Catastro, pero también juzgamiento de los hechos de corrupción. Lo que subyace al caso Ñacunday

Para analizar la problemática de la tierra en nuestro país, es importante partir desde el inicio del latifundio, que se da casi a finales de 1800, durante el gobierno de Bernardino Caballero (1880 – 1886). Este militar y político fue uno de los principales responsables de la venta de tierras a capitales extranjeros, y con quien, de hecho, se inicia la entrega de la soberanía nacional.

Sesenta y ocho años después, asume la presidencia del Paraguay de la mano del partido fundado por Caballero, Alfredo Stroessner, quien sería el encargado de regalar tierras a sus principales colaboradores y amigos. Uno de ellos fue el ex dictador nicaragüense Anastacio Somoza, quien según los campesinos que ocupan las tierras en Ñacunday, fue uno de los propietarios de esas tierras. En realidad el primer propietario fue Domingo Barthe un inmigrante francés afincado en la región y propietario –a comienzos de siglo- de casi la mitad sur del Alto Paraná. Stroessner confiscó esas tierras para evitar la sucesión de las mismas a su hijo Obdulio Barthe, conspicuo dirigente del Partido Comunista Paraguayo.

Según las investigaciones de la Comisión Verdad y Justicia, el ex dictador nicaragüense fue beneficiado con tierras para la reforma agraria en 1980, cuando el régimen de Alfredo Stroessner le adjudicó ocho mil hectáreas de tierras fiscales.

Las 613 familias asentadas en esas tierras, aseguran contar con documentos que prueban la mala adjudicación de las mismas, y pretenden dar inicio a la recuperación de la soberanía nacional, en un Departamento donde la mayoría de los “productores” son ciudadanos brasileños, quienes poseen alrededor de 4.792.528 hectáreas en nuestro país, y uno de ellos, el de mayor cantidad de propiedades es a quien denominan el “Rey de la Soja”, Tranquilo Favero, el principal involucrado en el conflicto.

En una visita de campo realizada por BASE-IS, Victoriano López dirigente de la Comisión Santa Lucía de Ñacunday, expresaba lo siguiente:

“A mi me acusan de invasor, y yo les digo, los invasores son los brasileños que ingresaron a esta propiedad que le pertenece al Estado paraguayo”

“Hace doce años que estamos investigando este pedazo de tierra, hemos presentado al gobierno todos los elementos técnicos, porque acá ya se hicieron todas las mensuras judiciales promovidas por el INDERT, y se detectaron 28 mil hectáreas de excedente en una parcela que no le corresponde a Favero. Agriex con título de 54 mil hectáreas, según el registro, le vendió a Favero 32 mil hectáreas, y así Favero se adueñó de 59 mil hectáreas”.

Es ahí donde se evidencia el verdadero problema de la distribución de tierras en Paraguay, y vemos que las instancias gubernamentales siguen manteniendo los mismos vicios de gobiernos anteriores, que se manejan de forma semejante y siguen entregando nuestra soberanía a capitales extranjeros, a grandes multinacionales que se encargan de destruir la soberanía alimentaria, generar la expulsión de comunidades campesinas e indígenas y arrasar con los recursos naturales como bosques y aguas a través del monocultivo.

Las ocupaciones en Ñacunday calientan el termómetro y se ganan espacio en la agenda mediática en medio de otros acontecimientos como la destitución de Alegre-Filizzola, el problema del transporte público o un feminicidio que incomodó muchas mesas familiares. Cada ocupación de tierras es una impugnación a la estructura injusta, a la concentración de tierras y al modelo productivo hegemónico que vive Paraguay. En este contexto, se ocupan tierras reclamadas por el mayor productor de soja de toda la región, con un millón de hectáreas en el país y con capacidad de abrir oficinas de venta hasta en China. El desenlace de este impasse puede ayudar a echar luz sobre el camino a seguir en este tipo de conflictos, pero -eso sí- se dará en un escenario resbaladizo, y con una red de intereses económicos y políticos reaccionando.

