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La lucha global contra Cargill |
Resumen de la exposición de Andrea Samulon en la conferencia “La lucha global contra Cargill: Experiencias de Estados Unidos, Brasil y Paraguay”1.
Me llamo Andrea Samulon, y trabajo en Rainforest Action Network2 (Red de Acción por los Bosques) con sede en San Francisco, California (EE UU). Rainforest Action Network (RAN, por su acrónimo en inglés) trabaja para proteger los bosques de la Tierra y otros ecosistemas importantes y apoya los derechos humanos de los habitantes con educación, y organizando a pobladores autóctonos para emprender acciones directas sin violencia.
RAN cumple con esta misión realizando campañas dinámicas y de gran impacto que ayudan a que las políticas empresariales y del gobierno estén acordes con el sentir popular en pro de la conservación del medio ambiente y respeto a los derechos humanos. RAN trabaja en conjunto con grupos ambientalistas y de derechos humanos alrededor del mundo, incluyendo comunidades indígenas, organizaciones campesinas y organizaciones no gubernamentales.
Hoy voy a hablar sobre Cargill, su rol en el mundo, y la resistencia que existe en contra de esta gran multinacional. En octubre del año pasado nuestra organización lanzó una campaña en contra de tres grandes empresas de agronegocios norteamericanas, ADM, Bunge, y Cargill. Voy a explicar al final de la presentación un poco más sobre esta campaña.
Introducción
Aunque Cargill es el grupo empresario agrícola y de comercialización de alimentos más poderoso del mundo, pocas personas conocen su papel. A pesar de que Cargill es una empresa norteamericana, con su cuartel en la ciudad de Minneápolis, Estado de Minnesota, la mayoría de los norteamericanos ni conocen quién o qué es Cargill.
Además, Cargill es una empresa privada. El escritor, Brewster Kneen, denominó a Cargill el “Gigante Invisible”. Cargill se fundó en 1865 y desde entonces ha venido creciendo y ampliando sus negocios. Tiene una gran inversión en la empresa Mosaic, una de las más poderosas empresas de fertilizantes del mundo. Cargill es un gran impulsor de las políticas de libre comercio, y su posición está basada firmemente en principios económicos neoliberales. Ellos siempre buscan dónde hacer negocios, y los hacen donde las barreras arancelarias son muy bajas. Por lo tanto, el costo de su producto es más barato, y esto asegura que más gente compra su marca.
Algunos datos más para comprender el alcance de Cargill:
* En el año fiscal 2007, Cargill declaró ingresos de 88.3 billones de dólares, y ganancias de 2.34 billones de dólares.
* Es responsable del 25% de toda la exportación de granos de los Estados Unidos.
* Es proveedor de aproximadamente el 22% de la carne que se consume en el mercado doméstico de los Estados Unidos
* Emplea un poco mas de 158.000 personas en 1.100 localidades de 66 países
* Cargill es el mayor exportador de productos de Argentina
* Es el más grande productor de aves en Tailandia.
* Todos los huevos usados en los McDonald’s en los Estados Unidos han pasado por las plantas de Cargill.
Cargill con problemas alrededor del mundo
En julio de 2005, el Fondo Internacional de Derechos del Trabajo3 llevó a juicio a Cargill, Nestlé y Archer Daniels Midland (ADM) ante la Corte Federal de Los Ángeles (California) en representación de un grupo de niños de Malí que fueron traficados desde Malí hasta Costa de Marfil para trabajar forzadamente de doce a catorce horas por día sin sueldo, sin comida, ni paga, y golpes frecuentes. Los 3 niños que representaban a sus compañeros estaban haciéndolo de forma anónima, por el miedo a la venganza de los dueños de los cultivos donde trabajaban. La denuncia implica tráfico, tortura y trabajo esclavo de niños que cultivan y cosechan cocoa para las compañías que importan desde África.
La Fundación de Justicia Medioambiental4 nombra a Cargill como el mayor comprador de algodón de Uzbekistan, que es producido mayormente por trabajadores que no son pagados y a los cuales se les han violado los derechos humanos. Cargill alega que tampoco tiene conocimiento de este caso.
En 2005, Cargill llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para pagar 130 millones de dólares como multa por haber subestimado las emisiones tóxicas de sus 27 plantas que procesan maíz, trigo, soja, y otros productos para la alimentación, combustible, y etanol.
En noviembre de 2007, Cargill, uno de los más grandes productores de carne en el mundo5 anunció que retiraba del mercado más de un millón de libras de carne picada porque había una posible contaminación con la bacteria E. Coli. En octubre de 2007, Cargill tuvo otra vez que retirar más de ochocientas mil libras de carne picada por la misma razón.
En 2008, se ha iniciado un debate sobre la propuesta de Cargill de secar una salina y un humedal, Bay Area Salt Ponds, que existe en la bahía de San Francisco y la población local se opone a esta obra.
La Evolución de Cargill, desde alimentación hacia combustible
El lema de Cargill es: “Alimentando ideas, Alimentado personas”. Por más de un siglo, Cargill estuvo enfrascado en el negocio de la producción, transporte, y comercialización de granos para la alimentación. Pero hoy día, cada vez más se está viendo la tendencia de Cargill a seguir el sendero de los agrocombustibles. Para ellos, los agrocombustibles significan una nueva fuente de ingresos muy importante, el “oro verde”.
Cargill es uno de los más importantes actores en la producción de soja en el mundo y también tiene un gran papel en la producción de palma africana (también conocida como palma aceitera) en Indonesia, y en Papúa Nueva Guinea en el océano Pacífico. La soja y la palma que se cosechan industrialmente, sirven para alimentar el insaciable apetito por “comida chatarra o fast food”, proteína animal, y ahora para los agrocombustibles.
Nuestra organización, Red de Acción por los Bosques, empezó a investigar a Cargill y su papel en la expansión de estos dos cultivos (soja y palma aceitera) hace más de dos años. Nos dimos cuenta que Cargill, en su hambre por hacer crecer su imperio agroindustrial, está operando con total indiferencia hacia el medio ambiente y los derechos humanos.
En Papúa Nueva Guinea, donde Cargill entró hace pocos años, ellos hicieron acuerdos con el gobierno para comprar tierras. Papúa Nueva Guinea es un país donde el 97% de las tierras pertenece a los pueblos originarios, no está aún en manos de grandes empresas ni del gobierno. Pero ahora comienza de pronto mucha deforestación en grandes partes de Papúa Nueva Guinea para hacer espacio para las plantaciones de palma y se están usando agrotóxicos venenosos como el paraquat. Amigos que trabajan en Papúa Nueva Guinea nos han dicho que muchos de los ríos están contaminados y la gente no puede tomar agua de ellos.
En Brasil, Cargill tiene una presencia muy grande, particularmente en la producción de soja. Hace algunos años, Cargill decidió construir un puerto en la ciudad de Santarem en la Amazonía, al lado del río Amazonas. La construcción de este puerto fue totalmente ilegal. Cargill no gestionó los permisos ambientales necesarios para construir el puerto en ese lugar, pero el gobierno de Brasil le ha permitido mantenerlo abierto. Esto a pesar de que la Corte Suprema de Brasil inició un juicio contra Cargill por haber construido el puerto sin los permisos requeridos por la ley. Se han realizado varios estudios que documentan un gran aumento de la deforestación en la región y la aparición de más plantaciones de soja como resultado de la construcción del puerto ilegal de Cargill en Santarem.
Y ahora, Cargill quiere construir otro puerto aquí en Asunción. La cantidad de producción de soja en el Paraguay sigue aumentando y Cargill domina aproximadamente el 40% de la producción total de soja en el país. Muchos grupos aquí en Paraguay han luchado contra la construcción del puerto por razones que incluyen, amenazas a la salud pública, amenaza de contaminación de toda el agua potable que toma mas de 1 millón de personas que viven en la ciudad de Asunción y alrededores, más tráfico y contaminación del aire como resultado del trajinar de los camiones que va a venir al puerto para dejar soja, y destrucción del río Paraguay. Nuestra organización está al lado de todas las asociaciones y grupos de la sociedad civil que han rechazado el nuevo puerto de Cargill (Puerto Unión de Zeballos Cué). No estamos de acuerdo con ese proyecto, y sabemos de los impactos negativos en las comunidades alrededor del sitio, y al medio ambiente. Los posibles impactos también sobre el agua potable de la ciudad son muy evidentes. Cuando nos enteramos de la propuesta para el puerto, nuestra red de activistas mandó más de ochenta mil cartas por email a varias oficinas responsables aquí en Paraguay, registrando nuestra oposición. La salud del ser humano y la protección del medio ambiente tienen que tener prioridad ante los intereses de una multinacional que está enfocada solamente en una cosa, ingresos.
Agronegocios. ¡Defendiendo los bosques, las La Campaña de RAN en contra de Cargill, ADM y Bunge. Campaña Contra los familias agricultoras y nuestro clima!
Este es el nombre de la más reciente campaña emprendida por RAN, que se enfrenta a la agroindustria de los Estados Unidos en vista del papel que está desempeñando en la expansión de plantaciones de poroto de soja y de palma aceitera en toda América del Sur, el Sudeste Asiático y el Pacífico.
Como mencioné antes, el poroto de soja y el aceite de palma están invadiendo ecosistemas tropicales ya amenazados, a un paso acelerado, provocando caos ambiental, contribuyendo al abuso a los derechos humanos e intensificando el cambio climático. Esta invasión la llevan a cabo las gigantescas empresas agrícolas de los Estados Unidos Archer Daniels Midland (ADM), Bunge y Cargill.
La Campaña Contra los Agronegocios en los Bosques Tropicales emprendida por Rainforest Action Network trabaja en defensa de los bosques, de los campesinos y del clima. En alianza con comunidades y organizaciones campesinas afectadas por la expansión de las plantaciones de soja y de palma aceitera, demandamos un cambio de parte de los responsables de la agroindustria de los EE.UU. Exigimos a esas corporaciones que detengan la destrucción ambiental, social y climática que están provocando.
La Campaña Contra los Agronegocios de Rainforest Action Network está logrando un amplio apoyo en los Estados Unidos, a fin de responsabilizar a estas agroindustrias por el daño ocasionado a la gente y al ecosistema. En coordinación con comunidades indígenas, pequeñas familias campesinas y grupos locales de las regiones más afectadas, promovemos las siguientes demandas:
* Detener la deforestación y pérdida de ecosistemas para dar espacio a plantaciones de soja y de palma aceitera.
* Respetar los derechos sobre la tierra. Las comunidades indígenas locales deben otorgar libremente su consentimiento antes de que cualquier actividad industrial se lleve a cabo en sus tierras.
* Oponerse al trabajo esclavizante. Condiciones justas y seguras para todos los trabajadores.
* Detener el uso de herbicidas y pesticidas peligrosos.
* Respetar la soberanía alimentaria y el derecho de las personas a definir su propia alimentación y agricultura.
* No propagar ni promover el uso de plantaciones modificadas genéticamente.
* No producir ni promover el uso de agro-combustibles industriales, especialmente los que se producen en ecosistemas tropicales.
