Brasileños en tierras paraguayas

El pasado 26 de junio, un medio escrito de comunicación sacó a relucir (“Los nuevos bandeirantes nos invaden”, ABC Color, 26/07/06, p. 38/9) lo que desde el año 2000, organizaciones campesinas denuncian públicamente, sin ninguna respuesta de las autoridades ni de la sociedad paraguaya, la masiva ocupación de las mejores tierras por los brasileros y sus descendientes, quienes se adueñan de los recursos y transgreden la Constitución Nacional, leyes y reglamentos ambientales y de uso de la tierra bajo la atenta mirada –cómplice– y “control” de las autoridades de turno.

El proceso de apropiación de los recursos naturales por parte de los brasileños tiene momentos bien diferenciados:
1. desmonte y venta ilegal de rollos;
2. habilitación (ilegal) de aserraderos y hornos de carbón, que venden ilegalmente al Brasil (contrabando);
3. se apoderan de las mejores tierras del país;
4. primero estas tierras son utilizadas para la “ganadería y con el boom de la soja, la ganadería fue sustituida por grandes extensiones de siembra de soja”*.

Según el artículo, hasta la fecha se ha destruido el 80% de los montes en el país.

El caso del Departamento de Canindeyú, frontera al este con Brasil**. En esta zona del país la población brasilera y descendientes de éstos son mayoría con respecto a la población paraguaya. La población brasilera y sus descendientes son considerados los “bandeirantes modernos”, quienes se apoderan de gran parte del territorio paraguayo “sin usar la violencia ni el terror como sus antepasados”, pero la situación es peor porque en la actualidad la ocupación se hace bajo la complicidad de autoridades paraguayas, quienes son sobornadas por los brasiguayos.

La migración y ocupación pacífica de los brasileños en territorio paraguayo data de la década de los 50, este flujo fue atraído por las tierras con bosques a explotar (rollo, madera), más tarde trasladan sus aserraderos para facilitar el trabajo. Entre el 80 y 90 instalaron más de 100 aserraderos en la zona (90% ilegal) los que posteriormente fueron desapareciendo con la desaparición de los bosques ricos en rollos. Recordemos que las tierras primeramente fueron utilizadas para la ganadería y a partir del 2000 fueron sustituidas drásticamente por plantaciones de soja (antes del 2000 el cambio de rubro era en menor escala). La práctica agrícola es la más nociva de entre ambas actividades, ya que este es sinónimo de desmonte.

En la actualidad ya depredadas todas las tierras y comunidades de pequeños productores paraguayos/campesinos que habían sido beneficiados por la Reforma Agraria, los brasileros y sus descendientes ya no tienen posibilidad de seguir invadiendo las tierras pero con la mala práctica de los “encargados de la ley” en nuestro país siguen las ocupaciones.

El Art. 64 de la Constitución Nación prohíbe expresamente el arrendamiento de propiedades indígenas. Contrariamente la escribana, Ma. Leonor de Ortiz transcribe un contrato de arrendamiento de una Comunidad Indígena (Mbyá Guaraní) en la localidad de Caballero Álvarez en el Departamento de Canindeyú a productores brasileños, quienes como en la mayoría de los casos de productores brasileños en el país, no respetan ninguna de las leyes existentes, incumpliendo normas de uso de tierra, de preservación del medio ambiente y atentado contra la salud humana.

Desde el 2000 aumenta la superficie de siembra de soja en el país y con ella la desaparición y el desarraigo de comunidades campesinas (poblaciones completas, escuelas, puestos de salud, etc.). Los pequeños productores campesinos paraguayos son asediados por los grandes productores brasileños ofreciendo alto precio por sus parcelas. Actualmente, comunidades indígenas en el Departamento de Canindeyú correrían la misma suerte, con la diferencia que en este caso a los nativos se les ofrece por el usufructo de sus tierras “300 mil guaraníes en concepto de bebidas alcohólicas –caña– y víveres”, así se optan por la desaparición de poblados campesinos e indígenas para satisfacer la gran demanda de exportación del monocultivo de soja y trigo.

