Los investigadores Abel Areco y Marielle Palau identificaron y documentaron que entre 2013 y 2015, los dos primeros años del gobierno de Horacio Cartes, unas 43 comunidades campesinas de Paraguay fueron violentadas y criminalizadas por actores estatales por reclamar sus derechos frente a conflictos por la tierra o fumigaciones sojeras. En todos los casos, miembros de la comunidad fueron imputados o encarcelados.
Del total de registros, 26 fueron en el marco de lucha por la tierra y 17 de fumigaciones sojeras. Un elemento común en las situaciones de violencia estatal en torno a la lucha por la tierra es que agentes estatales como policías y fiscales actúan en connivencia con civiles para ejecutar esa violencia y en la mayoría de los casos (16 del total de 26) estos procedimientos terminaron demoliendo las casas de las familias campesinas, dejando a éstas vulnerables en todo el arco de sus derechos elementales.
El libro fue presentado públicamente el 20 de setiembre de 2016.
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