* No violar la ley. Cumplir con todas las leyes ambientales, laborales y agrícolas locales, nacionales e internacionales
Conclusión:
Rainforest Action Network continuará desafiando a las corporaciones norteamericanas que violan los derechos humanos y destruyen el medio ambiente por todo el planeta. Nosotros permaneceremos junto a las comunidades, los militantes y activistas y las ONGs de todo el mundo que estén confrontando a Cargill y otras corporaciones de los agronegocios que están jugando un papel principal en la expansión de los monocultivos de commodities, específicamente los monocultivos de aceite de palma y soja, y están generando graves impactos en la población, el medio ambiente y el clima.
GRACIAS |
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Informe Derecho a la Alimentación 2007. |
Informe Derecho a la Alimentación 2007.
El Relator Especial sobre el derecho a la alimentación tiene que informar con
profunda preocupación a la Asamblea General de que los niveles mundiales del
hambre siguen aumentando. El número de personas que padecen hambre se ha
incrementado a 854 millones de personas, y ha estado aumentando todos los años
desde 1996. Prácticamente no se han logrado progresos en la reducción del hambre, a
pesar de los compromisos adquiridos por los gobiernos en 1996 en la primera
Cumbre Mundial sobre la Alimentación y una vez más en la Cumbre del Milenio en
2000. Más de 6 millones de niños menores de 5 años mueren todos los años de
hambre y causas relacionadas con el hambre. Esto es inaceptable. Todos los seres
humanos tienen derecho a vivir dignamente sin padecer hambre. El derecho a una
alimentación adecuada es un derecho humano.
El Relator Especial también está gravemente preocupado porque los
biocombustibles tendrán como secuela el hambre. La prisa súbita y mal concebida de
convertir los alimentos —tales como el maíz, el trigo, el azúcar y el aceite de
palma— en combustibles augura un desastre. Existe el grave riesgo de crear una
batalla entre los alimentos y los combustibles que dejará a los pobres y los que
padecen hambre en los países en desarrollo a merced de los precios en rápido
aumento de los alimentos, la tierra y el agua.
Jean Ziegler.Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación.
Informe ante el 62° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. 2007.
La inseguridad alimentaria en Paraguay se hace cada vez más grave y esta situación se deriva en un goce menor del derecho a la alimentación tanto en cuanto a lo cualitativo como en cuanto a lo cuantitativo. Es decir, cada día menos paraguayos acceden a lo que podría considerarse una alimentación suficiente, de calidad y culturalmente adecuada, lo cual viene a contradecir el principio de no regresión en la satisfacción de los derechos, o sea, se convierte en una violación del derecho a la alimentación por parte del Estado paraguayo.
Aunque la zona rural, las comunidades indígenas, los niños, las mujeres y los ancianos siguen siendo los sectores más vulnerables, el problema de las periferias urbanas se hace cada vez más intenso y extenso, alimentado por el constante flujo migratorio que resulta de la pauperización de las comunidades del campo, y agravado por la disminución de la producción alimentaria, en cantidad y diversidad, que se destina al mercado interno.
No se cuenta con datos globales respecto al acceso a los alimentos además de los que ya se mencionaran años anteriores, ya que no existe un sistema de monitoreo constante, pero dos de los indicadores más elocuentes sobre las transformaciones del sistema alimentario son la disponibilidad y los precios relativos. Por primera vez en mucho tiempo la disponibilidad de productos de primera necesidad fue puesta en jaque, y muchos se volvieron inaccesibles dado el exponencial incremento de sus precios. Se toma como referencia, este año, la escasez de leche y la variación de sus precios para ejemplificar lo que podría acontecer de ahora en adelante con los rubros de la canasta alimentaria, teniendo en cuenta lo que implicará la creciente demanda de los agrocombustibles en el mercado internacional.
Las acciones (o inacciones) del gobierno en muchos casos tienden a amenazar o negar directamente las posibilidades de acceder a una alimentación adecuada. Ya sea por incapacidad o por los vínculos de agentes públicos con sectores que detentan el poder real en la sociedad paraguaya, gran parte de la población ve su condición de sujeto de derecho extremadamente vulnerable a las arbitrariedades del poder.
En este contexto, la comunicación social, en gran parte controlada por sectores económicamente dominantes, se convierte en un arma de doble filo que solo publica las violaciones cuando éstas no contrarían sus intereses y, en todo caso, lo hacen desvinculándolas del contexto estructural en el que nacen.
Acciones de la sociedad civil…
La falta de leche y la disparada de sus precios
Se puede culpar a la sequía por la falta de leche que se produjo este año en todo el territorio paraguayo. Se puede culpar al cambio climático por las sequías cada vez más prolongadas. Se puede culpar a otros países de ser los que más contribuyen al cambio climático dados sus modelos de producción y consumo. Y ¿quiénes son los culpables de la imposición de estos modelos de producción y consumo? Unas cuantas empresas transnacionales que gobiernan más que sus propios Estados nacionales. En fin, se llegaría demasiado lejos tratando de explicar toda la cadena de causalidad que produjo este año la escasez de leche en Paraguay y la consecuente disparada de sus precios y de los de todos los derivados. Cabría mejor, en un informe sobre derechos humanos como éste, preguntarse cuál es la responsabilidad que tiene el Estado paraguayo en que un producto de primera necesidad, como la leche, entre otros, escasee y sus precios trepen a niveles inalcanzables para muchas personas. Esta es una cuestión central que hace a la satisfacción del derecho a la alimentación, y la acción o inacción del Estado son las que finalmente pueden o no ser imputadas.
La respuesta a esta cuestión no es sencilla dada la complejidad del sistema alimentario y de las relaciones económicas que se dan en su entorno, pero, sin duda, en las bases de la misma estará el modelo productivo que se viene impulsando desde hace años, más específicamente, el modelo agroexportador. Podría parecer insistente o hasta exagerado vincular a los monocultivos de soja con la escasez de leche, y sin embargo, resulta bastante coherente hacerlo. La zafra pasada, los productores sojeros hablaban de una productividad altísima. Más de 6 millones de toneladas fueron producidas en 2.630.000 hectáreas de tierra, es decir unas 2,7 toneladas por hectárea, cuando que en el ciclo anterior la productividad había sido de 1,5 tn/ha en promedio. Quiere decir que para la soja el clima no fue tan adverso. O, que en el país se están destinando las mejores tierras a la producción de soja. Y, hablando en términos económicos, como toda elección, ello tiene un costo de oportunidad. Es decir, el costo de producir soja para la exportación en 2,6 millones de hectáreas está dado por la cantidad y diversidad de alimentos que podrían producirse en esa misma superficie para el consumo en el mercado interno.
O sea, el Estado paraguayo permitió que se produzca soja a razón de 1 tonelada por habitante y que se la exporte a otros países mientras que la producción de alimentos fue marginalizada a terrenos menos aptos para las actividades agropecuarias. Se sabe que la soja es en un 80% agua, por tanto, 6 millones de toneladas corresponden a 4,8 mil millones de litros de agua, que si se los destinara a la producción de leche, de seguro se tendría más de 1.200 millones de litros que serían suficientes para que cada paraguayo tenga al menos medio litro de leche por día.
Al problema de los costos de oportunidad de la producción hay que añadir el de la exportación. Si se decide exportar leche aún cuando hay escasez en el mercado interno, es responsabilidad del Estado el que los ciudadanos no puedan acceder a un alimento necesario y no obra del cambio climático o una fatalidad del destino. Pasó lo mismo con la carne y otros productos que, en última instancia tuvieron que ser importados para satisfacer la demanda interna. ¿Cómo es posible que en el país se prioricen los intereses económicos que ciertos sectores muy reducidos de la sociedad tienen en la agroexportación cuando que esto afectará negativamente no sólo al 40% de la población pobre del país, sino también a las clases medias que verán amenazadas sus posibilidades de acceder a una canasta básica de alimentos? Y como si la argumentación económica no fuera suficiente se debe preguntar ¿cuál es la racionalidad ecológica de un modelo que cada vez se dedica más a la exportación de productos que luego deberá importar? ¿Cabe acaso una consideración del costo energético que todo eso conlleva?
Los agrocombustibles y los precios de los alimentos
Mientras que hay escasez de alimentos y despilfarro energético el gobierno adopta con entusiasmo la política de fomentar la producción de agrocombustibles que está siendo promovida desde los centros internacionales de poder, con los objetivos de diversificar la dependencia de fuentes energéticas, dado el agotamiento del petróleo; y de saciar los intereses de las transnacionales del agronegocio, que vendrían a establecer alianzas estratégicas con las petroleras y a controlar monopólicamente la producción agrícola mundial. Todo esto encubierto detrás del velo de la reducción de emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático.
Anteriormente los precios de los alimentos acompañaban la suba de los precios del petróleo por ser bienes complementarios, en cuanto que su producción y transporte necesitaban de combustibles fósiles. Hoy, con la emergencia de los agrocombustibles, los alimentos se convierten en bienes sustitutivos del petróleo, y, por tanto, los precios dependerán aún más estrechamente de los de éste.
Uno de los peligros que advertía la FAO sobre los agrocombustibles era que la demanda de éstos haría encarecer los productos alimentarios. En algunas proyecciones se decía que el trigo, para 2020, habría incrementado su precio en un 50%. En Paraguay, entre inicios de agosto y mediados de setiembre se dio un incremento del 30%, lo que hace esperar que dentro de 13 años el precio sea extremadamente más alto de lo previsto.
La inflación interanual de los alimentos en el mes de setiembre alcanzaba el 9,1%, liderando las subas de rubros considerados en el Índice de Precios del Consumo (IPC). En ese mismo mes la incidencia inflacionaria de los alimentos fue del 95,6% y, comparando por ejemplo los precios de frutas y verduras con un año atrás, éstos aumentaron en un 73,3%.
Hablar de la escasez de leche, de carne o de trigo, así como hablar de la suba imparable de sus precios es hablar del modelo productivo y del rol que el Estado ha asumido en la facilitación u obstaculización del mismo. Cuando el mismo presidente de la república exclama que convertirá a Paraguay en el Kuwait de los agrocombustibles y recibe con algarabía visitas de autoridades brasileñas con el objetivo de firmar acuerdos para la promoción de los mismos; y cuando las autoridades nacionales siguen aprobando, legalmente o de hecho, la extensión de la frontera agroexportadora y la construcción de infraestructura para agilizar el procesamiento y transporte de sus productos, ¿cabe alguna duda sobre la responsabilidad que tiene el gobierno en la degradación de las condiciones del sistema alimentario y, por tanto, en las violaciones al derecho a la alimentación adecuada? No sólo el Estado no está garantizando a los ciudadanos el acceso a alimentos adecuados, sino que tampoco está respetando ni protegiendo las vías de acceso tradicionalmente utilizadas por los mismos.
Un megapuerto que generará más desempleo, más soja y menos alimentos.
La transnacional Cargill presentó este año un proyecto de construcción de un megapuerto en la ciudad de Asunción. En el capítulo sobre el derecho al agua se detallan algunas cuestiones respecto al impacto ambiental de la obra. Aquí es importante mencionar el impacto socioeconómico que la misma tendrá en la sociedad paraguaya.
