Asunción, 16 de marzo 2022 (BASE-IS) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará este jueves una audiencia temática sobre los desalojos forzosos en Paraguay. Durante el espacio las organizaciones campesinas e indígenas, junto a organismos de Derechos Humanos, denunciarán los violentos ataques a comunidades ocurridos durante el año 2021.
La audiencia será en modalidad virtual desde las 15 horas de nuestro país y podrá ser seguida mediante las redes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la CODEHUPY, además quienes deseen participar en carácter de oyentes pueden inscribirse en la siguiente dirección.
Según datos del Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de BASE-IS durante el 2021 más de cinco mil personas han sido víctimas de desalojos forzosos, sin que se le otorgue alternativas habitacionales, tal como lo establecen los estándares internacionales de Derechos Humanos, estos desalojos se han dado principalmente en zonas donde el agronegocio avanza sobre los territorios campesinos e indígenas.
Estos datos se encuentran detallados en el Informe de DDHH 2021 de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). El artículo Desalojo forzoso como respuesta a quienes reivindican acceso a la tierra señala que fueron 12 desalojos de comunidades indígenas, 10 en comunidades campesinas y 3 en asentamientos urbanos.
Las organizaciones denuncian también que los desalojos ejecutados se dan de forma completamente violatoria de los Derechos Humanos, en muchos casos con intervención de civiles armados que atacan a las familias campesinas e indígenas, en otros se actúa sin orden de un juez competente y en todos ellos no se otorgan alternativas habitacionales adecuadas a las familias desalojadas, tal como lo señalan las normas internacionales de DDHH.
«La forma como se siguen ejecutando los desalojos no cambia, se realizan sin tener en cuenta observaciones, directrices y hasta sanciones que el Estado paraguayo ha recibido por parte de los organismos internacionales» indica el informe redactado por BASE-IS.
Vale mencionar que la violencia contra comunidades campesinas e indígenas recrudeció tras la aprobación de la «Ley de Criminalización», en ese sentido se señala que «la reciente promulgación de la modificación del artículo 142 del Código Penal, la política estatal es clara: fortalece el ámbito represivo para la protección de la propiedad privada concentrada en pocas manos con rápida modificación de legislaciones. Sin embargo, no se avizoran propuestas que podrían resolver el problema de acceso a la tierra para los sectores vulnerables».
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