La soja y otros cuentos 

Asunción 9 de mayo 2020 (BASE-IS) Durante la sesión del Senado donde se estudió, la semana pasada, la propuesta de establecer un gravamen del 5% a la exportación de soja, aliados políticos del agronegocio rechazaron esta idea con una serie de cuestionables argumentos detrás de los cuales intentan ocultar que el sector de mayor acumulación de ganancia en los últimos años es uno de los que menos aporta a la gestión pública del país. A continuación, repasamos, y respondemos, algunos de los argumentos presentados por los representantes sojeros para rechazar el impuesto. 

Uno de los principales argumentos sostenidos por los aliados del agronegocio fue que el gasto público es ineficiente y que existen altos niveles de corrupción. Si bien esta afirmación resulta innegable es importante señalar que la ineficiencia del gasto está vinculada principalmente a las compras públicas, alrededor de un 40% de lo mal gastado por el Estado corresponde a este rubro, es decir, licitaciones amañadas para favorecer a grandes empresarios, en su mayoría vinculados a los principales gremios empresariales del país. Así también vale mencionar que quienes se oponen, con este argumento, a establecer un impuesto a la exportación de soja, sí aprueban un mayor endeudamiento del país, con empréstitos internacionales, es decir, les parece bien dar más dinero al Estado mientras no deban aportarlo ellos y sus aliados del agronegocio. 

El Senador Fidel Zavala del Partido Patria Querida fue uno de los principales voceros en la defensa de los intereses de los grandes sojeros y las multinacionales, en este sentido planteó que el impuesto será confiscatorio y que afectaría supuestamente a pequeños productores. Añadió que la rentabilidad de la soja no es tan alta y que solo un país en la región aplica el impuesto sobre la exportación de granos (Argentina). A continuación, analizamos algunos de los puntos señalados por Zavala: 

  • “Es un impuesto confiscatorio que castiga al sector que nos está salvando” 

Hablar de los impuestos como si fueran “confiscatorios”, expresa únicamente la posición de defensa de los intereses de la clase a la que representan los sectores que se oponen al impuesto de la soja en Paraguay, para mantener intactas las altas tasas de ganancias que obtienen a partir de la matriz económica basada en la exportación de commodities. La estructura impositiva en el país está cargada en las espaldas de la clase trabajadora, ya que a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) el Estado recauda la mayor parte de sus ingresos. Es importante señalar que diversos estudios han demostrado que las clases más bajas destinan el 18% de sus ingresos al pago del IVA, mientras que los sectores de mayor ingreso sólo aportan el 4,6% de sus ingresos a este tributo. La soja representa el 40% de las exportaciones en Paraguay y la rentabilidad del producto oscila entre 40 a 50% para los más grandes productores, y un promedio de 20% de ganancias para los exportadores. Sin embargo, el aporte de este sector es ínfimo al punto que sólo alcanzaría para cubrir el presupuesto de unos pocos días del Ministerio de Salud. El año pasado el Gobierno de Mario Abdo Benítez llevó adelante una reforma tributaria que no generó mayores cambios en la matriz impositiva del país, sin embargo, esto también fue utilizado como excusa para rechazar la posibilidad de aprobar el impuesto a la soja. Incluso con los tímidos cambios introducidos por la Reforma Fiscal el sector sojero aporta apenas el 2,2% del total de los impuestos recaudados en el país, teniendo una presión fiscal del 0,22%, mientras que el resto de los sectores económicos alcanzan una presión fiscal cercana al 10%.  

Cabe también señalar que los impactos sociales de este modelo llevan al país a tener cerca de dos millones de personas en situación de pobreza y más de 800 mil paraguayos y paraguayas con hambre.

  • “Impuesto favorecerá a las multinacionales y se recargará sobre el pequeño productor”  

El modelo de agronegocio se basa en una altísima dependencia de los paquetes tecnológicos provenientes de grandes multinacionales, prácticamente en toda la cadena de producción y exportación de la soja esta situación se repite concentrándose la riqueza y los beneficios en pocas manos. Estas son las características inherentes del modelo defendido por los senadores, que también, tiene como elemento central de desarrollo una alta tasa de concentración de la tierra. Además, la mayor parte de los productores de soja son extranjeros – principalmente provenientes de Brasil, generándose una alta extranjerización del territorio. 

