Cámara de Diputados pide informes sobre aprobación de Trigo HB4

Asunción, 8 de setiembre 2023 (BASE-IS) La Cámara de Diputados aprobó ayer el pedido de informe al Ministerio de Agricultura sobre la liberación comercial del trigo transgénico HB4 aprobada en mayo pasado. La solicitud fue realizada por la Diputada Johanna Ortega quien presentó una serie de consultas que deberán ser contestadas por ente agrario.

«La transparencia y la ciencia son esenciales, más aún cuando hablamos de algo que podría afectar directamente a la salud pública y la biodiversidad» señaló la Diputada al referirse al pedido de informe. Cabe mencionar que la campaña ciudadana Pan Sin Veneno viene denunciando que la liberación del Trigo Transgénico HB4 se dio sin estudios realizados a nivel nacional, ni consulta con los sectores involucrados.

Las principales consultas planteadas al MAG guardan relación con los procedimientos utilizados para la aprobación de este nuevo OGM. Se solicita además conocer cuáles fueron los estudios científicos utilizados y si los mismos fueron producidos exclusivamente por la corporación Bioceres, propietaria de la semilla de trigo transgénico HB4.

«Teniendo en cuenta los numerosos estudios que exponen los riesgos que la comercialización del Trigo Transgénico HB4 puede ocasionar en la salud de la población, urge obtener información suficiente sobre el sustento científico en el cual el Ministerio de Agricultura y Ganadería basó su Dictamen de Liberación Comercial N° 04/23» señala la solicitud presentada por la diputada Ortega. Además agrega que el pedido se sustenta en que «acorde a los establecido en los articulos constitucionales N° 7, 28 y 68. el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de toda persona de habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. De recibir información veraz, responsable y ecuánime. Y de proteger y promover la salud, como derecho fundamental de las personas y en interés de la comunidad».

El pedido deberá ser respondido por el MAG en el plazo de 15 días a fin de garantizar el acceso a la información tanto a los legisladores como a la ciudadanía en general.

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