Asunción 2 de octubre 2025 (BASE-IS) Más de 500 familias campesinas de la comunidad 1 de Marzo JOAJU, en Canindeyú, hicieron público un comunicado en el que reclaman al gobierno de Santiago Peña acciones inmediatas para garantizar su derecho a la tierra y frenar el hostigamiento judicial, policial y paramilitar del que son víctimas.
El documento señala que las 4.500 hectáreas que ocupan corresponden a tierras públicas usurpadas durante la dictadura stronista y tituladas de manera irregular a nombre de la empresa Perfecta S.A., vinculada a la familia Bendlin/Cartes. Investigaciones de la Comisión de Verdad y Justicia confirman que se trata de tierras malhabidas y que los títulos otorgados carecen de validez legal.
La comunidad denuncia que, a pesar de esas evidencias, el Estado paraguayo y los sucesivos gobiernos se han negado a recuperar las tierras públicas robadas, protegiendo a los sectores empresariales responsables de uno de los hechos de corrupción más graves de la historia reciente: la apropiación de más de 7 millones de hectáreas mediante interpretaciones amañadas del Estatuto Agrario de 1963.
En su comunicado, las familias solicitan tres medidas urgentes: la declaración del asentamiento de hecho en base a los informes ya elaborados por el Indert y la Comisión de Reforma Agraria; el cese inmediato del hostigamiento judicial, policial y de grupos paramilitares; y el avance en la recuperación de tierras malhabidas, garantizando el derecho a la tierra para quienes la trabajan y producen alimentos.
“Solo así se podrá otorgar seguridad jurídica a las más de 500 familias ya arraigadas en la comunidad”, expresan. Con este planteo, el asentamiento 1 de Marzo JOAJU vuelve a poner en el centro del debate nacional el problema de las tierras malhabidas y la necesidad de que el Estado paraguayo asuma su responsabilidad histórica en la recuperación y redistribución de la tierra.
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