Cabe decir que el megapuerto responde a la única voluntad de seguir ampliando la capacidad de exportación de soja del país, por lo que todos los impactos apenas mencionados en cuanto a la soberanía alimentaria serán magnificados con éste. Algunas conclusiones se pueden extraer haciendo un análisis de los datos que presenta la misma empresa en su sitio web. Allí se lee que “La operación de Cargill genera aproximadamente 380 puestos de trabajo directos y cerca de 1.150 puestos indirectos en todo el país….” http://www.cargill.com.py/inst/cargillhoy.asp. En otra parte se afirma que: Cargill Paraguay comercializa más de 1.300.000 toneladas anuales de soja, trigo y maíz. Este volumen es un poco más del 30% del total de la cosecha del país.. http://www.cargill.com/worldwide/br_paraguay_sp.pdf
Unos cálculos básicos permiten obtener resultados bastante reveladores. Con una regla de tres simple se tiene que si Cargill controlara toda la producción agrícola del Paraguay no habría más que 1267 puestos de trabajo directos y 3833 indirectos. O sea, unas poco más de 5.000 personas trabajando con TODA la producción agrícola del Paraguay desde que esta sale de la finca. Se concluye entonces que el modelo productivo de esta empresa no daría trabajo ni siquiera al 0,1% de la población. Si se considera que Paraguay es un país cuya riqueza fundamental viene de la fertilidad de su suelo para la agricultura, estos datos son preocupantes. Es decir, excluyendo la problemática del campo y todo lo que el modelo sojero significa como reducción de fuentes de trabajo en el sector rural, se tiene que la comercialización de los productos del agrobusiness y una eventual generación de valor agregado darían trabajo al 0,14% de la población urbana.
Si se considera la problemática rural, el panorama se vuelve aún más aterrador. Se sabe que en una finca mecanizada un sólo trabajador puede llegar a controlar la producción de 280 hectáreas de tierra. Aún si aumentamos esta proporción a un trabajador por cada 100 hectáreas se tendrá que las 2.600.000 hectáreas de soja plantadas en todo el campo no llegan a dar trabajo al 1% de la población campesina (26.000/2.660.000).
La instalación del megapuerto va camino hacia el control monopólico de Cargill sobre la producción agrícola paraguaya. Una empresa con oscuros antecedentes a la que se responsabiliza en gran parte por la deforestación de la amazonía y por presionar a las economías de los países subdesarrollados, llevando a crear condiciones de trabajo infrahumanas.
Incendios, emergencia nacional y alimentos
La grave situación alimentaria que se desató a partir de los incendios forestales de este año dio pie a que el gobierno declarara estado de emergencia nacional. Mucha ayuda que llegó del exterior y algo de los recursos de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) fue destinado a los pobladores más fuertemente afectados por los siniestros.
La entrega de víveres, sin embargo, como ya es habitual de la clase política, más aún en un año electoral, fue realizada en un contexto inundado por la corrupción, y hasta se desató una guerrilla de rapiña que involucró incluso a diputados que pretendían beneficiar sólo a sus seguidores, en el marco de la campaña electoral. El mismo presidente de la república reconoció su incapacidad de gobernar al asegurar que era posible que algunos operadores políticos estuvieran utilizando las donaciones como instrumento de su campaña.
Si en situaciones de emergencia, cuando el hambre y la muerte acechan más de cerca que nunca, existen funcionarios públicos capaces de priorizar sus propios intereses antes que atender las necesidades de los afectados, qué duda cabe de que cuando se trate de políticas que tendrán impactos negativos mediatos en la población, las mismas serán aplicadas sin siquiera preocupación por lo que puedan desencadenar. Esto es una cuestión que va más allá de los derechos humanos y plantea un problema ético y moral, pero un problema que desde las bases cuestiona a los derechos humanos y a sus defensores, a la factibilidad de su goce universal y su relación con los sistemas políticos y sociales actualmente dominantes.
Los únicos programas de asistencia alimentaria embebidos en la corrupción
En Paraguay venían funcionando dos programas de asistencia alimentaria que ya anteriormente fueron cuestionados por su tinte asistencialista y por la estrechez de su alcance. También ya se había denunciado que el manejo y la distribución de los recursos no se daban con total transparencia. Aún así, algo positivo podía verse en el intento político de asistir a personas de escasos recursos con alimentos adecuados para su crecimiento.
Resultó, sin embargo, según se descubrió este año, que el manejo de los recursos era menos transparente de lo que se pensaba y que los alimentos no eran tan adecuados como parecía. Tanto los alimentos que se repartían en el PROAN como aquellos del Complemento nutricional escolar, resultaron ser mezclas de pésima calidad que no reunían los requisitos establecidos por ley, comprados a precios exageradamente altos. La distribución de los mismos también se prestó a la promoción de campañas políticas e incluso se descubrió que cajas de leche con el sello que las destinaba al programa “vaso de leche”, estaban siendo vendidas en despensas privadas, no obstante el sello explicitaba la prohibición de su comercialización.
Acciones del gobierno: entre la incapacidad y el cinismo
Una de las pocas acciones que se emprendió este año desde el gobierno con respecto a la alimentación fue un programa de acción interinstitucional para mejorar la inocuidad de los alimentos. Fueron partícipes de esta iniciativa el Servicio Nacional de Salud Animal (Senacsa), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN). Según los organizadores, el programa busca mantener bajo control las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) y lograr mayores beneficios comerciales en las exportaciones de los productos del agro.
Resulta, sin embargo, incoherente pensar que se pretenda controlar la inocuidad de los alimentos cuando se obvia el problema de los pesticidas que se usan en su producción. En la sesión del jueves 6 de setiembre los diputados paraguayos rechazaron un proyecto de ley que pretendía regular el uso de sustancias químicas en la producción agrícola. Cabe aclarar que este proyecto de ley fue pensado por las organizaciones civiles no como manera de limitar la expansión de los cultivos mecanizados sino como instrumento de control del uso de agrotóxicos para promover la convivencia pacífica entre los distintos modelos productivos del campo. La mayoría de las organizaciones campesinas y de la sociedad civil que trabajan con este sector, ha dado su apoyo a la propuesta que, si bien no es una solución total a los conflictos que se dan hoy en el campo, es un paso necesario en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de la población paraguaya, principalmente rural, aunque también urbana.
Lo cierto es que, bajo fuertes presiones de los grandes productores, la ley fue rechazada y, si bien esto no deja de ser preocupante, su aprobación, en las actuales condiciones de estructuración del poder, no hubiera sido garantía de cumplimiento alguno, porque, a pesar de que ya existan leyes o dictámenes jurídicos que protejan al campesinado y a los consumidores de los potenciales efectos de los agroquímicos sobre la salud, en el campo paraguayo se están fortaleciendo cada vez más los grupos mafiosos y paramilitares que, ya sea de manera directa o mediante el soborno a las fuerzas del orden público, intimidan y/o aplican violencia física contra los productores campesinos que exigen el respeto de sus derechos fundamentales. El Estado paraguayo ha demostrado que es incapaz de gobernar respetando y protegiendo los derechos de sus ciudadanos. Este ha sido el caso de la colonia Tekojoja, en el distrito de Vaquería, departamento de Caaguazú. Allí, no obstante los campesinos tenían órdenes judiciales para establecer su asentamiento, dictámentes de la secretaría del ambiente y el SENAVE que regulaban la aplicación de agrotóxicos en las cercanías de las casas y hasta cooperación de CONAVI para la construcción de sus viviendas, los pobladores continuaron recibiendo amenazas y siendo violentados por paramilitares cuando no por la misma policía nacional. Esta situación se agravó cuando empezaron las protestas porque los productores sojeros no estaban respetando las órdenes de la secretaría del ambiente sobre los modos de realizar las fumigaciones.
Se termina entonces, por la vía legal o por la de los hechos, dando vía libre al modelo de producción de la soja, dejando al arbitrio de los productores la aplicación de agroquímicos y sus posibles impactos en la salud.
Además de rechazarse la regulación del uso de plaguicidas, se aprobaron este año algunas modificaciones al código penal, las mismas conocidas en una versión previa como ley antiterrorista, cuyo objetivo central es el endurecimiento de las sanciones contra los movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil. La parte más dura fue sin duda la que se llevaron las organizaciones campesinas ya que se aprobaron artículos que hacen más severas las penas por delito de invasión de inmueble. Concretamente, se elevó la pena máxima de dos a cinco años de cárcel y se anuló la posibilidad de exigir medidas sustitutivas a la prisión.
Considérese que, según el Estatuto Agrario y otras leyes, las tierras mal habidas durante la dictadura (unas 12 millones de hectáreas aproximadamente) deben ser distribuidas entre las familias campesinas para su trabajo. Sin embargo, los mismos datos oficiales demuestran que, en lo que va del proceso de transición, más del 90% de las tierras obtenidas por los campesinos fue resultado de la ocupación. Es decir, menos de un 10% fue tramitado con éxito por la vía legal. Esto se debe fundamentalmente a la corrupción existente en las entidades encargadas de llevar a cabo la Reforma Agraria.
Actualmente hay alrededor de 2000 campesinos imputados judicialmente por acciones casi siempre relacionadas con la ocupación de tierras mal habidas (a veces reales, a veces inventadas por fiscales y jueces cómplices del sector agroexportador), pero todos gozan de medidas sustitutivas a la prisión. De ahora en más esto será historia y las cárceles se poblarán de personas que luchan por una vida digna.
No es casual que en este momento, cuando se está proyectando la construcción de varias plantas de etanol, de la hidrovía Paraguay-Paraná, de megapuertos para la exportación de soja y mucha más infraestructura para agilizar el proceso agroexportador, se estén endureciendo las leyes contra el sector de la sociedad que de manera más enfática se opone al avance de los monocultivos. Un campo sin campesinos, sin alimentos ni fauna ni flora silvestre es el modelo de “desarrollo” que por órdenes de la burguesía planetaria se está imponiendo en el país. Quienes quieren seguir consumiendo alimentos sanos, bebiendo aguas limpias, respirando aire puro, arraigados a sus tierras ancestrales y practicando la agroecología son criminales y esto, sin escrúpulos, nos lo ha demostrado este año el Estado paraguayo.
El doble filo de los medios de comunicación: defensores del pueblo y justificadores de las violaciones.
En las sociedades occidentales los medios de comunicación juegan un papel siempre más importante en cuanto a la formación de opinión pública y conciencia ciudadana. En Paraguay, la esquizofrenia discursiva parece no ser monopolizada por el gobierno, ya que también los medios de comunicación son capaces de manipular las informaciones para favorecer exclusivamente a los grupos de poder que los benefician. Esto no es novedoso, sin embargo, es importante considerar el rol que han ejercido los medios en la construcción y justificación de ciertos patrones que moldean el sistema alimentario.
En varias ocasiones a lo largo del año se han denunciado en los periódicos, radios y televisoras casos de comunidades campesinas, indígenas o hasta urbanas, que estaban sufriendo los azotes del hambre y la malnutrición. De por sí, es un hecho positivo que se publiquen casos como estos, ya que puede llamar la atención a la ciudadanía y, por tanto, a los gobernantes, quienes quizás sean movidos a actuar para remediar estas violaciones. Sin embargo, cuando estas situaciones se presentan desconectadas de las causas reales que las producen, no es posible que en el imaginario colectivo las mismas dejen de ser producto de una fatalidad del destino. Se termina entonces ocultando los problemas estructurales que dan pie a situaciones de este tipo, lo que se traduce en una justificación implícita del modelo económico dominante.