Una comitiva del Ministerio Público*** de la localidad Caballero Álvarez, Canindeyú constataron y denunciaron que desde hace 3 años un grupo de brasileños “mecanizan y siembran soja en el hábitat de los nativos”, infringiendo contra el medio ambiente, la Constitución Nacional**** y decenas de leyes del país, según las autoridades de la localidad.

La comunidad depredada y mecanizada es la Finca Nº 271, Bajada Guazú de 2.917 hás, según las autoridades municipales “desde el 2003 la familia Ricardo ‘quienes son responsables de la depredación y explotación ilegal de las tierras’ comenzó a explotar tres comunidades indígenas***** por intermediación de Agustín Espínola Rotela”, desde entonces depredan más de “1.200 hás y van ampliando cada año”.

Representantes del Ministerio Público en compañía de técnicos del Servicio Forestal Nacional (SFN) y la Secretaría del Ambiente (Seam) en una segunda visita a la Comunidad Indígena Bajada Guazú, no sólo constataron la depredación y explotación ilegal agrícola en las tierras, sino hallaron “semillas transgénicas y agroquímicos”, este último expuesto al aire libre “sin ningún cuidado”, además los nativos utilizan los recipientes de agrotóxicos para extraer agua del pozo.

Asta el momento “ninguna persona fue imputada por la fiscalía por la devastación y explotación agrícola de aproximadamente 600 hás de reserva de bosques de los nativos en Bajada Guazú a pesar que el hecho está plenamente confirmado y reconocidos los presuntos responsables del alevoso atropello”.

Productores brasileños utilizan las “llamadas tierras de nadie” para siembra de soja. En el Departamento de Pedro Juan Caballero las líneas internacional divisorias entre Brasil y Paraguay “se pierden en medio de extensos sojales y trigales” dependiendo de la época del año, de productores brasileños, quienes utilizan estas tierras “quebrantando una ley que prohíbe ocupar las áreas donde están ubicadas los ‘hitos’ demarcatorios de los dos países”, incluso en algunos lugares del departamento entre Pedro Juan Caballero y Capitán Bado son alambradas las líneas divisorias, evadiendo claramente la ley que prohíbe la utilización de estas tierras y su privatización. Cabe mencionar que algunos brasileños quienes se adueñan de estas tierras, Alcindo Paccinato, está imputado por delitos ecológicos (polución de arroyo con productos químicos), en la localidad de Chirigüelo con orden de detención por el fiscal Julián López en febrero de 2004. El mencionado propietario dice desconocer el uso o no de las líneas internacionales divisorias e igualmente del orden de captura por delito ambiental que tiene.

Si el Estado paraguayo tuviese la misma visión de la masiva ocupación ilegal de los brasileños como las ocupaciones de los pequeños productores/campesinos paraguayos, sería diferente la situación social y económica del país, es decir, el gobierno paraguayo tendría la voluntad política de trabajar una Política Agraria para la población campesina, en beneficio de este sector y porque no pensar en una política que beneficie a todos los sectores agrícolas, una convivencia regulada por el respeto a la persona y no por la “ley del más poderos/rico”.

Fuente: ABC Color, 20/21/22/26 y 27 de junio
*Ambas prácticas inducen a la ‘destrucción sistemática de miles de hectáreas de bosques, sin el más elemental respecto de las leyes ambientales de nuestro país’.
**En otras zonas fronterizas el proceso es similar, además hubo compras de grandes extensiones de tierras por braseros que no conocían las tierras, sino “a través de control remoto”.
***Integrantes de la comitiva: “el intendente de Caballero Álvarez, Guido Rivas Almada; el presidente de la Junta Municipal, Pedro Hernán Aveiro; y miembros de la Junta Departamental acompañados por la fiscala Gladys Vallejos y una dotación policial”.
**** Constitución Nacional (1992). Artículo 64 – DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA
Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo.
Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos.
***** Las Comunidades Indígenas depredadas y explotada ilegalmente son: Tuacupú, Bajada Guazú y Cerro Pytá en los distritos de Caballero Álvarez y Corpus Christi.

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