Después de dos semanas de audiencia preliminar, la instancia donde todas las pruebas contra los acusados se someten a un colador jurídico, mañana martes 28 de junio, el juez encargado del caso debe definir cómo continua todo. El juez Gustavo Bonzi dará su veredicto a las 9.30 horas. Definirá si envía a juicio oral o libera a los acusados de colaborar con el EPP en el secuestro de Luis Lindstron.
Puede hacer caso a los fiscales Sandra Quiñónez, Federico Delfino, Francisco Ayala y Guillermo Ortega, y enviar a los acusados a juicio oral porque -según los fiscales- son culpables; o puede oír a los abogados defensores, que han mostrado argumentativamente que no existe ninguna prueba que demuestre ni el vínculo de los acusados con el EPP y menos aún con el secuestro de Lindstron, y en ese caso, sobreseer a los investigados. También puede optar por sobreseer sólo a algunos de ellos/as.
Desde la reanudación de la audiencia preliminar, hace dos semanas, los fiscales reafirmaron que los 14 son culpables y que tienen certeza de esto; sin embargo, no pudieron probarlo ante el juez. Por otro lado, los abogados defensores han pedido que se anule el proceso, porque la Fiscalía presentó una acusación vaga, que no especifica cómo, con qué, dónde, cuándo específicamente los acusados ayudaron al EPP durante el secuestro del ganadero. También porque las pruebas que presentaron los fiscales no respetaron los protocolos de seguridad ni los plazos y algunas son incoherentes. Ante esto, la Fiscalía dijo que tiene pruebas y detalles, pero que las va a mostrar oportunamente.
Si bien la etapa donde los fiscales hubieran presentado tales pruebas era la audiencia preliminar, que ya terminó, los mismos afirmaron que las reservaban para el juicio oral, aunque no se sabe si habrá o no tal juicio. Según fuentes extraoficiales, los fiscales aparentemente tienen la bendición del mismo Fiscal General del Estado en este caso. Por otro lado, el trabajo incompetente de los agentes de la Fiscalía, que tiene irregularidades de fondo y de forma, y el contexto de persecución política en que se dio el proceso…da esperanzas a los acusados y sus abogados. Bonzi deberá definir el caso en medio de estos elementos y otros más, como la presión mediática con sesgo a favor de la Fiscalía y la presión de grupos sociales en favor de los acusados, a quienes consideran presos políticos del Bicentenario.
Nueve de los acusados están investigados por brindar ayuda al EPP en el secuestro porque supuestamente telefonearon a miembros del EPP, aunque nunca los fiscales dijeron quiénes son esas personas de la banda armada. O incluso, cuando esas supuestas comunicaciones se dieron un año después del secuestro. En el caso de Mary Blanca Bracho y Antonio Bernal Maíz, ambos eran menores de edad durante el plagio (el delito en el que les involucran), por lo que esto puede invalidar toda la acusación de los fiscales, pues ambos acusados fueron tratados como mayores de edad; no declararon frente a jueces, como dice la ley; y siguen en prisión hasta hoy, contra todo lo que dice la legislación cuando se trata de menores.
Codehupy pide al juez que aplique la ley
Los abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay defienden a seis de los 14 acusados: Sixto Sánchez, Sindulfo Agüero, Estela Agüero, Zonia Muñoz, Antonio Bernal Maíz y Simón Ovelar. La defensora Ximena López dijo que están evaluando los posibles escenarios que se abrirán mañana 28 de junio. Y pidió al juez Gustavo Bonzi que, simplemente, cumpla la ley a la hora de tomar una decisión en torno a los acusados.