¿Qué decir de la postura que asumieron todos los medios de comunicación cuando en la cámara de diputados iba a ser tratada la ley de agroquímicos? Ni uno de ellos dio voz en paridad de condiciones a campesinos y sojeros, favoreciendo desproporcionadamente el discurso de estos últimos que son una ínfima minoría frente a todas las familias campesinas. ¿Qué decir de los periódicos que publican artículos que manifiestan preocupación por la suba de los precios de los alimentos, por un lado, y, que dan la bienvenida y el apoyo incondicional a la producción de agrocombustibles, por el otro? Lo que se pretende con este discurso que es iniciado desde las plataformas estatales y magnificado por los medios de comunicación, es construir una ciudadanía esquizofrénica que no sea capaz de encontrar el vínculo que conecta al hambre con los agrocombustibles, a la pobreza con la soja y a las desigualdades con la cuestión rural. Es poner una cortina filantrópica delante de la crueldad del modelo agroexportador para seguir reproduciendo las condiciones de la existencia.
Como una estructura más del poder, los medios de comunicación han defendido el derecho a la alimentación sólo cuando ello no atentaba contra sus propios intereses, y lo han hecho de manera tal a ocultar los vínculos que las violaciones tienen con la estructura económica del país.
Acciones de la sociedad civil.
Varias organizaciones de la sociedad civil vienen poniendo en el debate nacional el tema de la soberanía alimentaria. Ese ha sido el discurso de gran parte de las organizaciones campesinas, entre ellas la CONAMURI, que realizó una marcha por el día mundial de la alimentación, al culminar su congreso nacional, exigiendo que se impulsen políticas tendientes a conseguir la soberanía alimentaria, partiendo de la producción, pasando por la distribución y llegando al consumo.
También las personas de la tercera edad trabajaron en una ley que les garantice una canasta alimentaria, exigiendo una renta básica mensual.
Por otra parte, algunas organizaciones y partidos políticos están iniciando un proceso de discusión sobre una ley que garantice el derecho a la alimentación y un plan nacional de seguridad alimentaria.
Por lo demás, otras organizaciones han seguido sus programas de asistencia alimentaria a distintas facciones de la población.
Conclusiones
Alimentos mucho más caros, menor disponibilidad, agroexportación, menos productores, remuneración ínfima, horarios de explotación, oligopolios más concentrados. Con estas palabras clave se podría definir el sistema alimentario paraguayo del año 2007.
De seguirse impulsando, como en los últimos años, el modelo de producción de la soja, ahora con el agravante de los agrocombustibles, los precios de los alimentos van continuar subiendo a un ritmo muy acelerado, el stress ecológico se hará más intenso, la pobreza y las desigualdades más profundas y el mercado laboral más restringido y explotador. La población en general lo va a sentir y el goce del derecho a la alimentación sufrirá una de las amenazas más importantes de la historia.
Esto puede ser un buen punto de partida para que la gente empiece a tomar conciencia y se una en pos de un mundo en el que el goce de los derechos humanos sea equitativo para todos.
Recomendaciones
Haciendo eco de las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación se exige una MORATORIA INMEDIATA A LA PRODUCCIÓN DE AGROCOMBUSTIBLES, hasta tanto se evalúen los impactos que serán producidos en el sistema alimentario. El Relator Especial propone concretamente una moratoria de 5 años.
Elaborar una ley que reglamente específicamente el derecho a la alimentación y el modo de hacerlo operativo en el marco de un Plan Nacional de Soberanía alimentaria que priorice de manera absoluta la atención a las unidades familiares de producción primaria, promoviendo una práctica agroecológica, diversificada y destinada a los mercados internos hasta tanto se satisfaga completamente la demanda existente. La agroexportación debe ser considearada únicamente cuando toda persona que reside en Paraguay pudo acceder a una alimentación suficiente y adecuada.
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La Fiebre del Biodiesel en Argentina (2007) |
Cristian Lorenzo (*) Febrero 2007 clorenzo.ar@gmail.com
Introducción
Este trabajo tiene un doble propósito: contextualizar el discurso que sostiene la necesidad de incrementar la producción de biodiesel para sustituir al petróleo e identificar actores locales e internacionales que más allá de sus diferencias, recuperan este discurso, y están interesados en un Estado que impulse la producción de biodiesel.
En primer lugar, recupero un debate de los años 70 situado en Europa que logró llevar sobre la mesa, las proyecciones de crecimiento del sistema capitalista y socialista Éste es un debate con posiciones encontradas pero todas mantienen una característica en común: la preocupación sobre los límites del crecimiento. Entendemos que los dilemas actuales ambientales reciclan el debate referido, e incluso más, cuando se proyecta a nuestro país como “granero energético”. Esto me permite preguntarme: ¿Cuáles son los límites del crecimiento actual?
Por último, realizaré conclusiones parciales sobre cada uno de los temas expuestos, y dejaré abierta la posibilidad de efectuar nuevas preguntas sobre temas sugerentes, vinculados a la producción de biodiesel.
Desarrollo Sustentable: biodiesel
Las preocupaciones en torno al medioambiente no son novedosas. En la década del 70 se produjo un intenso debate alrededor sobre cuáles eran los límites del crecimiento de los distintos modelos de desarrollo. En el marco de la economía soviética, la visión estratégica de los planes quinquenales expresaba las posibilidades ilimitadas de crecimiento. Estas proyecciones suponían que el socialismo terminaría como el sistema político y social triunfante. Por otro lado, en el bloque occidental habían distintas posiciones. Economistas como Walt Whiltan Rostow postulaban teorías sobre las distintas etapas del crecimiento económico: sociedad tradicional, condiciones previas para el despegue, camino hacia la madurez y la era de alto consumo en masa. Es interesante considerar a Colin Clark que a través de su desarrollismo capitalista, preveía posibilidades ilimitadas de crecimiento de la población en nuestro planeta, llegando a proponer hasta incluso, el poblamiento de Groenlandia (Clark, 1971: 17). Estos tipos de proyecciones de escenarios futuros convivían con posturas mucho más “moderadas” con respecto al crecimiento económico mundial, ya que pensaban que el crecimiento quedaba supeditado al tipo de relación que se mantenía con la naturaleza. Tenían bien en claro que se existía una amenaza a la naturaleza, era necesario remodelar el tipo de modelo de crecimiento en el marco de Occidente (Saint-Marc, 1971).
Por otro lado, hay quienes tenían una visión negativa del crecimiento económico ya que ambos sistemas tenían una utilización intensiva de recursos naturales que perjudicaban al ambiente. En este sentido Heilbroner señalaba: “a excepción de migración forzada de Edad del Hielo, la humanidad se enfrenta con el problema más terrible de la historia, que empieza ahora en nuestros días, y que aumentará en proporción durante las generaciones venideras” (Heilbroner, 1972: 250).
Los antecedentes referidos dan cuenta de las preocupaciones sobre las consecuencias de la utilización de recursos naturales en grandes escalas para “dar oxigeno” a cada modelo de desarrollo. Con el devenir del tiempo, dado los altos patrones de consumos en los países industrializados, la posesión sobre estos recursos se ha convertido en estratégica, lo que originó pensar en llevar adelante un “desarrollo sustentable”.
Generalmente se toma como punto de partida del concepto de desarrollo sustentable la Conferencia de Estocolmo (1972) ya que fue la primera vez que la comunidad internacional debate sobre las consecuencias ambientales del manejo de recursos naturales y en que se pensó en regular el crecimiento en las sociedades industriales.
Hay dos cuestiones a resaltar de la Conferencia de Estocolmo porque contribuyeron a complementar la idea de que era posible la convivencia entre el comercio y medio ambiente. Se atribuyó una relevancia considerable a la conservación de la naturaleza al momento de planificar el desarrollo económico y se tomó conciencia en que había un límite en la utilización intensiva de recursos no renovables ya que, si se continuaba en los altos niveles de consumo, sobrevendría un agotamiento de los recursos. En resumidas cuentas, se tomó conciencia que existía una contradicción insuperable entre un mundo con recursos finitos y la posibilidad de crecimiento infinito de producción.
Con este contexto de preocupaciones es como en la década de los 80, se realizó un desarrollo conceptual que sirvió como marco de referencia a la hora de pensar la vinculación del comercio y medio ambiente desde una perspectiva a futuro. A través del Informe Brundland se acuño el concepto de “desarrollo sustentable”, el cual es entendido como aquel que satisface las necesidades del presente sin menoscabar las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Dentro de este contexto es cuando comienza a pensarse en la necesidad de desarrollar energías renovables.
Cuando se escribió sobre los límites del crecimiento a principios de los 70, se pensaba que la mayoría de los recursos energéticos tendrían perspectivas cortas de disponibilidad dado los altos niveles de consumo en el ámbito mundial. Actualmente, según las proyecciones de consumo de petróleo en el ámbito internacional, nuevamente se vuelve a estimar la escasez de este recurso y la necesidad de sustituirlo por combustibles renovables. Es en este contexto cuando el desarrollo sustentable a través del biodiesel se posiciona como la solución a las preocupaciones en torno a los límites del crecimiento.
Intereses creados en torno a la producción de biodiesel
La volatilidad de los precios del petróleo y las altas proyecciones de consumo de países industrializados requieren abastecimiento de países que oferten biocombustibles al mercado energético, para no comprometer a las futuras generaciones con la escasez de petróleo. En este contexto surge la siguiente pregunta: ¿cómo fue viable políticamente sancionar la Ley de Biocombustibles en nuestro país en el marco de un escenario internacional que demanda biocombustible? Esta pregunta requiere identificar actores locales e internacionales interesados en promover la producción de biodiesel en nuestro país.
A excepción de grupos ambientalistas, existen intereses empresarios creados en torno a la producción de biodiesel. En estos momentos, según lo informado por la Secretaría de Agricultura, hay plantas de biodiesel instaladas en la provincia de Entre Ríos, La Pampa, Salta, Santa Fe, Neuquén, Córdoba, Buenos Aires y Chaco .
Hay varias razones que nos permiten justificar los fundamentos de estas inversiones: 1) la ventaja comparativa de nuestro país en la producción de cultivos oleaginosos, b) existe un compromiso del gobierno en apoyar la producción de biodiesel con exenciones fiscales, c) existe una demanda del mercado energético internacional y 4) hay altos márgenes de rentabilidad (Agencia de Desarrollo de Inversiones, 2006).
Veamos quienes son los interesados en la producción de biodiesel:
Repsol YPF: constituye uno de los ejemplos de impulso de investigación científica que busca su liderazgo a través de la innovación en la producción de biodiesel, consolidándose como uno de los referentes en el mercado argentino. Ya no es “sólo una petrolera” sino que en un sentido amplio, se configura como una empresa energética. En este sentido, actualmente tienen en funcionamiento en Ensenada el “Centro de Investigación en Biocombustibles” en el que busca mejorar la calidad de las producciones del biodiesel (Repsol YPF, 2006).
Federación Agraria Argentina: tradicionalmente es conocida por su carácter representativo en el ámbito agropecuario de los intereses del pequeño y mediano agricultor. Además de tener este rol, actualmente buscan impulsar la innovación tecnológica a través de la venta de plantas elaboradoras de biodiesel. Para esta institución, la producción de biodiesel a partir de cereales constituye una posibilidad de incrementar la rentabilidad de negocios del sector agrícola a través de la venta de equipos.
