Asunción 7 de junio 2023 (BASE-IS) Santiago Peña anunció su futuro Ministro del Interior, nada más y nada menos que Enrique Riera, autor intelectual de una de las leyes represivas más representativas de los últimos años, la Ley Zavala-Riera que criminaliza la lucha por la tierra. Los datos muestran un recrudecimiento de la criminalización en el marco de la lucha por la tierra, tendencia que se mantendría en el nuevo gobierno.
Según los datos recabados por el Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos, de BASE-IS, durante el periodo de gobierno de Mario Abdo Benítez, hasta el momento, se han perpetrado al menos 60 desalojos forzosos hacia comunidades campesinas. En el caso de las comunidades indígenas, entre el 2020 y el 2023 sufrieron al menos 35 casos de desalojos forzosos y/o amedrentamientos, represiones, agresiones por parte de la policía y/o civiles armados, muchas veces en articulación.
La Ley Riera
La Ley N.º 6830/2021, conocida como «Ley Riera-Zavala», modificó el artículo 142 del Código Penal elevando hasta 10 años la pena privativa de libertad por la «invasión de inmuebles». Es decir, pasó de ser un delito a crimen y, con ello, se eliminó la posibilidad de medidas alternativas a la prisión, lo cual contradice principios consagrados en la Constitución Nacional y el propio Estatuto Agrario.
Con esta modificación jurídica, el Estado ha recrudecido la violencia hacia comunidades campesinas e indígenas. Al respecto, Walter Isasi, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay señala que «al tener un marco penal que caracteriza como crimen la cuestión de las ocupaciones, hace que la Policía actúe con mayor agresividad, con mayor represión, se torna mucho más difícil poder reclamar los derechos cuando hay una norma penal que aumenta las penas y agrava los hechos. Entonces también sirve para justificar más agresividad en los operativos».
La investigadora Lis García añade que tras la aprobación de la Ley Riera-Zavala se registró un aumento de la violencia en el campo “más de la mitad de los desalojos, el 52%, se desarrollaron tras la promulgación de la Ley Riera-Zavala, es decir en menos de 2 años, y no solamente aumentó en términos de cantidad de los desalojos, sino también el grado de violencia de estos operativos”. “La designación de Riera como Ministro del Interior confirma la dirección que tomará el brazo represivo del Estado: más violencia hacia las comunidades campesinas e indígenas, en un contexto de vulneración de los Derechos Humanos” concluye.
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