“Recordaremos que hace 5 años estamos resistiendo y construyendo esta comunidad”

El asentamiento campesino Primero de Marzo Joajú está de aniversario, en medio de un re-intento de diálogo con el Estado.

 

Asunción, 28 de febrero de 2017 (BASE-IS) Una de las mayores ocupaciones de tierras vigentes por parte de familias campesinas de Paraguay cumple mañana cinco años y lo recordará con un debate, un karu guasu y la visita de diversos actores sociales y políticos.

El asentamiento lo apuntalan unas 330 familias que el 1 de marzo de 2012 ocuparon por la fuerza parte de las más de 4 mil hectáreas de tierra de la estancia Pindó, en el distrito de Yvyrarovaná, departamento de Canindeyú, a 300 km de la capital paraguaya.

La ocupación se fundamentó en que la familia Bendlin, propietaria de la estancia, se hizo con las tierras de forma irregular en 1969 durante la dictadura de Alfredo Stroessner, según la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), que articula al asentamiento.

Entonces la empresa de los Bendlin, Perfecta, entregó una avioneta al Estado y recibió a cambio dichas tierras estatales. El Estatuto Agrario vigente en esos años prohibía la entrega de tierras destinadas a la reforma agraria a empresas y firmas.

Las familias ocupantes eran agriculturas sin tierra de los departamentos aledaños y decidieron entrar a dicha finca para materializar el cumplimiento de sus derechos elementales, que las políticas de Estado no lo hacían.

Para Diosnel Sachelaridi, secretario general de la OLT, se trata de una gran conquista de las familias, que con su propio esfuerzo construyeron todo. “Mañana recordaremos que hace cinco años estamos resistiendo y construyendo esta comunidad”, dijo.

Explicó que en estos años la comunidad autogestivamente se agenció para concretar sus derechos a la alimentación, la vivienda, a la educación, al agua y servicios elementales como el de energía eléctrica.

La comunidad verifica una producción alimentaria abundante, con cultivos de sustento alimentario como la mandioca, batata, especies de porotos y maíz, banana, piña, zapallos, calabazas, sésamo, hortalizas de todo tipo en la huerta y cultivos como el tabaco, para la comercialización.

Dijo que las familias lograron instalar el sistema de electrificación de gran parte del asentamiento, así como la distribución equitativa de la tierra, una escuela, un centro de salud, un almacén comunitario y un reglamento interno sobre el cuidado ambiental, especialmente en relación con el desmonte.

En estos cinco años, además, cosecharon la furia del sector propietario del país y de una estructura estatal preparada para reprimir con extrema violencia a actores que desafían la actual concentración de tierras del país, donde un 85% de todas las tierras está en manos de apenas el 3% de propietarios.

En estos años la comunidad aguantó tres operativos enormes de allanamiento/desalojo que tuvieron como factor común el abuso de autoridad de fiscales, jueces y policías, hasta el punto de derribar y quemar todas las viviendas, automóviles, cultivos. Y otros seis intentos de desalojo que no se pudieron concretar.

Gran protagonismo en estos hitos represivos tuvieron los entonces fiscales de Curuguaty Jalil Rachid y Lorenzo Lezcano (ambos luego pasaron a ocupar el cargo de viceministro de Seguridad Interna).

Además de ser víctimas del abandono de las políticas agrarias del Estado paraguayo, y de verse vulneradas en sus múltiples derechos, las familias viene siendo atacadas por las políticas represivas del Estado, a través de la policía, la fiscalía, las declaraciones de autoridades estatales y también por parte de medios de prensa con interese terratenientes y guardias privados de la estancia Pindó, según las denuncias.

Sachelaridi explica que estiman en 25 las personas -hombres y mujeres- imputadas del asentamiento. Y que no pueden saber a ciencia cierta la cantidad y las causas, porque tanto en la fiscalía de Salto del Guairá como en la Curuguaty le niegan a las familias y sus abogados el expediente donde se los acusan.

El dirigente campesino explica que al parecer el Estado ha decidido ahora comprometerse en resolver por la vía del diálogo el problema y entregar tierra a las familias. “Tenemos esperanza de que se resuelva pacíficamente”, dice.

Hace un par de semanas el gobierno de Horacio Cartes citó a dirigentes campesinos del asentamiento a Mburuvicha Róga y participaron de una reunión con el vicepresidente de la República, Juan Afara, y el titular del Insituto de la Tierra (INDERT), Justo Cárdenas.

Entonces se oyó un compromiso del Estado por poner su voluntad y buscar una solución en torno a dichas tierras.

Lo mismo pasó en 2012, pero fue el mismo Indert, bajo otra administración, que abandonó la mesa de conversaciones aduciendo excusas baratas para no cumplir su obligación institucional.

Se estima que en Paraguay existen unas 300 mil familias agricultoras sin tierra, abandonadas a su suerte por el Estado paraguayo.

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