Sociedad Rural Argentina: esta institución se encuentra interesada en incrementar el nivel de producción del sector a través de la producción de biodiesel, ya que significaría aumentar la demanda sobre el sector que representan (SRA, 2005). En este sentido, en el marco de la 120 ° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria que se organizó en Palermo, organizaron un seminario sobre Biocombustible en el que señalaron que el nuevo paradigma es “sembrar combustible” (Infocampo, 28 de Julio de 2006).
No solo están interesados en la producción de biodiesel la petrolera Repsol-YPF y los representantes del sector agropecuario, sino que también prácticamente todas las aceiteras tales como: Cargill, Molinos, Aceitera General Deheza, Bunge, Dreyfus, Nidera y Glenncore (Clarín, 11 de agosto de 2006). En una entrevista a Alberto Padoan (Presidente de la aceitera Vicentín) anunció el interés de su empresa en incursionar en el mercado europeo como exportadora de biocombustibles, y que en consecuencia, invertirá 40 millones de dólares para construir una planta refinadora de aceites y elaboradora de biodiesel que estará listo en abril de 2007 (Infocampo, 07 de Abril de 2006).
Otros de los actores interesados en promover en desarrollar la producción de biodiesel es la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Claudio Molina – Director Ejecutivo – confía en el potencial desarrollo que puede tener en nuestro país en la que se logra beneficiar al medioambiente e incrementar los ingresos del sector agropecuario. (Infocampo, 24 de octubre de 2005)
Como vimos hasta ahora, existen una serie de actores en el ámbito interno que promueven la producción de biodiesel. Para lograr sancionar una ley que la promueva, no es suficiente con presiones internas al Gobierno sino que también es necesario considerar el escenario internacional, considerando las oportunidades que presenta.
A nivel regional, Brasil viene desarrollando desde la década del 70, una política energética que busca depender cada vez menos de petróleo e incrementar la producción de biocombustible, particularme de etanol. De hecho, uno de los temas de agenda estratégicos de la política de seguridad energética de Brasil es convertirse en la mayor potencia mundial energética en el siglo XXI gracias al desarrollo de tecnología necesaria para producir etanol. En este sentido, el Plan de Reducción de Dependencia Energética busca lograr la autosuficiencia energética de Brasil (Clarín, 22 de Junio de 2006).
Brasil no solo considera estratégica la producción de etanol en su política de seguridad energética, sino que el biodiesel ocupa un espacio considerado en sus proyecciones futuras. La Ley Nº 11.097, aprobada el 13 de enero de 2005, dispone la introducción del biodiesel en la matriz energética brasileña, lo que supone el punto de partida para el desarrollo de políticas públicas en el marco del Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (SAGPyA-IICA 2005 ). Otro elemento que hay que considerar es que este programa nacional se encuentra enmarcado en una política estratégica de agroenergía como respuesta a las proyecciones de escasez de petróleo y a su vez, como impulso al incremento de la productividad agrícola (Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimiento, 2006).
Otro actor relevante es Petrobras, por su parte, enmarcado en la tendencia mundial de la producción de biocombustible. En su Plan Estratégico ya no se autodefine solamente como una empresa petrolera sino que también como generadora de energía (Petrobras, 2006 a) aprovechando la potencialidad agrícola de Brasil (Petrobras, 2006 b).
A nivel internacional del mercado energético internacional, ante el incremento del precio del petróleo y ante las proyecciones internacionales de producción y consumo (British Petroleum, 2006), la producción de biodiesel encuentra fácilmente su demanda en el mercado de Estados Unidos y la Unión Europea.
Estados Unidos: según un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos publicado este año, tomando como referencia el año 2003 se proyectó que el consumo mundial de petróleo para el 2030 se incrementará en un 47 por ciento ( U.S. Department of Energy, 2006). Con estos datos, la política energética de Estados Unidos tiene como una de sus finalidades reducir su dependencia del consumo del petróleo, reemplazándolo a través del desarrollo de energía alternativa como el hidrógeno, etano y biodiesel. En este sentido, un informe de Prensa publicado por la Casa Blanca revela que la actual administración de Estados Unidos busca reducir su dependencia de fuentes de energías extranjeras, fomentando el desarrollo de fuentes alternativas de combustible (Oficina de Prensa de la Casa Blanca, 15 de Junio de 2005). Sin embargo, a pesar del desarrollo acelerado en tecnología para hacer más eficaz la utilización de energía, no sería suficiente para disminuir la dependencia de importación de petróleo. En este sentido Abraham Spencer, Secretario de Recursos Energéticos de Estados Unidos, declaró que si bien su país está centrando sus esfuerzos en promover dentro de sus fronteras el desarrollo de fuentes alternativas de combustible como el hidrógeno, etanol y biodiesel, seguirá dependiendo de las importaciones de energía para satisfacer sus necesidades futuras de consumo (Spencer, 2004).
Unión Europea: la previsibilidad del suministro de energía tiene una importancia estratégica. Consideran que una mayor dependencia de las importaciones procedentes de regiones y proveedores inestables implica un grave riesgo (Unión Europea, 2006). Para evitar estos riesgos en el aprovisionamiento, diagnostican que para contrarrestarla hace falta: a) reforzar su seguridad exterior a través de la diversificación de importaciones de energía y por país que lo provee, b) incrementar las inversiones de las empresas europeas en los terceros países para luego exportar los recursos energéticos a la Unión Europea, c) integrar su mercado energético con el ruso, establecer una asociación estratégica con Noruega, Ucrania, y por último d) intensificar la cooperación bilateral energética con las grandes productores y de tránsito del norte de África, África continental, del Cáucaso, de la cuenca del Mar Caspio y de Asia Central, Oriente Medio y la región del Golfo, así como América Latina. (Unión Europea, 2006).
Dentro de este cuadro de situación, América Latina parece no tener relevancia para la Unión Europea en términos estratégicos de suministro de energía, sin embargo entre las propuestas de expertos europeos en el tema, se destacan en la sesión preparatoria de la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-ALC, sus intereses en cooperar en materia energética con América Latina (Observatorio de las Relaciones Unión Europea - América Latina, 2006).
Conclusiones y nuevas preguntas
Según lo expuesto en este trabajo, el consenso internacional sobre la necesidad de producir biocombustibles refleja una nueva respuesta a las preocupaciones de los años 70 en torno a los límites del crecimiento. Esto último, sumado a un contexto de volatilidad de precios del petróleo, permiten que los biocombustibles se posicionen ventajosamente a nivel internacional.
Como pudo verse en el trabajo, el impulso que se da desde el Estado a la producción de biodiesel es el resultado del entrecruzamiento de variables internas e internacionales. A nivel nacional, se identificaron distintos actores interesados en el negocio del biocombustible como el sector agrícola, petrolero y aceitero; y a nivel internacional, países que dada sus altas proyecciones de consumo de petróleo y el incremento de precio del barril, recurren al abastecimiento de este biocombustible como una alternativa. La sanción de esta ley no hubiese sido posible solamente con la presión de actores locales al Estado, sino que hay que considerar la incidencia de un escenario internacional favorable que requiere abastecimiento de biocombustible y que acuerda que el desarrollo sustentable (definido desde Naciones Unidas) es una manera de responder a los planteos sobre los límites del crecimiento.
Por otro lado, si bien las demandas de producción de biodiesel suponen aumentar la rentabilidad de los sectores interesados en su producción, habría que preguntarse sobre las consecuencias de producir biodiesel a partir de soja. Me gustaría aclarar que una de las maneras de producir biodiesel es a partir de la soja, y es un tema que no encuadra dentro de la delimitación temática de este trabajo, queda abierto el interrogante sobre el impacto de la “fiebre del biodiesel” al perfil productivo del país, ya que se están destinando grandes extensiones de tierras para la producción exclusiva de soja.
El futuro queda abierto: con grandes posibilidades de abastecer al mercado energético internacional pero con la necesidad de pensar sobre las consecuencias ambientales de la utilización de soja como materia prima de la producción de biodiesel.
(*) Investigador asociado a BASE IS. Becario CONICET-IDICSO (USAL). Doctorado en Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestrando en Ciencia Política (FLACSO, Argentina). Licenciado en Relaciones Internacionales (USAL, Argentina).
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Informe sobre el derecho al agua en Paraguay 2006 |
Diego Segovia
BASE Investigaciones Sociales
A continuación se presenta una síntesis de los principales hechos que ocurrieron en el país durante el año 2006 relacionados con el derecho al agua. El mismo es reconocido en el PIDESC en el artículo 11.1 y sus especificaciones se encuentran en la Observación General número 15 redactada por el CDESC. La Constitución Nacional, aunque no menciona explícitamente el derecho al agua, en los artículos 7 y 8 se refiere al derecho que tienen todos los ciudadanos de vivir en un ambiente sano, lo cual presupone el acceso a una cantidad suficiente de agua limpia.
El derecho al agua, como el resto de los derechos humanos, no puede ser aislado de los demás derechos. El mismo es la base del derecho a un medio ambiente sano, del derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda digna, etc. Pero el goce del mismo se hace posible únicamente cuando la educación permite conservar los recursos disponibles. Además, el estado en que se encuentran las aguas en un territorio nos puede dar un indicio del nivel de desarrollo humano y sustentable del país. El cuidado de las mismas es producto de un elevado grado de conciencia ambiental y social, fruto de la educación y de las relaciones transparentes en la gestión de la cosa pública. Es decir, la transparencia de las aguas reflejará aquella de las relaciones políticas, económicas y sociales de una sociedad.
Dada esta relación entre el nivel de desarrollo humano y sostenible y la situación de las aguas, un breve vistazo al panorama actual nos puede dar una pauta de la degradación social que ha producido el modelo económico dominante.
La crisis del agua se viene agudizando en distintos puntos del planeta, ya sea por la contaminación o por la escasez, tanto que este año el Informe Desarrollo Humano del PNUD está dedicado a la situación de los recursos hídricos en el mundo y su garantía al acceso como derecho. Cabe aclarar que, en muchos casos, la puesta en primer plano de la situación del agua en la agenda política mundial responde a un supuesto interés filantrópico por resolver la falta de acceso de los 1,2 mil millones de personas que no disponen de un sistema de abastecimiento seguro, pero debajo del mismo pueden camuflarse intereses reales de la industria capitalista que cada vez necesita mayor cantidad de agua para la producción de bienes. En sólo 10 años el consumo industrial del agua en Estados Unidos se quintuplicó (AQUASTAT).
Nuestro país no se encuentra ajeno a esta crisis. En primer lugar nos afecta el cambio climático. Durante varios meses de este año en casi todos los departamentos se han dado sequías prolongadas, no sólo en el Chaco como era más frecuente, sino también en la Región Oriental. Estos hechos, sumados a la escasez de la cobertura de los servicios sanitarios y a los muchas veces ineficientes servicios disponibles, representan una grave dificultad para la satisfacción del derecho al agua de cientos de miles de ciudadanos paraguayos y, con ello, un impedimento para el goce de otros derechos. En tercer lugar, se mantiene acelerado el ritmo de contaminación de los principales cursos y reservas de agua del país, incluyendo el acuífero Patiño que, se calcula, abastece a casi un tercio de la población del Paraguay.
