A 10 meses de la masacre, no descartan hacer una gran ocupación en Marina Cue

Cansados de la injusticia en torno a las tierras estatales y de la investigación capciosa y revictimizadora de la fiscalía.
La audiencia preliminar de 13 campesinos y campesinas del caso Curuguaty iba a retomarse este lunes 15 de abril, a 10 meses de la masacre. En ese escenario parecía oportuno refrescar sobre Marina Cue y ver cómo las familias de víctimas llegaban a la misma, concidiendo con nuevas denuncias de fumigaciones sojeras irregulares en el predio. Finalmente la jueza del caso, Janine Ríos, decidió pasarla al 29 de abril por razones logísticas de la policía.
Repasando los antecedentes de aquellas tierras, Mariano Castro, presidente de la asociación de víctimas, familias y sintierras de la zona, relató que hasta 1999 la Marina había estado ocupando el predio. Que en 2004 Blas N. Riquelme ya usurpaba esas tierras con su ganado y con cultivo mecanizado de soja.
En ese año, un pedido de ampliación de tierras de la colonia campesina Yvypyta, de donde saldría el grueso de los ocupantes que cayeron en junio último, recibió un acompañamiento del gobierno de Duarte Frutos. A través de un decreto, éste destinaba esa finca a la reforma agraria, priorizando la entrega de ellas a los peticionarios.
Don Castro -que perdió a su hijo Adolfo(28) en la masacre y que tiene presos a dos más de ellos Néstor(30) y Adalberto(24)- comenta que entonces el gobierno requirió las tierras a los Riquelme, y que éstos pidieron que se les espere 6 meses, hasta tanto cosechen todo su cultivo de soja que tenían ahí. En esos meses esta familia habría conseguido la medida judicial de usucapión por dicha tierra, explica.
“La gente cree que Marina Cue siempre tuvo 2mil hectáreas porque nosotros habíamos pedido esa cantidad para la ampliación de la colonia. En realidad Marina Cue tenía 5mil, sólo que después se fueron adueñando de ellas”, dice el agricultor y padre de familia.
A partir de la usucapión los Riquelme se pusieron duros, y desde entonces las familias sin tierra empezaron con medidas de fuerza. “Este fue el séptimo desalojo -el que terminó en masacre-. La gente ya estaba cansada y decidió resistir”, dice contudente.

Fumigan a 5 metros de la gente
La semana pasada las familias de Marina Cue denunciaron fumigaciones en el lugar, sin importar a los responsables que a escasos metros están asentadas familias campesinas. A pesar de un recurso de no innovar en labores agrícolas en esa finca, que fue presentada por la Procuraduría, productores sojeros realizaron pulverizaciones el martes y miércoles último, preparando el terreno para cultivos de invierto.
BASE IS constató el no cumplimiento de los productores sojeros de ciertas normas ambientales, como la de no respetar la franja libre de 100 metros desde la ruta hasta los cultivos, la no tenencia de barreras vivas adecuadas y la fumigación a escasos 10 metros de la ruta. Sin embargo, lo más grave de todo es que fumigaron hasta a 5 metros de distancia de las 60 familias encarpadas al borde de la finca.

El farwest pero en la frontera Este
El caso de Marina Cue, desde sus inicios, es la expresión de cómo en Curuguaty los poderes de facto económicos-políticos siguen solucionando las cosas con sus propios códigos y leyes, más que las convenidas en un estado social de derecho. El asesinato del dirigente Vidal Vega se enmarca en este tipo de soluciones, y no puede estar desconectada de la masacre central.
Según testimonios locales, el dirigente que fue acribillado por dos sicarios el 1 de diciembre último, manejaba informaciones que podían implicar aún más a estos poderes en la responsabilidad de la matanza de campesinos y policías.
En varias reuniones Vega había comentado con sus compueblamos que él sabía cosas en torno al administrador de los Riquelme, de la estancia Morombí, pero no brindó detalles. Habría dado a entender que la misma administración de los Riquelme habría costeado el fatídico desalojo del 15 de junio.

Investigación irregular
Como si no fuera suficiente enterrar o ver presos a hijos, las familias en torno a Marina Cue miran con indignación cómo la investigación fiscal sobre los hechos apunta a cerrar condenas sobre la cabeza de los campesinos. Incluso mostrándolos como los responsables de lo que sucedió.
“La justicia quiere condenarlos, pero nosotros no estamos de acuerdo, se tiene que investigar. No puede ser “asociación criminal” lo que ellos hicieron. No es así, ellos estaban peleando por un derecho y fueron atropellados”, sentencia don Castro.
“Acá se busca tener un único culpable, el campesino -sigue diciendo- el que no es culpable. Se tiene que investigar a la policía, a los fiscales que dieron la orden de desalojo, ¿acaso para ordenar algo así los Riquelme no debieron mostrar títulos? Se tiene que investigar al ministro del Interior de entonces, a los jefes policiales, a los Riquelme, por usurpar las tierras del Estado, y finalmente a los parlamentarios, por como usaron la situación”.
Lo que expresa Castro no es solo un sentimiento de las familias de víctimas o colectivos sociales, el mismo reclamo ha llegado desde las instancias internacionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos, que en la primera quincena de marzo estiró de la oreja al Estado paraguayo en torno al caso. El organismo cuestionó que exista una sóla línea de investigación que recae sobre los campesinos y que la misma no indague sobre las ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y denuncias de tortura de campesinos.
Dadas así las cosas, comenta don Castro que vienen analizando las estrategias que irán tomando de acuerdo a los resultados políticos y judiciales próximos. “Podríamos hacer una ocupación masiva de ser necesario, pero esto recién se está conversando, no es una decisión”, aclara

FOTO: Mariano Castro muestra los límites de la finca de Marina Cue lindante con Campos Morombí.

Comentarios

comentarios