Secretaría buscará declarar inconstitucional iniciativas ciudadanas de defensa territorial.
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) mediante su Resolución 282/18 anunció que promoverá acciones de inconstitucionalidad contra las Ordenanzas y Resoluciones Municipales emitidas por las Municipalidades de Villa Oliva, Capi´ibary y Loreto que establecen medidas de protección territorial contra el uso de agrotóxicos y el avance de los cultivos transgénicos.
Durante los años 2016 y 2017 pobladores y pobladoras de los municipios de Villa Oliva, Loreto y Capi´ibary impulsaron iniciativas locales en defensa del medio ambiente y la salud ante el avance de los cultivos trangénicos y las fumigaciones en sus localidades. Estas iniciativas se basan en el artículo 166 de la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica Municipal que reconocen la autonomía de las Municipalidades para dictar normativas que busquen “ la preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos naturales significativos; la regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad ambiental del municipio; la fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo convenio con las autoridades nacionales competentes”.
Según el SENAVE las Ordenanzas y Resoluciones Municipales que regulan el uso de cultivos transgénicos y agrotóxicos usurpan funciones propias de esa secretaría de Estado por lo cuál serían inconstitucionales.
En declaraciones a BASE-IS el abogado e investigador Abel Areco, aduce qué esta intención del SENAVE carece de sustento lógico y jurídico, ya que la Secretaría pretende imponerse sobre los Municipios en asuntos donde la propia Carta Magna y la Ley Orgánica Municipal les otorga autonomía, “el SENAVE no puede pretender imponerse por sobre la voluntad de los vecinos y vecinas en sus propios territorios, sin tener siquiera capacidad para controlar el respeto a la normativa ambiental vigente en esos lugares” señaló.
Areco pidió al SENAVE respetar la autonomía de los Municipios y la decisión de los vecinos y vecinas, así como la Constitución Nacional y los Convenios Internacionales sobre protección del ambiente y añadió que las regulaciones ambientales y de ordenamiento territorial por parte de los municipios, se ajustan perfectamente a las normas legales vigentes en el país.
Abel Areco es autor del libro Defensa Territorial, donde se recogen experiencias de iniciativas locales para la defensa del medioambiente y la agricultura campesina. El investigador recordó que ya allí se señalaba que “las iniciativas no solo están argumentadas con disposiciones jurídicas sino que en las mismas se observan también argumentaciones con relación a la economía campesina, a la seguridad alimentaria, la preocupación por el ambiente, la importancia del consumo de alimento sano, la destrucción de la biodiversidad, el cambio climático, el modelo de desarrollo entre otros.
La resolución por la cual SENAVE promoverá estas demandas de inconstitucionalidad deja abierta la posibilidad de tomar la misma medida contra otras iniciativas similares que existen en diferentes municipios del país donde las organizaciones sociales y la comunidad han impulsado legislaciones locales que protejan a la agricultura campesina, al medio ambiente y a la salud humana, ante el avance del agronegocio y sus consecuencias negativas. En este sentido cabe resaltar que existen al menos otros cinco municipios donde rigen normativas similares y que en todos ellos la población ha utilizado estos recursos jurídicos como forma de proteger sus territorios y su calidad de vida.
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