Cualquier solución a la situación de Ñacunday no debe dejarse arrastrar por la pirotecnia mediática en favor de los productores de soja, no debe caer en salidas de paño frío, ni tampoco ser devorada por las pretensiones electorales, porque de ser así, será simplemente coyuntural.

“Algún tipo de irregularidad jurídica tiene que haber (en esas tierras) para que los jueces de Alto Paraná no les hayan desalojado todavía (a los ocupantes), con toda esa presión encima”1, se puede concluir. Resumiendo los antecedentes de las tierras en cuestión, unas 600 familias ocupan y reclaman 28 mil hectáreas que -aseguran- son fiscales, mientras que el rey de la soja también las reclama, aunque no pudo demostrar con documentos que las pertenecen.

Los 10 más

Los resultados del último Censo Agropecuario (2008) nos indican que Ñacunday es un perfecto mini-Paraguay que resume la concentración de tierras del país. Según este estudio, sólo el 2,06% de los propietarios del país concentran el 85,5% de las tierras cultivables. Y como siempre hay una vereda en frente, las cifras hablan de 300 mil familias campesinas sin un sólo metro cuadrado de tierra, situación que nos ubica en el ranking de los 10 países más desiguales del planeta y en el primer lugar en cuanto a mayor inequidad de la región junto con Brasil2.

En Ñacunday los ocupantes muestran documentos estatales que certifican que son tierras fiscales; Favero y el concierto de productores que defienden el modelo de agronegocios presentan resultados de agrimensura judiciales que les favorecen. Es una palabra contra la otra, un documento contra el otro. Y un trasfondo bastante fangoso, con una realidad donde existen títulos falsificados, doble y hasta triple titulación, que hacen que Paraguay tenga 120 mil kilómetros más de lo real, y que compromete principalmente a los terratenientes3.

Buena parte de esa concentración descansa en estas tierras fiscales y malhabidas. En esto se precisa ahondar con rigor sobre uno de los principales problemas en nuestro campo, aquellas tierras cuyos propietarios tienen cierta cantidad de hectáreas en papel, pero alambraron mucho más en el terreno. Tampoco se puede avanzar desconociendo otros datos, como el que da el Informe Final de Verdad y Justicia, que encontró 7.8 millones de hectáreas malhabidas o en manos irregulares desde 1954 hasta 2003. Con nombres y apellidos y con número de finca, que hasta hoy los gobierno de Duarte Frutos y de Lugo no se han animado a recuperar una sola hectárea o seguir las pistas de la investigación para dar con más resultados.

Catastro malhabido

El debate sobre Ñacunday ya no puede detenerse en cuál de los documentos -de los ocupantes o de Favero- son más válidos. Debería ser el inicio de un proceso público y trasparente de investigación de las razones más profundas de nuestra desigualdad social, en torno al recurso natural más valioso que tenemos. Pero esa pesquisa no puede conformarse en demostrar quiénes tienen las tierras; debe indagar hasta lo más profundo la situación, mostrando qué tierras son y cómo llegaron a ellas.

No se puede fundar ningún tipo de Reforma Agraria -si tiene genuinas intenciones- sin el mencionado paso de identificación, recuperación de tierras en manos irregulares y; un momento más: el castigo, según la ley, de los presidentes, ministros, funcionarios, especuladores y productores responsables de la situación jurídica caótica de la tierra. Y esta misma investigación debería comenzar por rastrear el destino de los millones de dólares que llegaron a Paraguay para realizar un catastro de propiedades, durante varios gobiernos pos-estronismo, que nunca se concretó4.

*Cristian Silva: Responsable del Observatorio de DDHH y Agronegocios de Base Investigaciones Sociales.
**Jorge González: Responsable de la Unidad de Comunicación de Base Investigaciones Sociales.
***Edición Nº 316 – Julio 2011

FOTO: Entrada a la comunidad de Ñacunday. Fuente: Archivo BASE-IS.

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