Asunción, 13 de junio 2023 (BASE-IS) El desalojo forzoso sufrido por la Comunidad Indígena Mbya Guaraní 15 de enero, el pasado viernes se convirtió en el trigésimo sexto episodio de violencia contra comunidades indígenas en los últimos 3 años. Los desalojos contra comunidades indígenas se dan en abierta violación a lo establecido en las leyes nacionales y a los estándares de DDHH a nivel global.
La Comunidad 15 de enero fue desalojada por segunda vez, lo mismo había ocurrido ya en octubre del 2022, cuando durante un procedimiento policial fueron desahuciados de sus tierras y varios integrantes de la comunidad habían resultado heridos y detenidos. Según denuncia la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), las aproximadamente 20 familias que componen la comunidad, abandonaron sus tierras sin oponer resistencia ante la presencia policial, «temiendo represalias, y sin poder llevar consigo ninguno de sus bienes materiales, cultivos o animales».
La CODEHUPY agrega que el acto «ha dejado a 20 familias en el costado de la ruta, específicamente en la zona conocida como Mil Palos, entre las personas afectadas, se encuentran 41 niños y niñas de corta edad». Al respecto la investigadora Lis García, de BASE-IS, señala que las infancias indígenas sufrieron particularmente el impacto del recrudecimiento de la violencia, «murieron bebés, hay niños y niñas con enfermedades que no son atendidas en contextos de completa exclusión» menciona, rememorando algunos acontecimientos de los últimos años.
Profundizando en las situaciones de violencia contra comunidades indígenas, García menciona que va del 2023 fueron desalojadas y/o atropelladas-reprimidas por fuerzas policiales y civiles armados al menos 6 comunidades indígenas. «Con esto, en el periodo de Abdo Benítez, entre el 2020 y el 2023 las comunidades indígenas sufrieron al menos 36 casos de desalojos forzosos y/o amedrentamientos, represiones, agresiones por parte de la policía y/o civiles armados, muchas veces en articulación» menciona.
Si bien existe una amplia protección jurídica sobre el territorio y los derechos de las personas indígenas; esta normativa ha sido reiteradamente violada por agroempresarios y por el propio Estado en los últimos años. El aumento de la violencia contra comunidades indígenas coincide con el proceso de expansión del agronegocio que pretende seguir acaparando tierras en la Región Oriental, dónde los últimos territorios que permanecen fuera del modelo son aquellos donde existen comunidades campesinas e indígenas.
Tras lo acontecido con la Comunidad 15 de enero la CODEHUPY recordó al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, «que una de sus promesas al asumir el cargo, fue que velará por los derechos de las comunidades indígenas» y exigió una pronta investigación de este desalojo ilegal y una respuesta por parte de las autoridades competentes.
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