Propuesta del gobierno llamada “Reforma del Estado”, ¿de qué se trata y a quiénes beneficia? 

Los sectores conservadores, de gobierno y oposición, han coincidido en lanzar la propuesta de una “Reforma del Estado”. La controversial propuesta surge en un momento de profunda crisis a causa de la pandemia de coronavirus y las medidas de aislamiento social que han generado una caída de la economía mundial y nacional casi sin precedentes; miles de personas han quedado sin empleo y otras tantas subsisten mediante la solidaridad de las ollas populares. El paquete de medidas propuesto por el ejecutivo, deja de lado varias reformas que la población reclama hace años y plantea un achicamiento del Estado poniendo en riesgo conquistas laborales de los trabajadores del sector público, abre las puertas al despilfarro de los fondos jubilatorios y a una mayor privatización del sistema de salud y la educación.

¿Por qué ahora?

Mientras el país entraba en una parálisis total y en el mundo los muertos por la COVID19 empezaban a contarse por cientos de miles, el gobierno planteaba su propuesta hacer frente a la Emergencia Sanitaria. Esta propuesta basó su financiamiento en el endeudamiento estatal, el gobierno consiguió la aprobación de líneas de crédito por 1600 millones de dólares, estos fondos debían destinarse a insumos sanitarios y asistencia social. 

El endeudamiento fue cuestionado por algunos sectores políticos y sociales advirtiendo que, con la actual estructura fiscal del país, este préstamo sería pagado fundamentalmente por las capas medias y bajas de la población. Sin embargo, en medio del shock, la aprobación de la Ley de Emergencia y de la deuda fue acompañada por las mayorías parlamentarias. De forma inmediatamente posterior economistas y medios comunicación colocaban la necesidad de “ajustarse los cinturones” dentro del Estado a fin de hacer frente a la situación y a la deuda, el Gobierno se sumó a la propuesta y redobló la apuesta planteando una “Reforma del Estado”.

Eligiendo como caballito de batalla los supuestos “privilegios” de ciertos sectores del funcionariado público, medios de comunicación y actores políticos neoliberales instalaron la propuesta como una necesidad urgente y “reclamada por toda la sociedad”. Al mismo tiempo rechazaban la posibilidad de cobrar impuestos a los sectores de mayor capacidad económica dentro del país. 

Así los sectores neoliberales encontraron la posibilidad de plantear nuevamente un viejo sueño de achicamiento del Estado y entrega al sector privado de ciertos recursos, propuesta que nunca ha encontrado total consenso entre las propias élites y sus expresiones políticas. 

El momento del planteamiento también muestra el rostro anti democrático de los sectores neoliberales, pretenden debatir un nuevo pacto social en medio de una pandemia y con la gente imposibilitada de reunirse, manifestarse o participar de alguna manera en el proceso de discusión, se pretende entonces imponer la intención de las élites utilizando la correlación de fuerzas favorable que tienen en el plano institucional.

¿Reforma o ajuste administrativo?

Como mencionamos la reforma planteada por el ejecutivo busca, principalmente, recortar conquistas laborales en el sector público y reducir la cantidad de funcionarios estatales, dejando así en manos del marcado una mayor porción de la economía. La propuesta estructurada desde el gobierno y las élites aborda los puntos que son de su interés exclusivo y deja de lado los planteamientos que históricamente han realizado las organizaciones sociales y populares, así la “Reforma del Estado” deja de lado el pedido de una reforma de justicia, que es reclamada desde hace tiempo por una parte importante de la población; tampoco aborda una reforma fiscal que permita que quienes ganan más, aporten más, y tampoco se acercan a la posibilidad de construir un Estado que garantice la protección social de su población, ni mucho menos aborda la Reforma Agraria Integral que modifique la estructura social y económica del país.

Cabe recordar que el modelo de Estado actual ha sido construido en base a los intereses de las clases dominantes en el país, esas mismas élites, representadas en la patria contratista, se llevan alrededor de 500 millones de dólares al mes en sobrefacturaciones de licitaciones públicas.

Entonces, el Ejecutivo y sus aliados buscan instalar una supuesta reforma que en realidad es más parecida a un ajuste administrativo, favorable a los intereses de las élites, que a la transformación estructural que el Estado requiere para responder a las necesidades de la población.

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