Después de 10 largos días de audiencia preliminar, dos son los principales elementos que dan esperanza a acusados y familiares: que la Fiscalía siempre prometió probar, pero nunca dijo cómo los acusados ayudaron específicamente al EPP en el secuestro de Lindstron; y la sensatez del juez Gustavo Bonzi durante todo el proceso. Los fiscales pidieron al juez que envíe a los 14 investigados a juicio oral; mientras que los abogados defensores solicitaron que se les sobresea. El martes 28 de junio el juez comunicará su veredicto, con el cual definirá qué rumbo tomará el proceso.
La jornada
Hoy, 22 de junio, empezó el último día de audiencia preliminar con las declaraciones de los investigados Alcides Giménez González y su padre Águedo Giménez. Ambos pidieron al juez explicaciones de cómo, mediante qué, dónde y cuándo supuestamente dieron ayuda al EPP, porque hasta hoy día nunca les dijeron. También ambos denunciaron las situaciones irregulares desde el momento de su detención, la declaración ante la fiscalía en horas de la madrugada y sin ninguna garantía, pasando por una conferencia de prensa ante los medios de comunicación donde fueron presentados como miembros del EPP, hasta el año y medio de cárcel que soportan.
El juez Bonzi se limitó a explicarles que la acusación bien o mal ya está hecha por la Fiscalía y él no puede modificarla con sus palabras, por lo que se limitó a leerla. Finalmente ambos dijeron al juez Bonzi que confiaban en él y apelaban a su profesionalismo y coraje para recuperar su libertad.
Los defensores pidieron libertad
Después le tocó el turno a los abogados defensores. La totalidad de ellos pidieron que se saque a sus defendidos de la cárcel y se les beneficie con medidas alternativas, como prisión domiciliaria. Además señalaron el mal obrar de los fiscales, porque la ley establece que se dará prisión sólo en casos excepcionales, como cuando haya riesgo de fuga… La mayoría de los defensores argumentó que sus defendidos tienen una vida hecha y establecida (arraigo), no tienen antecedentes e incluso, se presentaron por cuenta propia a la fiscalía, con lo que no había necesidad de encarcelarlos.
Además de estos argumentos, los abogados Florencio Díaz y Francisco Benítez también presentaron una fundamentación contundente, al demostrar que sus clientes Mary Blanca Bracho y Antonio Bernal Maíz, tenían 17 y 16 años respectivamente cuando sucedió el secuestro (el hecho en que se les implica). Es decir, eran menores de edad, pero que por el obrar desprolijo de la fiscalía, y violando la leyes de niñez y adolescencia, ambos fueron tratados como adultos y encarcelados hasta hoy, un año y medio después.
Contradicción
El fiscal acusador Federico Delfino, tratando de retrucar esto, se contradijo y echó por el suelo una de las principales pruebas que tienen los fiscales para vincular al EPP y al secuestro, a los 14 campesinos: el cruce de llamadas. El mismo dijo que Mary Blanca Bracho está vinculada al secuestro de Lindstron desde agosto de 2009, un año después del secuestro de Lindstron, que se dio de julio a setiembre de 2008.
El 4 de agosto de 2009 los fiscales de esta causa hallaron un campamento del EPP en Ybyraty (Departamento de Concepción) donde descubrieron tarjetas de saldo, que fueron cargadas en teléfonos de miembros del EPP. A Mary Blanca y otros 8 acusados se los culpa de supuestamente comunicarse telefónicamente con los celulares en los cuales se cargaron las tarjetas encontradas. Por eso se les implica en el secuestro de Lindstron, a pesar de que ocurrió un año antes de las supuestas comunicaciones con miembros del EPP. La Fiscalía tampoco dijo durante todo el proceso quiénes son los miembros del EPP, con quiénes se comunicaron los imputados; los fiscales se limitaron a decir que develarán los nombres oportunamente.
FOTO: Rumilda Giménez, Mary Blanca Bracho, Águedo Giménez acusados de ser cómplices del EPP en el secuestro del ganadero Luis Lindstron.
