Así se denominó la primera mesa del seminario Desarrollo, militarización y criminalización organizado por BASE-IS, Diakonía y el Servicio Paz y Justicia, realizado en el marco del IV Foro Social de las Américas, y que contó con ponencias de académicos, defensores de derechos humanos y militantes sociales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
El seminario pretendió constituirse -y lo logró- en un espacio de reflexión y análisis sobre las estrategias que utiliza el capital para garantizar que sus intereses económicos no se vean amenazados por las luchas de nuestros pueblos. Si bien en pocas páginas no se puede resumir la riqueza del mismo, a continuación se presentan algunas de las principales reflexiones.
Al analizar La expansión del Plan Colombia y la remilitarización del continente, Ana Esther Ceceñasi planteó que el Plan Colombia debe ser entendido como estrategia general de militarización del continente, desde donde el capitalismo funciona sobre la base de la agresión, la violencia, y donde las políticas tienen una visión militarista. Los intereses de la mayor potencia del mundo están íntimamente vinculados a las riquezas naturales y a la importancia geopolítica de nuestro continente. El trazado de militarización y control abarca, por un lado, a Colombia y el Canal de Panamá, por otro, el Caribe y, en el sur, el enclave es Paraguay.
La intención es extender el Plan Colombia a otros lugares; Paraguay es el enclave ideal para el Cono Sur y es donde se ha intentado extender el Plan Colombia ya en varios momentos. Hoy se instala la idea de que hay un ejército, el EPP, que está poniendo en riesgo la seguridad nacional, la seguridad hemisférica. Hubo otros casos en que se han montado similares situaciones, y ese simple hecho de denunciar que hay ahí una fuerza supuestamente terrorista o desestabilizadora, justifica la militarización, justifica estar allanando moradas de campesinos o de la gente del lugar, justifica detenciones.
Por su parte, Marco Romeroii, expuso cómo el militarismo ha prendido en toda la sociedad colombiana, relatando que la política del presidente Uribe hoy se autodenomina política democrática. Dado que había que abandonar la seguridad nacional de la época de la guerra fría, se acuñó el nombre de seguridad democrática, logrando así legalizar e institucionalizar formas autoritarias de seguridad, las cuales van acompañadas de una gran habilidad mediática y discursiva.
Indicó asimismo que el movimiento de los derechos humanos está de acuerdo con un concepto de seguridad democrática, es decir, en el que la seguridad y las fuerzas del Estado se utilicen para garantizar los derechos de las personas, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los pueblos de las regiones. Ese concepto es inobjetable desde el punto de vista teórico, recalcando que en la práctica el uribismo no es ningún modelo de seguridad democrática, sino un nuevo modelo de seguridad nacional, un modelo de autoritarismo y de seguridad profundamente antidemocrático. Algunos de sus elementos fundamentales son:
a. El Estatuto Antiterrorista, que posibilita allanar las sedes de las organizaciones de los partidos, de las personas, las residencias, sin orden judicial. Detener a personas e interceptar sus comunicaciones sin orden judicial. Entregar las funciones de investigación de estos hechos a las fuerzas militares;
b. Ley de Seguridad Nacional, en donde se establece la realización de allanamientos, detenciones y otra serie de medidas; y,
c. Las Redes de Informantes Civiles, es un programa que no tiene control civil, nadie sabe cómo opera, lo único que se sabe es que ha dado lugar a arbitrarias detenciones masivas de ciudadanos.
A las Organizaciones de Derechos Humanos nos llaman la guerra jurídica y el brazo jurídico de la insurgencia. Dicen que desprestigiamos la imagen del país ante la comunidad internacional en foros como éste o en escenarios europeos o estadounidenses. Colombia es un laboratorio de resistencias muy importante, a veces desde la institucionalidad, a veces desde afuera, aunque desafortunadamente hoy sea más un escenario de intervencionismo.
Sonia Wineriii por su parte planteó, que en la actualidad con las nuevas formas de guerra y su redefinición mundial en torno a la amenaza denominada terrorista, se reconfiguran escenarios bélicos que traen aparejada una mayor presencia militar, así como también cambios en los marcos legales. La oposición a la implantación de este sistema depende en gran medida de la capacidad de resistencia de los movimientos sociales y de las organizaciones de los explotados, así como de la capacidad de construcción política de estas fuerzas, de las fuerzas que asumen la defensa del proceso de democratización. Éstos se encuentran obligados a visibilizar claramente los poderes reaccionarios que lo amenazan, así como una multiplicidad de modalidades que se despliegan para hostigarlo, identificando y potenciando a su vez las oportunidades que plantea un nuevo escenario en el cual aparecen elementos doctrinarios contradictorios a nivel nacional y regional.
