 12 de marzo 2018 (BASE-IS) María Ester Riveros, es la primera mujer asesinada por civiles armados en el marco de la lucha por la tierra en Paraguaydesde 1989. En total los casos de dirigentes y militantes campesinos muertos en la disputa por el territorio campesino suman ya 122. María Ester, fue atacada a balazos en la Colonia San Juan Puente Kyha, del distrito Francisco Caballero Álvarez del Departamento de Canindeyú el pasado sábado 10 de marzo.

María Máxima Segovia, es prima de la víctima y es la principal referente de la Comisión de Mujeres Paraguayas San Juan Poty, que lucha dentro de la colonia por recuperar los lotes ocupados de forma irregular por no sujetos de la reforma agraria y que hoy son destinados al cultivo de soja. En esos lotes mantenían una ocupación hasta el pasado viernes cuando civiles armados quemaron sus viviendas y amenazaron a las ocupantes. Al día siguiente, dos sicarios llegaron al mismo lugar y asesinaron a María Ester para luego huir a bordo de una motocicleta.

La Comisión había iniciado ya hace un año los trámites para la recuperación de los lotes pertenecientes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) que debían ser entregados a las familias campesinas, sin embargo sólo 8 de cerca de 20 lotes fueron adjudicados a las mismas.

Mientras, otros cuatro lotes permanecen irregularmente en poder de la familia del Intendente del Distrito, en esos lotes, cercanos a la escuela, se cultiva soja afectando a los vecinos y vecinas; ante esta situación las mujeres de la Comisión San Juan Poty, iniciaron la ocupación de esos territorios a fin de recuperarlos para las familias de la Colonia San Juan. Esto generó la violenta reacción por parte de quienes utilizaban irregularmente los lotes.

Desidia Estatal

Según datos publicados en el libro Colonias Campesinas en el Paraguay la Colonia San Juan fue creada y reconocida por el INDERT en 1997 y tiene en total unas 5 mil hectáreas. Cómo ocurre en gran parte de las colonias campesinas, estas tierras fueron absorbidas por el agronegocio. En 2014 el INDERT lanzó el Sistema de Información y Recursos de la Tierra (SIRT), como una salida a esta situación, ya que el mismo permitiría identificar cuales eran los lotes que se encontraban bajo posesión irregular de personas no sujetas de la reforma agraria, sin embargo el SIRT sólo ha llegado a 262 de las más de 1000 colonias campesinas que están reconocidas por el INDERT.

La falta de respuestas a los reclamos de tierra por parte del campesinado son una de las causas fundamentales de la agudización de la violencia en el campo. El Estado permanece inmóvil y cómplice de los poderosos intereses del agronegocio; mientras, en contravención a las normas, más del 63% de las tierras del Departamento de Canindeyú están en manos de extranjeros que han expulsado a campesinos y campesinas, y convertido aquellas tierras en un mar de soja transgénica.

Violencia

Según el Informe Chokokue entre 1989 y 2013, 115 campesinos fueron asesinados en el marco de la lucha por la tierra, desde entonces hasta la fecha se suman otros seis asesinatos. La de María Ester es la muerte violenta número 122 de esa extensa masacre de dirigentes y militantes, es alarmante que por primera vez se registre un asesinado de este tipo contra una mujer campesina en el marco de este conflicto social. Exceptuando los casos de Juliana Fleitas, en el año 1998, una bebé en gestación, muerta en el vientre materno debido a los golpes que policías propinaron a su madre durante un desalojo y Regina Marecos, en 1993, que murió de un paro cardíaco en plena movilización en la capital del país. Lo que demuestra un crecimiento de la violencia contra las mujeres organizadas en la defensa de sus territorios

Canindeyú es el Departamento con mayor número de campesinos muertos en defensa de su territorio, se registran 27 asesinatos. En la misma Colonia San Juan, dos dirigentes habían sido asesinados durante la lucha por la conquista de esas tierras; Rafael Pérez Roa, en 1994 y Gregorio González Villalba, en 1996 fueron victimas de la misma violencia de “civiles armados” que ahora acabó con la vida de María Ester.

Los “civiles armados” son el ejercito para-policial del agronegocio, la solución que han encontrado los grandes dueños de la tierra y el propio Estado para deshacerse de la molesta resistencia campesina, sin tener que responder a protocolos o denuncias de violación a los Derechos Humanos.

A decir del investigador Abel Irala, la mayor parte de estos casos tienen a su vez un carácter ejemplificador, “el o la dirigente es asesinado frente a su casa, a plena luz del día y en el mismo lugar donde se disputa la tierra” se busca generar miedo en la comunidad. El patrón represivo ha cambiado, los matones ya no esperan en la oscuridad de los caminos vecinales, sino que actúan a plena luz del día “y con la certeza de la impunidad que caracteriza a estos casos, la casi garantía de impunidad que ofrece el Estado a los matones y principalmente a los autores morales de estos crímenes”

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