Mientras tanto, los intereses capitalistas están al acecho. Así, desde muchos sectores se viene planteando la privatización de la gestión y los servicios como solución al problema. Sin embargo, no sólo las experiencias internacionales demuestran que dicho sistema es aún menos confiable que los sistemas públicos (corrupción e ineficiencia consideradas), ya que también aquí ya se han dado casos de abuso por parte de empresarios aguateros.
Cuatro puntos fundamentales son los que nos ocuparán en este informe entonces: el cambio climático y las alteraciones del ciclo hidrológico; la cobertura de los servicios y las políticas públicas; la contaminación de las fuentes y; algunos casos de abuso representativos por parte de prestadores de servicios sanitarios.
El cambio climático y las alteraciones de los ciclos hidrológicos.
Los medios de comunicación han cubierto en algunas zonas del país el problema de la sequía. Si bien se sabe que las informaciones de los medios dominantes no son exhaustivas en cuanto a extensión geográfica, son el medio de más fácil acceso para poder tener conocimiento de por lo menos algunas situaciones. A continuación se presenta un resumen de las noticias relacionadas con la sequía que aparecieron en dichos medios durante el año.
En el departamento de Itapúa tanto los pobladores de áreas urbanas como aquellos de áreas rurales sintieron la falta de agua. En el campo la producción agrícola es cada vez más difícil, mientras que en la ciudad los servicios de agua potable no dan abasto ya que sus fuentes se encuentran prácticamente vacías. (La Nación, 30 de julio: 50)
En Ciudad del Este el Lago de la República se va quedando cada vez con menos agua. Al mismo tiempo el agua de los pozos comunes de la zona, e inclusive de algunos pozos artesianos, ya se ha agotado. La Essap abastece solamente al 20% de la población de Ciudad del Este e Itaipú abastece a algunos barrios. Ante la falta de agua, el municipio está organizando la distribución por medio de los bomberos. También Itaipú contribuye a sobrellevar la crisis. (Abc, 5 de agosto: 35)
Emboscada es otro distrito en el que preocupa la sequía. Aunque aquí todavía la situación no afecta directamente al consumo humano, la producción agropecuaria sí sufre las consecuencias. (Abc, 9 de agosto: 35)
Los departamentos de Canindeyú y San Pedro fueron también duramente azotados por la sequía. Se calcula que unos 200 pozos que abastecían a los pobladores se secaron. Esto ha obligado a muchos de ellos a acarrear agua de ríos y arroyos. Las mismas, al no ser aptas para el consumo humano, han ocasionado enfermedades del tubo digestivo principalmente a los niños. (La Nación, 10 de agosto, sección País)
En el Chaco se agudiza el problema de la sequía por la falta de lluvia. Cinco meses han pasado sin que ninguno de los tres departamentos del Chaco haya recibido lluvias considerables. Los aljibes, tajamares y pozos se encuentran casi totalmente secos. La mala calidad de las pocas aguas disponibles es responsable de muchas enfermedades que afectan más que nada a la población indígena y, entre ellos, sobre todo a los niños (La Nación, 10 de agosto, sección País; Última Hora, 11 de agosto: 21; Abc, 20 de agosto: 51; Abc, 7 de setiembre: 38; Abc, 14 de setiembre: 43)
Los pobladores del barrio Santo Domingo, a escasos diez kilómetros al norte de Encarnación sufren una aguda escasez de agua. La infraestructura que había sido construida por SENASA nunca satisfizo plenamente la demanda, ya que ni el pozo, ni la bomba tienen la capacidad requerida. Sin embargo, hace unos 15 días el problema se hizo aún más grave. El sistema de distribución de agua ha dejado, por completo, de proveer agua a los pobladores de la comunidad. se ha quedado sin agua por completo. Ante la imposibilidad, característica de cualquier ser vivo, de prescindir de este líquido, los pobladores han acudido a un pequeño arroyo o a la reapertura de sus antiguos pozos para satisfacer sus necesidades. La contaminación de estas fuentes, sin embargo, se hace visible en el deterioro de la salud de varios niños desde el inicio de la escasez (Abc, 27 de julio de 2006, p.39).La falta de agua está íntimamente ligada con la situación nutricional. En varias zonas chaqueñas, con el prolongarse de la sequía, se agravan los problemas de alimentación, ya que la producción se torna inviable.
Son éstos los resultados de la implementación de un modelo de desarrollo que poco o nada considera la conservación de la naturaleza. La parte más dura se la llevan aquellas personas que tienen quizás la menor de las culpas en el asunto. El gobierno y sus incompetentes planes de desarrollo realizados tímidamente en un mar de corrupción no ayudan a dar solución a los problemas sino más bien contribuyen a profundizarlos.
Las políticas públicas
Antes que ocuparse de contrarrestar los efectos del cambio climático el gobierno parece contribuir a acrecentar los problemas. ¿Qué decir de la política productiva agroexportadora de nuestro país? La misma se muestra sumamente incoherente con la sustentabilidad del planeta. En primer lugar se destruyen los bosques, lo cual altera los ciclos hidrológicos que se vuelven incapaces de recargar las reservas subterráneas y aceleran el proceso de erosión del suelo. En segundo lugar, el transporte de bienes se realiza mediante la combustión de materiales cuyos residuos contribuyen al calentamiento global y el deterioro del medio ambiente. ¿Qué tendríamos que decir de las exportaciones de carne que nuestro país realiza cada vez en mayor volumen mientras que para consumir en el mercado interno debemos importar? Paraguay quizás no sea el principal promotor de estas políticas a nivel mundial, así como tampoco es el principal productor de contaminación, sin embargo, los habitantes del país ya nos podemos dar cuenta de los efectos que ocasiona el seguimiento de este modelo productivo en el territorio nacional.
La contaminación de los cursos y reservas de agua.
Los principales responsables del deterioro de las condiciones de vida en el campo han sido los productores de soja y ganado, quienes continúan expandiendo sus propiedades, dejando a campesinos sin aguas, antes aún de expulsarlos de sus tierras. Las fumigaciones se siguen realizando sin escrúpulos sobre las reservas y cursos de agua, los contenedores se lavan o desechan en arroyos o riachos, y los tóxicos llegan en muchos casos hasta las aguas subterráneas.
En las áreas urbanas los problemas de contaminación tienen que ver más que con la mala disposición de las letrinas, los desechos de industrias, mataderos, curtiembres y hogares particulares, el lixiviado (agua que sale de los vertederos de basura), y las aguas servidas de servicentros y lavaderos.
Una de las reservas actualmente bajo amenaza es el acuífero Patiño. El mismo abastece directamente a aproximadamente un tercio de la población paraguaya. En el territorio que éste abarca existen unos 1.500 pozos de abastecimiento público, industrias de consumo de agua intensivo, viviendas y pequeñas áreas de riego.
El sistema hídrico se ve amenazado principalmente por la sobreexplotación, es decir, por la acelerada extracción de agua que supera el ritmo de reposición natural del acuífero. Como consecuencia, el nivel de reservas desciende cada vez más. Actualmente se cree que la salinización del agua observada en algunas zonas cercanas al río Paraguay puede tener que ver con la bajante, ya que ésta permitiría la filtración de aguas chaqueñas.
A la escasez generada por la sobreexplotación se suma la contaminación producida por las causas apenas mencionadas. En algunos pozos controlados se han encontrado coliformes fecales (bacterias cuya presencia en el agua es nociva para la salud) que posiblemente se han filtrado por las cloacas, pozos ciegos o letrinas y otras sustancias nocivas para la salud.
(Fuentes: ABC, 9 de noviembre de 2005 y 5 de enero de 2006, pp.34 y 35 respectivamente)
La pérdida cuantitativa o cualitativa de las aguas de este acuífero significaría, además del daño al equilibrio natural del ecosistema, un escenario propicio para la violación sistemática de derechos humanos. Actualmente se están llevando a cabo estudios para la protección de esta reserva que pueden ayudar, pero si no existe un control real y sanciones ejemplares a los principales responsables de la situación de nada servirán los estudios más completos y científicos del caso. Serán un despilfarro más de las instituciones públicas.
La mercantilización de los servicios de agua potable y saneamiento. Dos casos representativos.
Varias veces se ha mencionado los casos de Argentina o Bolivia como representativos de lo que puede ocasionar la privatización de los servicios sanitarios: suba de precios, ineficiencia del servicio, incumplimiento de proyectivas de extensión, etc. Estos abusos por parte de proveedores privados ya no son experiencias únicamente extranjeras. A continuación se presentan dos casos ocurridos en Paraguay en los últimos años.
En el Barrio San Miguel de San Lorenzo, usuarios de la empresa proveedora de agua Petereby SRL ( empresa integrante de la CAPA, Cámara Paraguaya de Empresas Aguateras), en el año 2001 iniciaron una movilización, reclamando mejor calidad en la provisión del agua y control a lo que se consideraba un abuso tarifario, pues el monto de cobro de éste variaba conforme la suba del precio del dolar americano, argumentado que estaba ajustado cada cambio a lo establecido en los diversos contratos individuales.
Julia Reyes, activista social de la zona y usuaria, Coordinadora de la Asociación de Consumidores del Paraguay (Filial San Lorenzo) llegó a plantear a todas las instancias posibles a donde era dirigida. En el tiempo que se iniciaba la movilización Julia ha sido amenazada de muerte presumiblemente en relación a sus denuncias públicas a los medios de prensa, sobre de la situación de desventaja de usuarios ante los empresarios del agua.
La relación con otras empresas proveedoras de agua es la siguiente: de 12.000 a 16.000 guaraníes que las empresas de alrededor de la zona cobran como mínimo de uso; los usuarios de Petereby, ahora hasta tanto se resuelva el caso, deben pagar el mínimo fijo de 41.000 guaraníes.
Por otra parte, en el barrio Palomar de la ciudad de Lambaré, los pobladores cuentan con un servicio de saneamiento privado, brindado por la empresa Consorcio de Obras Sanitarias. Unos veinte vecinos de la zona denunciaron en noviembre de este año que el desagüe cloacal había sido bloqueado con cemento por los empresarios que brindan el servicio debido a la morosidad de algunos usuarios.
Estos son claros ejemplos de la contradicción que existe entre la lógica económica y aquella de los derechos humanos y la salud pública en numerosas ocasiones.
Conclusiones
Podemos decir que el Estado paraguayo incumple sus deberes de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos cuando las políticas implementadas por el mismo peligran la satisfacción de dichos derechos. Llegamos pues a la clara conclusión de que la política agroexportadora impulsada desde distintos sectores del gobierno y del sector privado viola flagrantemente el derecho de los paraguayos y paraguayas a vivir en un ambiente saludable, con aguas y alimentos adecuados para satisfacer sus necesidades biológicas y culturales. Los discursos del presidente sobre la inconveniencia de las políticas agroexportadoras para el país se tornan ineluctablemente demagógicos al confrontarlos con las acciones del gobierno (desalojos, apresamiento de campesinos, imputaciones…)
El Estado paraguayo, para garantizar el acceso de la población a una cantidad de agua suficiente y de calidad para cubrir sus necesidades personales y domésticas (esto es el derecho al agua según la OG 15 del PIDESC) debe implementar una política real de control ambiental, sobre todo de las fumigaciones agrícolas, de los desechos de industrias, aserraderos, curtiembres, de los vertidos urbanos de desechos domésticos y hospitalarios. Se debe implementar los programas de extensión de los servicios sanitarios y de agua corriente eliminando la corrupción que hoy está presente en casi todos los proyectos y se debe defender como el bastión principal para el acceso equitativo a los recursos hídricos el control público de las aguas y los servicios sanitarios.
