Agronegocios: de contramano a la justicia social

Una idea que por sentido común no debiera estar en discusión, es aquella que sostiene que en un país determinado, aquellos sectores económicos que tienen mayores niveles de ingresos deben aportar mayores recursos en concepto de impuestos al Estado, de modo a lograr una justicia tributaria, que le permita realizar cierta redistribución de la riqueza entre la población, de modo a que el sistema económico resulte beneficioso para todos los sectores, y no solo para algunos.

Pero el sentido común es el menos común de los sentidos, nos recordaba Eduardo Galeano. En el Paraguay no se ha podido cumplir con aquella idea, puesto que en el país se han implementado dos reformas impositivas de naturaleza neoliberal, la primera en 1991 y la segunda en el 2004. Estas reformas han terminado de configurar un sistema impositivo claramente regresivo, donde no aportan más los que ganan más, dado que los principales impuestos son los que gravan el consumo y no las ganancias, como es el caso del IVA y los Impuestos Selectivos. La estructura tributaria no cuenta con el Impuesto a la Renta Personal (IRP) en vigencia, el Impuesto a la Renta Empresarial (IRACIS) tiene una tasa por demás baja, de solo 10 %, el Impuesto a la Renta Agropecuaria (IMAGRO) logra una recaudación ínfima al igual que el Impuesto Inmobiliario. A esto se suma la inexistencia del Impuesto a la Exportación de materias primas agropecuarias.

En los últimos años se han presentado varios proyectos de ley para crear este último impuesto, pero los mismos no han podido prosperar dado el fuerte lobby del sector empresarial, con el apoyo incondicional de los más influyentes medios de comunicación. En el 2007, la Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares (CNOCIP) y el Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo Agrario (SEIJA), presentaron un proyecto que planteaba gravar las exportaciones de soja con una tasa del 12 %. En el 2010, el senador Sixto Pereira presentó otro anteproyecto, donde se buscaba gravar las exportaciones de soja en estado natural con una tasa del 12 %, de trigo al 5 %, y girasol con un 2,5 % sobre el valor exportado. Ambas propuestas fueron cajoneadas. Actualmente, el senador liberal Ramón Gómez Verlangieri ha anunciado que presentará al Congreso un nuevo proyecto de ley, donde se planteará un impuesto del 6 % a la exportación de soja y del 5 % a la carne. Esta última iniciativa, que incluso plantea tasas impositivas bajísimas, ya ha sido rechazado por los todopoderosos gremios de sojeros y ganaderos.

En el Paraguay, sin lugar a dudas, el poder económico está vinculado a la tierra, y las actividades que de ella dependen. Los sectores de mayores ganancias en el país, que actualmente disfrutan en grande del crecimiento del 14,5 % registrado en el 2010 en base principalmente a la exportación de soja y carne, son aquellos que rechazan las iniciativas que buscan una mayor justicia tributaria, entre ellos los sojeros, los ganaderos, las agroexportadoras, y los medios de comunicación que comparten negocios con los anteriores. El poder económico en el país (agrupados en la UGP, ARP, CAPECO, APS, asociados a las corporaciones transnacionales como Cargill, ADM y Bunge) ha demostrado ser profundamente reaccionario frente a cualquier iniciativa que implique alguna pequeña pérdida en sus elevadísimos ingresos, y buscará imponer sus intereses, como lo ha hecho con éxito en tantas ocasiones anteriores.

El impuesto a la exportación mencionado es una necesidad para el Paraguay, entre otras cosas para levantar la baja presión tributaria del país, impulsar un proceso de redistribución de la riqueza, desestimular la exportación de productos de escaso valor agregado, a la par de estimular la industrialización de esas materias primas dentro del país, de modo a generar mayor cantidad de empleos. El Agronegocio se opondrá a su aprobación y será apoyado por sus socios en el Congreso, por tanto este tipo de inciativas que efectivamente pueden lograr disminuir la desigualdad social en el país, solo podrán lograrse con la presión de la sociedad en general y las organizaciones populares en particular.

FOTO: Fotomontaje BASE-IS

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