Allanamiento e incautación de documentos a IA es un atentado

A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN DE DEFENSORES DE DDHH

En relación a los hechos de público conocimiento que afectan a Iniciativa Amotocodie, víctima de una intervención fiscal y policial realizada el 1 de diciembre pasado en su oficina, con el resultado de la incautación de archivos de documentación e investigación, así como numerosos elementos de trabajo, inherentes a su labor a favor de la protección de los derechos de los Ayoreos no contactados, Tierraviva expresa su creciente preocupación por la violación que esto supone, no solo a las garantías judiciales en sí mismas, sino por el menoscabo que configura la actuación de los agentes estatales involucrados del deber de protección a toda organización de defensores de derechos humanos, dada la falta de motivación real para la investigación de supuestos hechos punibles.

Frente a este hecho, no menor en una democracia, máxime en el contexto que ha vivido últimamente nuestro país, donde numerosas voces de medios de comunicación masivos y funcionarios públicos se han empeñado en confundir a la opinión pública, desvirtuando el rol de las organizaciones de derechos humanos en diversos ámbitos, desde Tierraviva consideramos menester el señalar nítidamente al poder público cuáles son sus límites, exigiéndoles el cumplimiento pleno de sus obligaciones contraídas con todos los ciudadanos bajo su jurisdicción, sean nacionales o extranjeros, por imperio de la Constitución de la República y los convenios y tratados de derecho internacional de los derechos humanos ratificados libremente por el Paraguay .

En relación a la investigación fiscal y judicial en curso en contra de IA, en conversación con sus directivos, los abogados de Tierraviva han recibido el mandato de ejercer su representación convencional en el proceso, así como la eventual defensa técnica de sus miembros, labor que hemos aceptado y que honraremos con la responsabilidad y seriedad que ha caracterizado siempre nuestras actuaciones, entendiendo en todo momento, que en este caso, no están en juego solamente derechos de particulares, sino bienes jurídicos superiores, de importancia crucial para toda sociedad democrática, como el respeto y las garantías a la labor de la promoción y defensa de los Derechos Humanos.

Asimismo, dada las desavenencias existentes entre los líderes del Pueblo Ayoreo, organizados en la UNAP (Unión de Nativos Ayoreos del Paraguay), cuya directiva ha formulado críticas y reclamos a la labor de IA, no necesariamente acompañadas por el conjunto más amplio de los demás líderes de la organización, Tierraviva ha tenido la posibilidad de contactar y conversar con todas las partes, quienes han distinguido a nuestra institución con su confianza para iniciar un profundo diálogo con el cual estamos plenamente comprometidos.

En este sentido, Tierraviva desarrollará una labor de facilitación y mediación, teniendo siempre presente el respeto irrestricto al principio de la autodeterminación del Pueblo Ayoreo, con el objeto de generar un adecuado ambiente de discusión, información y análisis de los hechos, conducentes a satisfacer las inquietudes y demandas, las críticas y los cuestionamientos, a partir de las respuestas que se deben dar a quienes las han formulado.

Por último, dada la ligereza con que se ha actuado desde la fiscalía, sus agentes no han hecho otra cosa sino abonar la convicción que Iniciativa Amotocodie es víctima de una persecución penal instrumentada a favor de intereses ajenos a la justicia, y que todo lo realizado por el Ministerio Público no tiene por centro la búsqueda de la verdad y ni la protección de los derechos de los indígenas, sino la intención de afirmar en la opinión pública una idea equivocada sobre el rol las ONGs y los derechos humanos, con el propósito de cuestionar su legitimidad y su labor en la sociedad, tal como peligrosamente está sucediendo en el Paraguay desde hace algún tiempo.

Asunción, diciembre 9 de 2010

Oscar Ayala Amarilla
Coordinador Ejecutivo
Tierraviva

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