Balance de luchas, conflictos y violaciones de derechos humanos desde el mes de julio

Desde el observatorio de Derechos Humanos y Agronegocio empezaremos a hacer un recuento de los hechos más importantes del segundo semestre del año. El mes de julio estuvo marcado por el atropello fiscal-policial-judicial a pobladores de Tacuati Poty, la accidentada audiencia preliminar por el caso Curuguaty y una reo-cupación de las tierras de Marina Kue, también por una media sanción de la ley de impuesto a la exportación a la soja que luego fue neutralizada por la ley del IRAGRO.
A modo de antecedente de algunos hechos de meses anteriores, el 31 de mayo asesinaron de 15 tiros al ganadero Luis Lindstron en su estancia de Tacuati. Las fuentes de la policía, fiscalía y los medios masivos de comunicación atribuyeron el hecho al Ejército Paraguayo del Pueblo(EPP) sin mayores esfuerzos.
Al pasar los días, los estudios de balística comunicaron que las balas utilizadas fueron exportadas desde Colombia en 2011 por el Ministerio del Interior, para la policía especializada en combate al EPP. Una nueva hipótesis de que grupos mafiosos asesinaron al ganadero saltó después de unas semanas y la policía misma no descarta otras más.
La zona del crimen, especialmente la comunidad campesina Tacuati Poty, desde entonces estuvo marcada por el atropello policial-fiscal-policial, estas instituciones se extralimitaron y degradaron las garantías de las personas cuyas casas allanaban aparatosamente, a pesar de no contar con una orden judicial que dijeran qué específicamente estaban buscando. Seguir leyendo
En uno de los operativos policiale-fiscales durante los primeros días de junio, el comisario Ovidio Benegas quiso plantar una prueba en una casa, la propia fiscal Fanny Aguilera arrojó al suelo una asadera de comida de la familia, acusando a esta de cocinar para el EPP, sin ningún tipo de fundamentos. En el mismo lugar, los policías intervinientes robaron 35 mil guaraníes a la dueña de casa, devolviéndole después de mucha insistencia solo parcialmente el dinero. La comitiva además interrogó a niños y niñas del lugar a punta de pistolas, según denunciaron organismos defensores de derechos humanos.
El movimiento social campesino entendió todas estas acciones, motorizadas sin fundamentos ni pruebas concretas, como un hostigamiento más de las instituciones del orden público, que en la zona actúan en función a los intereses sojeros-ganaderos. Éstos sectores desean extender sus inversiones sobre las tierras que hoy pertenecen a la comunidad, denunciaron pobladores y pobladoras.
El 1 de julio el juez Julio César Areco, de Horqueta, a 428 km al Norte de Asunción, ordenó el desalojo de 14 familias agricultoras del asentamiento San Isidro de Punta Porã Ñu, ubicado en el distrito de Yvy Yaú. Estas ocupaban hace un año y medio las tierras, que pertenecen al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierras(INDERT).
El desalojo estuvo a cargo del comisario local Ricardo Caballero, quien encabezó la expulsión de las familias y la destrucción de todas las viviendas de las mismas.
Dos días después y tras la intervención de la directora local del INDERT, quien confirmó que las tierras pertenecían a la institución, el mismo juez ordenó la reposición de los y las afectados.
El 4 del mismo mes organizaciones campesinas del departamento de San Pedro, centro Norte del país, advirtieron que realizarían nuevas ocupaciones de varias estancias de la zona de General Resquín, y especialmente la de la familia Sarubbi, ubicada en el distrito de 25 de diciembre, pues aparentemente registraba excedentes fiscales.
Los voceros campesinos explicaron que agotaron todas las instancias institucionales ante el Estado y como no hubo respuesta al problema social de la falta de tierras de miles de familias, recurrirían a medidas de fuerza. También mencionaron que habían hecho trabajo de mensura de la estancia de Sarubbi, y los resultados los respaldaban.
El 9 de julio el entonces titular del INDERT, Juan Ramírez Montalbetti, expresó que el ente buscaba comprar las casi 1.500 hectáreas que pertenecen a la colonia Laterza Cue, donde viven unas 180 familias aproximadamente. Las mismas pueblan la colonia, ubicada en el distrito de Mariscal López, departamento de Caaguazú, hace 40 años. Este deseo, finalmente, se truncó al aparecer un segundo propietario del inmueble en el mes de julio.
El dirigente regional Pablo Ojeda, del Movimiento Campesino Paraguayo(MCP), explicó a Base Is que habían llegado a un acuerdo con la familia Laterza, para que esta venda al Estado sus tierras, y éste destine a las familias agricultoras. Sin embargo, hace un año entró al lugar la empresa argentina Entre Ríos, intentando desalojar a la comunidad, para establecer cultivos mecanizados.
Actualmente las tierras están en litigio, mientras tanto los pobladores y pobladoras sufren amedrentamientos y hasta se registran asesinatos en torno al coflicto. Según testimonios, la empresa mencionada utiliza capangas y moviliza a la policía y la fiscalía a su favor. El conflicto en el lugar sigue latente y puede registrar picos de violencia.