Señaló que es necesario humanizar la seguridad y soberanizar la defensa, constituyendo un nuevo pacto para que la humanidad desarrolle lazos societales de confianza solidaria, donde la sociogénesis de la violencia, propia del capitalismo, se pueda revertir potenciando y construyendo, reconstruyendo la política, recuperando las experiencias acumuladas por las tradiciones de rebeldía, como acá lo ha sido el Congreso Democrático del Pueblo, la conformación del Espacio Unitario Congreso Popular. Construir un proyecto que asegure la vida de las mayorías antes que la desvalorización de las mismas, es un desafío para nuestros gobiernos.
Ana Juancheziv señaló que el fenómeno de la militarización tiene una variedad de elementos: el control sobre el territorio; el control sobre los bienes o recursos naturales; el control de la población en general y especialmente de la población organizada resistente a las ya históricas deudas externas; mecanismos expoliativos de nuestros pueblos; nuevas formas de control blando o de militarización blanda: la inyección de cooperación para el desarrollo; y, las tan emblemáticas y tan discutidas políticas sociales de los nuevos gobiernos progresistas.
En la geopolítica del continente vienen emergiendo nuevos actores, con un ímpetu y con una intervención nada pequeña a la hora de leer los impactos que sus acciones tienen en nuestras poblaciones. El país vecino, Brasil, una potencia que emerge en el territorio y que emerge en la región, con una fuerza impresionante no solo a nivel militar sino también económico, con las llamadas multilatinas o las traslatinas. Son megaempresas de grandes capitales, vinculadas a dos rubros: la industria bélica y la industria de gigantescas infraestructuras para el desarrollo, y que impactan sobre todo en las condiciones a través de las cuales los pueblos van desarrollando su capacidad de producir la vida.
Un proyecto que surge a iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, es apoyado por Brasil a través de su Banco Nacional de Desarrollo Social y se expande a través de ocho corredores multimodales que son, de alguna manera, la garantía para la tendencia de primarización de la economía de nuestro continente que tiene su sustento en la política del extractivismo. Es un iniciativa multiconectada que a través de helipuertos, hidrovías, megacarreteras, facilita la posibilidad de que los bienes salgan de nuestro territorio eficientemente.
Mirar este análisis y focalizarlo particularmente en la región de la Triple Frontera, implica mirar el fenómeno del armamentismo y de la militarización como un gran negocio del Pentágono. Son las nuevas formas de intervención en Paraguay, nuevos dispositivos militares y la nueva agenda de securytización de la región del Cono Sur con énfasis en Paraguay y que se viene implementando hace tiempo, el rol que ocupan las élites locales en este fenómeno, que son las grandes burguesías económicas y políticas.
La seguridad interna basada en planes y acuerdos, donde la policía y las fuerzas armadas cooperan para la preservación de la seguridad nacional borrando las fronteras de dos funciones específicas de un Estado, para el que cualquier cosa es una amenaza, y el enemigo es el campesino que corta la ruta, el enemigo es el que ocupa la tierra, las periferias urbanas organizadas reivindicando derechos, y esos enemigos son combatidos por estas fuerzas conjuntas asociadas.
Para Paraguay la agenda es muy notoria en esta sintonía, desde el informante, la modificación de la ley de objeción de conciencia, la aprobación de la ley antiterrorista, entre otras. La configuración desmedida de una amenaza: el Ejército Popular Paraguayo compuesto por 14 personas, justifica la dilapidación de recursos en dispositivos de inteligencia, dispositivos de policía ejecutiva en las calles, barricadas militares. Otro elemento es la articulación y funcionalidad de los medios de comunicación masiva para levantar este show del miedo a través de la hiperabundancia de información y la reiteración hasta el hartazgo de una verdad que ha sido previamente configurada, editada y una narración que simula ser veraz, y que se monta sobre los hechos. Ana Juanche, concluye diciendo que se está instalando el Plan Colombia en el Paraguay.
i Investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
ii Campaña Nacional e Internacional Por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia
iii Investigadora de la Universidad de Buenos Aires UBA- Argentina, sobre temas de criminalización regional.
iv Secretaria General, Regional. SERPAJ AL
