La historia se repite como farsa.

La hoy Fiscal General del Estado Sandra Quiñónez busca sancionar a los jueces que resolvieron la nulidad del Juicio por el Caso Curuguaty y dictaron la libertad de los campesinos presos por aquel proceso judicial que fuera fuertemente cuestionado desde sus inicios, y que hoy se confirma, fue un montaje.

El pasado 26 de julio los Camaristas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Emiliano Rolón, Cristóbal Sánchez y Arnaldo Martínez Prieto ratificaron lo que diversas organizaciones campesinas, de Derechos Humanos, y activistas sociales venían afirmando desde el inicio del proceso por la masacre de Marina Cué, la investigación fiscal fue deficiente, solo buscaba responsabilizar de los hechos a los campesinos y no logró, siquiera mínimamente, aclarar qué fue lo que pasó en la mañana del 15 de junio de 2012. El relato de los hechos expuestos por el Ministerio Público, a cargo de Jalil Rachid, se basó en un supuesto informante anónimo que nunca declaró en juicio y cuyo aporte sustancial fue decir que en el campamento de las familias sin tierra se hacían “loas” al Che Guevara y a Lenín; con eso, unas escopetas viejas y sin percutir, un par de instrumentos de casas y enseres domésticos, Rachid pretendió y logró la condena de los sobrevivientes de la Masacre.

A decir de especialistas en Derecho, lo realizado por los Camaristas de la Sala Penal no fue más que enmendar un error de origen que debió evitarse ya en la Audiencia Preliminar, o en su defecto en el Juicio o en la Sala de Apelaciones, sin embargo todas estas instancias ofrendaron al Ministerio Público la cabeza de los campesinos y las campesinas procesados, otorgándoles condenas de entre 4 y 35 años de cárcel por delitos como invasión de inmueble, tentativa de homicidio y asociación criminal, sin pruebas fehacientes que permitan involucrar a los acusados en alguno de estos delitos. Las tierras eran públicas, no se pudo comprobar quién disparó aquella mañana – debido a la falta de capacidad e interés de la fiscalía que no realizó las pericias necesarias en tiempo y forma– y los ocupantes formaban una Comisión Vecinal que fue reconocida por el propio Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

Mientras los jueces de tercera instancia devolvieron el sentido común a una causa marcada por las aberraciones jurídicas, el Ministerio Público insiste en cumplir el rol de látigo contra campesinos y campesinas.

Recordada por sus acciones en la zona norte del país donde avaló procedimientos irregulares de las fuerzas policiales, en los que se denunciaron casos de tratos crueles y torturas que habrían ocurrido bajo su conocimiento, Sandra Quiñonez, hoy Fiscal General del Estado, pretende que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sancione a los jueces que fallaron dando la nulidad en el Caso Curuguaty.

Antecedentes

El pasado lunes 6 de agosto, Sandra Quiñónez entregó ella misma un pedido de investigación y sanción contra Emiliano Rolón, Cristóbal Sánchez y Arnaldo Martínez Prieto en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Quiñónez busca repetir el nefasto antecedente ocurrido en el año 2011 con el Juez Bonzi, situación que también involucró a la hoy Fiscal General.

En junio de 2011 el entonces Juez Gustavo Bonzi resolvió no elevar a Juicio Oral y Público la acusación presentada por el Ministerio Público, encabezado por la entonces Fiscal Anti Secuestros Sandra Quiñónez, contra 14 campesinos a los que se acusaba de haber participado del secuestro del ganadero Luis Lindstron y de ser apoyo logístico del grupo armado Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP). En la Audiencia preliminar, Bonzi consideró que las pruebas presentadas contra los campesinos no eran suficientes. La Fiscalía había ofrecido desde discos con películas cómicas, mazorcas de maíz y libros, como pruebas de la supuesta vinculación de los campesinos con el EPP y el secuestro de Lindstron, el fallo marcó un precedente en la forma de impartir justicia ya que además representó un duro golpe para la entonces todo poderosa “Fiscalía Antisecuestros”; Bonzi no solo sobreseyó a los campesinos acusados sino que también reprendió al Ministerio Público por su pobre y deficiente labor.

Sin embargo usando toda su influencia y poder, Sandra Quiñónez logró reabrir la causa y mediante fuertes presiones políticas y mediáticas logró que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituya al primer Juez que en años había fallado a favor de campesinos y campesinas víctimas de criminalización por parte de entes estatales y forzó bajo amenaza a dichos campesinos y campesinas a aceptar un “procedimiento abreviado” en el cual a cambio de declararse culpables, no recibirían penas elevadas como las que solicitó en un primer momento.

Quiñónez formaba parte desde 2004 de la Fiscalía Antisecuestros, unidad creada por Oscar Germán Latorre vinculado también a casos de persecución contra luchadores populares; fue asesorada y formada bajo la tutela del gobierno colombiano entonces a cargo de Álvaro Uribe, denunciado por múltiples violaciones a los derechos humanos.

Desde un primer momento Quiñónez se presentó y actuó en su cargo de Fiscal, con odio y resentimiento contra las organizaciones campesinas, así lo denuncian los propios movimientos sociales del campo que señalan que también tiene el triste mérito de haber sido la primera fiscal en utilizar la Ley Antiterrorista en el país.

El fallo de la Sala Penal de la Corte, al igual que lo fue el de Bonzi, es tomado como una afrenta a la impunidad con la que se maneja el Ministerio Público, acostumbrado desde entonces hasta hoy a actuar con absoluta discrecionalidad contra campesinos y campesinas que luchan y se organizan para defender sus derechos y sus territorios. Por esto para Sandra Quiñónez el fallo es inaceptable y trata de repetir, siete años después, aquella misma farsa que se cometiera contra un Juez y 14 campesinos en el año 2011.

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