El 11 del séptimo mes el Senado paraguayo votó y aprobó un proyecto de ley para gravar la exportación de soja, trigo, maíz y girasol en estado natural. La primera vez que la aprobó fue en diciembre de 2012, de ahí en Diputados lo rechazaron en abril último, por lo que volvió a la Camara Alta en julio.
Este borrador fue introducido por el conservador y latifundista Partido Colorado, y más que un rompimiento con el sector agroexportador y las transnacionales, varios analistas políticos hablaron de una desesperación de este partido por obtener fuentes para financiar su entrante gobierno. Y por sobre todo para reproducir la manera de hacer política que le caracteriza, históricamente vinculada al trato clientelar y prebendario.
Finalmente esta iniciativa, bien vista por los sectores populares del campesinado, fue neutralizada tras la aparición de otro borrador de ley, presentado por el saliente gobierno de facto de Federico Franco y su ministro de Hacienda, Manuel Ferreira Brusquetti,a instancias de la Unión de Gremios de la Producción-UGP.
Para que no se toquen sus intereses del sector más pudiente y que menos aporta al fisco -sojeros y ganaderos- diseñó el proyecto para “encontrar” nuevos ingresos generalizando el iva de productos primarios y formalizando un poco más el ya existente impuesto a la renta agropecuaria.
Finalmente este proyecto de modificación del IMAGRO a IRAGRO se aprobaría en este setiembre, eximiendo a los sectores poderosos de pagar impuestos y castigando a las familias paraguayas y a los medianos productores rurales.
De paso, el artículo 13 del borrador de ley, de manera subrepticia, derogaba la potestad del INDERT de seguir recibiendo ingresos de parte de este impuesto y de los royaltíes de las represas binacionales. Esto afecta directamente las inversiones que el ente direccionaba a los proyectos destinados a la agricultura familiar campesina. A esto algunos analistas lo llamaron un “cuchillo bajo el poncho”.
El 15 de julio la poderosa Federación Nacional Campesina-FNC emitió un grito de guerra contra la profundización del modelo sojero y la transgenización de la agricultura en un seminario nacional. En la ocasión afirmaron que ya no permitirían el cultivo de soja en sus comunidades ni tampoco las fumigaciones. Incluso hablaron de tomar medidas de fuerza y ocupaciones de no recibir respuesta del gobierno entrante en torno a este tema y al de la reforma agraria.
Ese mismo día se reanudaba la audiencia preliminar por el caso de la masacre de Curuguaty, luego de interrumpirse desde febrero, por la recusación por parcialidad manifiesta al primer juez de la causa, José Benítez, y por un recurso de pre-judicialidad planteado por los abogados de ll de los campesinos y campesinas acusados.
Días antes una de las menores de edad acusadas en el caso denunció que su defensora pública y el propio fiscal del caso, Jalil Rachid, le plantearon recortar su pena si comprometía a uno de los líderes de la ocupación,Rubén Vilallba.
Al retomarse el proceso el fiscal Jalil Rachid terminó de presentar su acusación, caracterizada por la vaguedad, por una construcción peligrosa de vincular directamente las organizaciones de lucha por la tierra con el crimen y de acusar a las mujeres de la ocupación de Marina Kue de atraer a los policías a la emboscada el día de la masacre.
Los abogados defensores Guillermo Ferreiro y Vicente Morales presentaron 11 incidentes, los cuales en su totalidad fueron refutados por el fiscal,otra vez con respuestas ambiguas y generales, reafirmándose en sus términos anteriores.
En los días finales de julio la audiencia empezó a caldearse. La jueza mostraba a cada momento su reciente incorporación al cargo de magistrada, cortando a cada rato las sesiones por sufrir de hipertensión arterial. Enfrentó a familiares de campesinos caídos por haberse manifestado éstos frente a su domicilio para exigir justicia. A pedido del fiscal expulsó de la sala de audiencia a la historiadora Margarita Durán, porque ésta le había recriminado su actuar durante un receso.
El 30 de julio los familiares y sobrevivientes y la comunidad de Yvypytâ re-ocuparon las tierras de la masacre, bajo la consigna de “No vamos a permitir que se plante soja encima de nuestros muertos”, y ante la injusticia que rodea el caso. Hubo un despliegue policial descomunal y tensión por, de alguna manera, revivir lo ocurrido. Finalmente decidieron salir voluntariamente del lugar.
El primer día de agosto la jueza Ríos fue recusada, tras haber decidido algo insólito: permitir que la fiscalía incorpore seis nuevas cajas llenas de evidencia casi al término del proceso preliminar, las cuales no figuraban en el escrito de acusación.
También el 30 de julio indígenas toba qom cerraron la ruta Tranchaco en el kilómetro 48, ciudad de Cerrito, exigiendo que el Estado grantice a la comunidad los servicios elementales. Especialmente se manifestaron porque hace seis meses que estaban sin servicio de agua, luego de que unas maquinarias que pasaron rompieron los caños. Además reclamaron la creación de fuentes de trabajo por parte del Estado, mayor atención en salud y educación.

FOTO: Una de las afectadas por el atropello policial-fiscal-judicial en Tacuatí Poty. FUENTE: Serpaj Paraguay

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