(Artículo publicado en el Informe Derechos Humanos Paraguay 2006 de CODEHUPY) |
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Informe sobre el derecho a la alimentación en Paraguay 2006 |
Diego Segovia
BASE, Investigaciones Sociales
Este artículo pretende sintetizar los principales hechos que acontecieron en el país durante el año 2006 relacionados con el derecho a la alimentación. Se toma como punto de partida el derecho a la alimentación como se encuentra definido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en el artículo 11.1 y especificado por la Comisión DESC en la Observación General Nº 12. Allí se indica que el derecho a la alimentación se satisface cuando “todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”.
La situación alimentaria de la población paraguaya no refleja el goce pleno del derecho a la alimentación. En primer lugar, quienes mayormente sufren problemas de salud relacionados con una mala alimentación son los indígenas, las mujeres y los niños, negando el principio de no discriminación contenido en todos los derechos humanos. En segundo lugar, el acceso físico y/o económico con estabilidad en el tiempo tampoco están garantizados. En el campo, debido a la expansión de la agricultura empresarial que deteriora fuertemente las condiciones del suelo, de las aguas y del ambiente en general, y perjudica directa o indirectamente las posibilidades de producción alimentaria de las familias campesinas. En las ciudades, un mercado de trabajo que absorbe y explota a los que tienen más suerte y que excluye a los menos afortunados, sumado a una oferta alimentaria que cada vez se concentra más en los supermercados, cuyos precios dependen de las casualidades y especulaciones en el mercado, hace que el acceso a los alimentos sea cada vez más difícil. Por las mismas razones recién mencionadas, tanto para el campo como para la ciudad, y este es el tercer punto, se produce una reducción de la capacidad de acceder a alimentos adecuados en cuanto a calidad, ya que, por un lado, la contaminación agrícola de productos alimentarios es cada vez más intensa y, por el otro, el poder de compra de los consumidores es menor.
Se dividirá este informe en cinco puntos centrales: a) la situación alimentaria de la población paraguaya; b) las amenazas y daños del modelo sojero; c) las políticas del Estado paraguayo; d) cambio climático y alimentación y; e) consideraciones socioeconómicas relacionadas con la alimentación.
Situación alimentaria de la población Paraguaya.
Decir que el 14,1% de la población paraguaya es desnutrida y que el 9,2% de los niños nace con un peso inferior al normal son datos que no nos permiten llegar al fondo de la cuestión alimentaria. Podríamos añadir los índices de deficiencias por micronutrientes y tendríamos una mejor idea, aunque tampoco acabada del asunto. Además, sería volver a presentar los mismos índices de años anteriores, ya que no existen datos nuevos. Aún si existieran estos datos, los mismos serían nada más que la punta del iceberg que se deja ver, ya que los problemas de salud relacionados con la alimentación son extremadamente variados y misteriosos. Muchas veces los mismos médicos no logran encontrar las causas de una enfermedad en un paciente y mucho menos podremos relevar datos estadísticos cuantitativos sobre las causas de las distintas enfermedades que afligen a los ciudadanos del país.
Algunos datos estadísticos, sin embargo, permiten realizar vínculos hipotéticos entre la alimentación y la salud a nivel macrosocial. Por ejemplo, si se exploran algunos datos de salud en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, se encuentra una tasa de mortalidad causada por diversos tipos de cáncer que, a partir del año 95 hasta el 2002, no ha parado de crecer. El gráfico siguiente muestra esta tendencia, aunque, si se considera que en el mismo período el índice total de mortalidad ha decrecido, el incremento de esta tasa en términos proporcionales es aún mayor. Casualmente, en esta época se produce el ingreso de los cultivos transgénicos al país. Esto, sumado a los estudios que demuestran los efectos adversos para el organismo de algunos agroquímicos y de plantas genéticamente modificadas, permite suponer la existencia de un vínculo entre estos alimentos y el deterioro de la salud, que se valida aún más al considerar que las neoplasias que en este período se expanden mayormente son aquellas que afectan al tubo digestivo y el peritoneo.
La relación trangénicos – deterioro de la salud se muestra bastante evidente, aunque algunos sectores fanatizados, principalmente por las ganancias que los mismos les ofrecen, tratan de ocultarla e incluso de invertirla. Esto ha llevado a frenar el desarrollo y la publicación de muchas investigaciones científicas y a promover la soja como la maravilla alimentaria que resolverá todas las deficiencias del país. Lo mismo crea confusión en la opinión pública. Ante esta situación, lo menos que podrían hacer el Estado y la ciudadanía es tomar sus precauciones en cuanto al consumo de alimentos trangénicos, pero el Estado, sobornado directamente por los empresarios del sector sojero renuncia a su deber de hacerlo y la ciudadanía no lo puede hacer ya que no existen ni siquiera leyes que obliguen a los productores a dar informaciones sobre sus productos.
La soja: veneno omnipresente en los alimentos.
Muchas instituciones han promovido últimamente el consumo de la soja como alimento estrella para combatir las deficiencias nutricionales de la población. En realidad, esta es una política genocida promovida por ignorancia en algunos casos y por cinismo en otros. Dos consideraciones caben al respecto. Una, que la soja no es un alimento propiamente humano ya que contiene sustancias perjudiciales para su organismo. Dos, que toda la soja que se cultiva en nuestro país es transgénica y, por tanto, no natural y expuesta a dosis mayores de herbicidas más potentes.
Existen muchos estudios científicos que demuestran los efectos negativos de la soja en el organismo humano, aunque los mismos son ocultados por todos los medios al alcance de la maquinaria capitalista. La soja contiene fitatos que, en el ser humano, obstaculizan la absorción del calcio, del hierro y del zinc, además de impedir el normal desarrollo del sistema inmunológico. Esto hace que la edad menos indicada para el consumo sea la infancia, ya que es cuando el organismo necesita más que nunca incorporar estos elementos. No en balde la Sociedad Argentina de Pediatría, en el año 2001, desaconsejó la utilización de soja en la alimentación de niños menores de cinco años, y está contraindicada en menores de dos años . Además, la soja contiene isoflavonas. Estas sustancias son fitoestrógenos que actúan como hormonas sexuales que inciden en los ciclos y en el desarrollo reproductivo, acelerando el proceso de maduración sexual en las mujeres y retardándolo en los varones. La sacralización y veneración de la soja como alimento estrella son promovidas por las empresas vinculadas al agronegocio, cuyos beneficios económicos dependen del consumo de la oleaginosa. En esta dinámica entraron muchas universidades que han producido información científica básicamente falsa que continúa siendo difundida. Para los adultos se podría recomendar el consumo dentro de una dieta equilibrada y completa, no como sustituto de ninguna proteína, pero, si se considera que toda la soja actualmente producida en el país es transgénica (Última Hora, 7 de noviembre: 27) y que ésta tiene efectos aún peores en la salud dado que es capaz de resistir a dosis mayores de herbicidas más potentes (y más perjudiciales para los seres vivos) y dada su composición no natural, no sería tampoco recomendable su consumo.
El Estado paraguayo, sin embargo, en vez de controlar la producción, canalizar la información y evitar el consumo de la misma, velando por la salud de los ciudadanos, ha respondido cabalmente a los dictados de las empresas transnacionales involucradas mediante la promoción de su producción y utilización en la alimentación de personas de cualquier edad, y sobre todo de los niños.
Y no sólo esto ha hecho, también ha obstaculizado la posibilidad que la información sobre los productos fluya de manera libre y transparente hacia el consumidor. En un encuentro realizado en marzo en Curitiba entre las naciones signatarias del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, se acordó que la obligatoriedad de identificar y etiquetar los productos transgénicos entrará en vigor en 2012. Paraguay junto con México trató de impedir la firma del acuerdo y proponer normas menos rigurosas. Por más de que el acuerdo esté firmado, las intenciones del gobierno demuestran ser contrarias, hecho que de seguro no motivará en la práctica la aplicación de la normativa.
Esto no debe preocupar solamente a aquellos que consumen productos directamente derivados de la soja ya que una amplia gama de alimentos procesados contiene lecitina de soja (la proteína de la soja) entre sus ingredientes. Esta gama va desde las galletitas, chocolates y leche en polvo hasta los embutidos y yogures pasando por una cantidad inimaginable de productos. Si se considera que la totalidad de la soja que se planta en Paraguay es transgénica no existe alguna posibilidad de que este ingrediente sea natural. ¿Habrá sido este el motivo por el cual el gobierno paraguayo obstaculizó el acuerdo que obliga a aclarar en la etiqueta de los alimentos la composición transgénica de los mismos? Pues bien, allí tenemos el claro ejemplo de cómo Paraguay y otros Estados de la región están renunciando al cumplimiento de su deber de proteger a los consumidores, cuidando la inocuidad de los alimentos disponibles en el mercado e informándoles sobre los productos que están consumiendo.
La política del gobierno sigue contribuyendo al deterioro de la situación alimentaria.
Decir que el gobierno paraguayo no da respuesta al empeoramiento de la situación alimentaria de la población quizás no sea muy exacto, ya que no sólo ignorancia del problema se percibe de parte del mismo, sino que muchas veces se practican políticas que atentan directamente contra la seguridad alimentaria del pueblo paraguayo.
Esto es lo que sucedió en Curitiba cuando se trató de impedir la firma del acuerdo sobre el etiquetado de transgénicos (que no es tan siquiera una medida suficiente ni inmediata para la protección de la salud de los consumidores) y también lo que sucedió en el encuentro sobre la “Soja Responsable”. Al alentar la continuidad de la expansión del modelo sojero, esta vez maquillando su irresponsabilidad e injusticia inherentes, el gobierno colabora directamente con la instauración de un sistema alimentario inseguro y dependiente (condición que ocupa el polo contrario a la seguridad y soberanía) La soja, unida a la ganadería, es parte principal de un modelo agroexportador que genera miseria e inseguridad alimentaria para las grandes mayorías populares y algunos beneficios económicos para muy pocas personas. Un pequeño análisis del sistema alimentario nos puede ofrecer una idea de lo que acarrea este modelo de desarrollo rural.
El sistema alimentario: la expansión de los oligopolios productivo y de comercialización.