Otro dato repetido constantemente por los sojeros es que existen 40 mil pequeños productores, con cerca de 900 mil hectáreas, estas cifras no serían reales ya que se sustentan en imágenes satelitales georeferenciadas de los cultivos, hecho que no significa lo que se afirma en los discursos, ya que, es bien sabido que en Paraguay el agronegocio se expande por medio del arrendamiento de los lotes campesinos, por grandes y medianos productores. O sea, las parcelas de soja con menos de 20 hectáreas que se puedan observar y contabilizar por medio de imágenes satelitales desde el aire, bien pueden ser parcelas dispersas en lotes campesinos, pero alquiladas y desarrolladas por grandes o medianos productores, y no necesariamente por los propietarios de esos lotes agrícolas, únicamente será seria esa afirmación, si existiere un “Registro de los Productores de Soja” en algún ente estatal, con nombres y números de CI de los productores, pero tal registro no existe. Es más, si novecientas mil hectáreas de soja es cultivada por pequeños productores, se está realizando a costa de violaciones de normas ambientales como la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental o el Plan Ambiental Genérico, condiciones legales exigidas para los proyectos agrícolas en este Estado de Derecho. Si ese dato es real, se está atentando gravemente contra los bienes comunes de la población, generando una carga para la salud pública, por los daños que pueden estar ocasionado “Proyectos Agrícolas Mecanizados”, sin Evaluación de Impacto Ambiental. 

  • “Sólo se aplica en la Argentina” 

Cabe mencionar que el tributo a la exportación aplicado en la Argentina no ha “acabado con la producción” como sostienen los voceros parlamentarios del agronegocio, la producción sojera en Argentina se ha mantenido; también algunos Estados del Brasil aplican impuestos a productores y exportadores de soja, como el caso del Estado de Matto Grosso, uno de los que concentra mayor producción de la oleaginosa, donde el negocio sojero continúa vigente. Además todos los países de la región tienen impuestos más elevados que abarcan al sector, como impuestos inmobiliarios sobre el valor real de la tierra, impuestos a la renta con mayor peso etc. 

  • “Sólo 8.3% de las tierras son ocupadas por la soja” 

Desde la zafra 2003/04, momento en el que se legalizó la comercialización de la semilla transgénica Roundup Ready (RR1), a la del 2015/16 la superficie cultivada de soja aumentó en 80%. En la actualidad de la semilla transgénica es cercana al 100%.  

En la zafra agrícola 2017-2018, la superficie de tierra ocupada por el agronegocio fue de 5.294.500 has. de tierra, lo que constituye la utilización del 93.9% del territorio destinado a la producción agrícola. Ello representa un avance del agronegocio en 165.734 has. de tierra, con respecto a la zafra agrícola anterior (2016-2017). En comparación a la superficie destinada a la agricultura campesina (343.590 has), esta cifra da cuenta de la profunda desigualdad de la matriz productiva en Paraguay. 

La soja transgénica es la columna vertebral de esta actividad productiva, y se trata un complejo que incluye, además, la producción de maíz y trigo, como rubros complementarios a la producción de ésta con la finalidad de efectuar la rotación de cultivos.  

  • “El 45% de la soja se procesa acá, 12% queda para semillas y el resto se exporta” 

Históricamente, la parte de la producción destinada a la exportación directamente en grano es elevada: el 90% en la zafra 1989/1990, 68% en la zafra 2003/2004 y 61% en la zafra 2016/2017. En promedio entre las zafras 1989/1990 y 2016/2017 la porción de la producción destinada a la exportación fue de 69%. Mientras que, el porcentaje de la producción destinada a la industria fue 30% en la zafra 2003/2004, 36% en la zafra 2016/2017, alcanzando solamente el 43% en la zafra 2014/2015. Asimismo, debido al aumento de la producción del grano, en el periodo 2016/2017 en términos absolutos se ha procesado 3,13 solamente veces más toneladas de soja que en el periodo 2003/2004, más de una década atrás. De igual manera, la una parte importante de lo procesado industrialmente en el país es exportado.   

Finalmente es importante señalar que el impuesto estudiado, y rechazado, por el Senado estipulaba un gravamen del 5% sobre la exportación de soja a causa de los daños ambientales generados por la producción extensiva. Paraguay ha perdido más del 24% de su masa boscosa entre 2001 y 2015 coincidiendo con el boom del modelo de agronegocios en el país. Cientos de litros de poderosos venenos son derramados en los suelos degradándolos y destruyendo su capacidad productiva, también cursos hídricos de todo el país han sido afectados por este modelo de producción; por lo que ningún impuesto será suficiente para reparar estos daños irreversibles al ambiente.
 

 

 

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