La Coordinadora argumenta que la Cámara de Apelaciones que anuló la resolución de Bonzi, accionó bajo presión del Jurado de Enjuiciamiento, por lo tanto sin independencia.
A través de una Acción de Inconstitucionalidad, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) pedirá a la Corte Suprema que anule lo que resolvió la Cámara de Apelaciones de Concepción. Ésta, había anulado el fallo del juez Gustavo Bonzi, que liberaba a los 14 campesinos acusados de logística del EPP.
La abogada Ximena López, del equipo jurídico de Codehupy, dijo que la acción judicial que presentarán hoy incluye a Alcio Soria, Zonia Muñoz, Sindulfo Agüero, Estela Agüero, Juan Simón Ovelar y Sixto Sánchez, y de admitirse, el análisis de la Corte Suprema puede llevar meses enteros.
Explicó que el pedido se basa en que en la resolución de la Cámara de Apelaciones, se metió un órgano político, como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pudiendo haber presionado sobre la decisión de la Cámara.
Antecedentes
El pasado 28 de junio el juez Gustavo Bonzi sobreseyó a los 14 campesinos acusados de supuestamente colaborar con el EPP durante el secuestro del ganadero Luis Lindstrom. El magistrado explicó que en su acusación, los fiscales antisecuestro Sandra Quiñónez, Federico Delfino, Francisco Ayala y Guillermo Ortega no le entregaron una sola prueba que le permita enviar a juicio oral a los acusados y que ni siquiera explicaban de qué delitos se les acusaba.
Los fiscales apelaron esta decisión de Bonzi, por lo que la causa pasó a una Cámara de Apelaciones. Mientras ésta deliberaba, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano que juzga a los jueces de todo el país, pidió la suspensión del juez Gustavo Bonzi, sin presentar argumentos específicos de por qué lo hacía.
Con este actuar, el Jurado de Enjuiciamiento intervenía a mitad de camino de la causa y con la definición de la Cámara de Apelaciones aún pendiente, por lo que su mensaje se puede entender como una presión sobre dicha Cámara, para condicionarla en su decisión. Esta situación levantó la indignación de grandes sectores del mundo jurídico, porque según varios análisis, no respetó la independencia de los órganos judiciales.