Vamos a comenzar exponiendo lo que sucedió este año en el campo. Según CAPECO, en 2005 el área de siembra de soja alcanzó una superficie de 2.000.000 de hectáreas, mientras que en 2006 la misma fue de 2.227.484 hectáreas. O sea que otras 227.484 hectáreas se han incorporado este año al territorio sojero. Sin considerar la expansión del hato ganadero, esto significa que nuestro país ha renunciado a la posibilidad de producir alimentos para más de 22.000 familias paraguayas. Si calculamos que 10 hectáreas de tierra pueden producir alimentos suficientes para una familia campesina y un excedente para la venta, deberíamos considerar que no sólo las familias productoras quedan sin disponibilidad física de alimentos, sino que también aquellas potenciales beneficiarias de su producción. Esto significa que (suponiendo que nada más el 20% de la producción pueda ser comercializado) unas 132.000 personas dejarán de consumir productos nacionales y pasarán a los importados (calculando en base a la familia promedio de 5 integrantes), en su mayoría controlado por las transnacionales. La línea de pobreza extrema se fija por convención en U$ 1 diario, lo cual significa que se necesita 1 dólar por día para acceder a una canasta alimentaria básica. Pues bien, este año esas 132.000 personas que no podrán consumir productos nacionales deberán dirigirse a los supermercados a comprar productos procesados, envasados o producidos por grandes empresas, las más de las veces transnacionales. Por tanto, estas empresas pasarán a controlar un mercado de 132.000 dólares diarios, lo cual significa 3.960.000 dólares mensuales y 48.180.000 dólares anuales. Monto bastante significativo para nuestra economía. Si pudiéramos hacer que sólo la mitad de este monto llegue a pequeños productores, las condiciones de vida en áreas rurales serían mucho mejores. Consideremos que el préstamo con el que se han construido cientos de sistemas de agua potable en el campo es de 20.000.000 de dólares. Debe tenerse en cuenta que este es sólo el crecimiento del mercado que corresponde a este año, pero, considerando que por lo menos el 80% de la población urbana del país realiza sus compras en los supermercados, tendríamos el monto real que mueve dicho mercado. Si se hace nada más que un cálculo bruto suponiendo que dos millones de paraguayos acceden a los alimentos necesarios en el supermercado y que gastan 1$ por día, estamos hablando de un mercado de 2 millones de dólares diarios, lo cual significa 60 millones de dólares al mes o 730 millones de dólares al año. Y eso que este es un valor mínimo que se obtiene homologando los gastos en alimentación a la línea de pobreza extrema. El monto real sería en verdad mucho mayor si se considera el gasto de las clases más elevadas.
El control de los supermercados sobre la oferta de alimentos se incorpora en realidad a todo un sistema de producción controlado por oligopolios en todos los eslabones de la cadena alimentaria. Esto quiere decir que un núcleo de poder cada vez más fuerte (los supermercados) puede imponer sus condiciones a los productores, acopiadores, procesadores y transportadores. Todos deben responder a las exigencias del supermercado para poder dar salida a sus productos, pero los únicos capaces de hacerlo son los integrantes del oligopolio que se va formando en cada eslabón. También los consumidores pasan a formar sus hábitos alimentarios de acuerdo a los precios y productos que se ofrecen en el supermercado.
El problema fundamental que surge con este sistema es que los principios a los que responden las políticas comerciales de los supermercados no son los de calidad, salubridad, responsabilidad o justicia social; son los principios del marketing y la competencia en el mercado.
Para vender un producto, más que calidad o salubridad del mismo, hace falta vender una imagen. Los productos exigidos por los supermercados deben poseer óptimas condiciones en cuanto a su apariencia, sin considerar que la misma es obtenida las más de las veces por medio de la aplicación intensiva de químicos agrícolas que pueden ser perjudiciales para la salud. Además, la oferta de productos alimentarios debe ser constante en el año, hecho que obliga a almacenar durante mucho tiempo o a transportar largas distancias algunos productos, no sin evitar mientras la aplicación de químicos. Los consumidores terminan así perdiendo la noción de la temporalidad de la producción, dejan de consumir productos frescos de estación, y pasan a consumir productos con elevados niveles de tóxicos cuya disponibilidad y precio dependen de los mercados interno y externo.
En cuanto a la producción, de más está decir que para obtener productos a buenos precios hace falta o explotar a los trabajadores, o valerse de las economías de escala que son intensivas en capital. Las exigencias de cantidad constante y calidad (o imagen) de la producción que imponen los supermercados terminan por ahogar a los pequeños productores, quienes no encuentran vías de salida de sus productos al mercado. Así, los oligopolios de la oferta y la producción se fortalecen mutuamente. Al exigir determinadas características cuantitativas y de apariencia de la producción se está favoreciendo el crecimiento de grandes empresas agrícolas que, además de ser las únicas que pueden adecuarse a estas exigencias productivas, son las únicas que están en condiciones de aguantar los mecanismos financieros de pago por los productos (algunos supermercados están pagando seis meses después de la entrega de los productos!!)
Dado que una buena parte de productoras agrícolas y supermercados están en manos de extranjeros y que, si no están en manos de extranjeros responden a una lógica de mercado internacional, se puede afirmar que este año el crecimiento de enormes proporciones del control extranjero sobre la producción alimentaria ha sido de enormes proporciones. Esto perjudica directamente a nuestros consumidores, ya que impide el acceso a los alimentos necesarios para llevar una dieta balanceada. El caso de la carne es el ejemplo más ilustrativo y lo trataremos en el siguiente apartado.
La falta de presupuesto para el INAN.
El único estamento encargado de velar por la seguridad alimentaria en el país es el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Éste funciona como una dependencia del Ministerio de Salud, lo cual quiere decir que no tiene fondos directamente asignados por el Presupuesto de la Nación. Si bien este Instituto ha hecho lo suyo, la falta de recursos y de coordinación interinstitucional dificultan su trabajo.
El INAN ha realizado demandas a productores y proveedores por no adecuarse a las leyes vigentes en el país. En uno de los casos se constató la comercialización de harina de trigo no enriquecida con hierro, siendo que la ley obliga. En otro caso se hizo una demanda contra una transnacional que comercializa sucedáneos de la leche materna y que se negaba a etiquetar el producto como establece la ley. En ambos casos se ha ganado el juicio.
Por un lado, se debe entender que ocuparse de la alimentación no pasa simplemente por educar a la población en cuestiones alimentarias, sino por la creación de un sistema alimentario que regule de acuerdo a las necesidades de la población la producción, el acopio, el procesamiento, el transporte, el expendio y el consumo. Se necesita primero garantizar el acceso a los alimentos adecuados para después educar sobre cómo manipularlos y consumirlos. Por otro lado, se debe considerar la importancia de la labor de las instituciones que se encarguen de estas cuestiones y asignar presupuestos que satisfagan las necesidades reales de las mismas.
Cambio climático y alimentación.
La producción de alimentos está íntimamente ligada a las condiciones ambientales, y de manera fundamental con aquellas climáticas. El cambio del clima que se está dando a escala planetaria ya ha comenzado a dejar ver sus consecuencias en la agricultura. Las sequías e inundaciones que se alternan de unos períodos a otros destruyen cultivos e impiden que se planten nuevos, perjudicando así la producción alimentaria.
A nivel mundial, se espera que estos fenómenos encarezcan los precios de productos alimentarios y de materias primas en los próximos años. Dadas las actuales políticas de producción del país, podemos esperar que nuestro territorio siga funcionando como un granero especulativo que apuntará a la producción de los bienes mejor cotizados a nivel internacional. Esto significa que comenzará a ocurrir lo mismo que ocurrió con la carne este año con otros productos alimentarios: que, dados los elevados precios internacionales, los productores se ven motivados más que a nada a exportar su producción y eso produce una escasez en el mercado interno que, como se observó en los últimos meses de este año disparó los precios a niveles que muy poca gente puede pagar para equilibrar la oferta y la demanda.
Con mucho orgullo y algarabía se festeja en los medios de comunicación el aumento de las exportaciones de carne que ya a fines de setiembre había superado en 107 millones de dólares los ingresos de todo el año anterior (Última Hora, 13 de octubre: 10). La otra cara de la moneda es la de los consumidores que se lamentan la escasez y los precios exorbitantes de la carne en el mercado interno, factores que disminuyen, cuando no impiden, la presencia de la misma en las mesas de las familias paraguayas. Pero, este sistema llega al ridículo cuando se anuncia que se comenzará a importar carne de la Argentina para abastecer al mercado interno. Es decir, producimos para exportar e importamos para consumir ¿Qué consideración del medio ambiente cabe en un sistema como este? ¿Cuántos millones de litros de combustible se queman y cuánto carbono se expide para transportar los 145.970.000 de kilos de carne hasta países europeos y asiáticos y cuánto de lo mismo pasa al importar desde la Argentina?
Los grandes perjudicados en la lógica de este sistema son los consumidores nacionales y el medio ambiente. El único justificativo que le queda al mismo es que aumenta las ganancias de un puñado de capitalistas tanto en el centro como en la periferia y que, según la ideología por ellos difundida, se redistribuiría entre la población en general. Los datos demuestran otra cosa. Esta dinámica sigue y seguirá concentrando en manos de unos pocos los beneficios monetarios que puedan obtenerse.
Esto nos pone delante de una violación del derecho a la alimentación y al medio ambiente sano. El Estado paraguayo, promoviendo las exportaciones de carnes, atenta directamente contra las posibilidades de todos y todas los paraguayos y paraguayas de incluirla este alimento en una dieta equilibrada, de gozar de un ambiente saludable y de producir y consumir otros alimentos sanos. Se ha llevado al país a un estado completamente vulnerable a los resultados del juego de la gran ruleta mundial.
El deterioro del ingreso real.
El poder adquisitivo de la población ha continuado este año en decadencia. El aumento relativo de los precios de la canasta alimentaria ha empeorado aún más las condiciones de vida de las familias paraguayas. Un estudio asevera que 504.000 habitantes del Área Metropolitana de Asunción AMA (de los 1.800.000 que viven en esta zona) tienen un ingreso de hasta 1 millón de guaraníes y gastan la mitad de los mismos en alimentos. Esto se da no sólo por la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del salario real, sino también por el aumento relativo de los precios de los alimentos.
Los consumidores de baja renta de Asunción y Gran Asunción aseguran que, para la compra de los productos primarios, prefieren dirigirse al supermercado, ya que éste lugar les da más confianza, y que cuando eligen los productos optan principalmente por el precio y no por la marca o la calidad. (La Nación 20.10.06 p.12)
La inestabilidad del mercado alimentario producida por la falta de planificación de la producción y del control de la cadena alimentaria por parte del Estado acentúa la inseguridad de la población en cuanto al acceso a una alimentación adecuada. Son más bien las condiciones climáticas, los mercados externos y las reformas tributarias los que rigen los precios y la oferta alimentaria. La oferta de productos hortícolas y frutales ha dependido en gran medida de las condiciones climáticas, mientras que los precios de la carne parecen depender más que nada de las dinámicas del mercado internacional. Por otra parte, desde enero de este año se ha comenzado una nueva reglamentación impositiva que incluye la aplicación del IVA a nuevos productos alimentarios y reduce el porcentaje que se aplica a otros. Mientras que los precios restringen cada vez más el poder de compra de las familias paraguayas el gobierno no tiene en planes desarrollar una política alimentaria seria que pueda garantizar el derecho a la alimentación adecuada a cada ciudadano. Al contrario, se aplica una reforma tributaria que incrementa las recaudaciones por impuestos indirectos y disminuye los directos, recayendo el peso mayor sobre los estratos medio y bajo de la población y, como ya se mencionaba, promueve una política fundamentalmente agroexportadora y centralizadora de la oferta alimentaria (la “formalización” pretendida de la economía atenta directamente contra la posibilidad de los pequeños emprendedores de continuar con sus actividades).
Durante el año los sectores privados (supermercados) han realizado una campaña de abaratamiento de productos alimentarios, pero ni la duración ni | | | | | |
