VICEMINISTRA HABLA SOBRE LA POLEMICA CONVENCION DE BADAJOZ. Paraguay está en camino de ratificar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, o Convención de Badajoz. Los sectores más duros de la Iglesia Católica se oponen. En esta entrevista la viceministra de la Juventud, Diana García, rebate los argumentos de estos movimientos y explica por qué es importante para el país contar con este instrumento.
¿Qué es la Convención de Badajoz?
Es la convención que en el 2005 se realiza en la ciudad de Badajoz, donde representantes de 22 gobiernos firman ante la necesidad de que exista un instrumento consensuado a nivel de Estados, específico, sobre los derechos humanos para jóvenes. Se ha avanzado a nivel mundial para proteger los derechos de niños y mujeres. Pero el tema de los jóvenes es una agenda pendiente.
¿Por qué es importante?
Porque es un instrumento de derechos humanos específicos, que garantiza los derechos de los jóvenes y los considera como actores estratégicos para el desarrollo, obligando a los Estados a construir políticas específicas para los jóvenes. Para nuestro país es sumamente importante, porque no tenemos específicamente leyes nacionales de juventud, para proteger o garantizar derechos de los jóvenes; ante una situación a la que nosotros nos enfrentamos de reconstruir una institución, que fue el Viceministerio de la Juventud, que deje de ser un apéndice y esté limitado a la administración burocrática y transformarlo en un órgano rector de política públicas. Si queremos seguir ese camino necesitamos de alguna manera tener un marco paradigmático para decir hacia dónde ir. Entonces elegimos hablar de la perspectiva de derechos humanos. ¿Qué es una ratificación? Es poner una voluntad política en decir: Sí, vamos a trabajar por los derechos de los jóvenes. Y nosotros queríamos utilizar esa convención, más nuestros datos de la encuesta y los proyectos piloto que tenemos para decir que es importante invertir en presupuesto. Tenemos realidades hoy impostergables, que tienen que ver con derecho a la educación, a la salud, al ocio y el deporte. Hay datos importantísimos que revelamos en la Primera Encuesta Nacional de Juventud: de 15 a 19 años la población no está estudiando. Otro tiene que ver con la salud, la mayoría de los que están trabajando no cuentan con seguro médico de salud.
¿Cuál es la situación actual en el proceso de ratificación?
Ya tenemos la ratificación de la Cámara de Senadores. Tenemos un dictamen favorable en todas las comisiones de la Cámara de Diputados. Nos hemos acercado a hablar con todas las comisiones que nos pudieron recibir y jefes de bancadas. Todavía no tiene fecha de tratamiento en Diputados.
Somos la instancia rectora con menos presupuesto. Nuestro presupuesto es de solo 480 millones de guaraníes al año. Es lo que gasta en un día la Justicia Electoral. Es importante tener la ratificación porque nos vamos a integrar a nivel regional y tener acceso a líneas de cooperación, al no tener presupuesto.
¿Por qué cree que se genera esta reacción en contra?
Creo que fue una coyuntura, que tiene que ver con la discusión dada por el Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad y hablar de la perspectiva de derecho, de la perspectiva de género, entender los conceptos de protección de derechos humanos … genera como un temor. Es muy fácil rechazar, rechazar y rechazar, y lo que queremos saber es cuál es la propuesta. Porque como Estado no podemos dejar de hacer ante realidades que son innegables y que nos muestra la encuesta, como el crecimiento del índice de infectación del VIH en la población joven; aumento del embarazo adolescente. Al viceministerio no se acercaron, por eso no hicimos una respuesta pública. Vimos lo que la prensa publicó. Creemos que es una mala interpretación: una convención nunca puede estar por encima de la Constitución Nacional. Quince a 24 años es una edad social, no de marco de mayoría de edad. Sigue en vigencia el Código de la Niñez y la Adolescencia. O es una mala interpretación o no se están informando.
¿Es cierto que los padres pierden la patria potestad?
No, la convención está reforzando la idea de la importancia que tiene la familia en la educación ampliamente entendida, de los hijos. No atenta con una cuestión de familia. Hay que entender que la mayoría de edad es la que te habilita a tener ciertos derechos. Una cuestión es ejercer la ciudadanía en las elecciones o tener acceso al consumo de alcohol. Pero eso no implica que los niños, adolescentes y jóvenes no tienen derechos antes de ser mayores de edad. Es sumamente importante no confundir la mayoría de edad con la edad o población meta, beneficiaria de un derecho o un proyecto social específico. Y sobre todo entender que necesitamos trabajar con la familia, la educación.
¿Qué viene después de esta ratificación?
Esto es un paradigma. Nosotros ya tenemos un Plan de Juventud, que nos va a permitir decir que tenemos que hacer algo en educación para evitar la deserción. Algo en salud, para que haya mayor acceso a usuarios. Tenemos datos importantes, como que el principal medio de transporte de la juventud hoy es la moto; el 43% se mueve en moto. Algo tenemos que hacer. La convención nos genera un paradigma; decir que el joven necesita ser protegido, porque tiene características especiales. Esto puede servir para que cada gobierno central y de nivel local pueda construir sus políticas públicas.
Es muy importante si se investiga por ejemplo todo lo que significó el Código de la Niñez y de la Adolescencia para la construcción de políticas: surgieron las Codeni, se logró articular Estado central con estado a nivel local. Lo que significó una ratificación de la convención de las personas con discapacidad. Lo que pasó con las mujeres, con el documento de Beijing, cuando se habla de la importancia de trabajar por la no violencia de género. Muchas veces decimos que algo se ratifica y no sabemos qué pasa. Hay mucho por hacer, para traducir que esto llegue a algo concreto. Pero si miramos nuestro país antes de estos instrumentos legales vemos que son diferentes.
De los 22 países que firmaron la convención, seis la ratificaron. ¿Los demás por qué no la ratifican?
Están en proceso. Puntualmente Brasil y Argentina tienen leyes de juventud mucho más avanzadas y consideran que esto es un poco light. Tienen mayor autonomía, organizaciones juveniles más importantes. Sus leyes ya hablan de que tienen que tener participación en los presupuestos, en consejos locales. Para nosotros en la coyuntura sería algo, ya que hay un vacío a nivel legal. Algo con lo cual decir: esto es lo que tenemos que hacer. Las leyes representan eso: un consenso, y expresan la voluntad política de un Estado que dice: firmamos esto porque si como Estado tenemos que garantizar una perspectiva de derechos humanos, hagámoslo también para los jóvenes. Porque es un sector que está olvidado, en el presupuesto, en las leyes, en las políticas públicas, no en el discurso.
Básicamente, ¿se necesita la ratificación de la convención para conseguir recursos?
Claro. Con esto directamente podemos tener proyectos y ser agentes. Porque no somos ordenadores de gastos. Lo que queremos es desde los lugares de financiamiento trabajar directamente con las organizaciones juveniles. Si como país demostramos y damos la ratificación como voluntad política se van a abrir esas líneas de financiación, ya que nuestro presupuesto es exiguo. Y no para el viceministerio, sino para las organizaciones y la juventud.
Imagen. Diana García, viceministra de la Juventud.
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