Asunción, 9 de mayo 2022 (BASE-IS) La ley que crea la Comisión Nacional para el Estudio de los Mecanismos de Recuperación de las Tierras Malhabidas, identificadas en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008 fue promulgada en abril pasado y actualmente se encuentra en pleno proceso de conformación. Para analistas esta propuesta será una nueva oportunidad para hacer justicia reparando uno de los mayores daños de la dictadura de Alfredo Stroessner.
Según la Comisión de Verdad y Justicia más de siete millones de hectáreas de tierras fueron entregadas irregularmente a personeros del régimen de Alfredo Stroessner, entre ellos, militares, empresarios y políticos adeptos a la tiranía. “3.054 lotes, que suman 1.507.535 hectáreas, corresponden a la región Oriental, y 1.178 lotes, que suman 6.298.834 hectáreas, corresponden a la región Occidental” señala el Tomo IV del Informe Final de la CVJ referente a las tierras malhabidas.
La Comisión que estará encargada de estudiar los mecanismos para la recuperación de estas tierras estará compuesta por representantes de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Instituto Paraguayo del Indígena, la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia, Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La Comisión Nacional tiene entre sus atribuciones revisar toda la documentación de las tierras identificadas en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008, además de
“establecer e implementar mecanismos de participación social del movimiento campesino, de movimientos de lucha por la tierra y la vivienda digna en el ámbito urbano, de organizaciones de derechos humanos, de universidades y de otros sectores sociales comprometidos con la plena garantía de los derechos humanos en el país, para la definición de los mecanismos legales que permitan la recuperación de las tierras malhabidas, en concordancia con lo establecido en la Constitución Nacional”.
Según Alberto Alderete, abogado especializado en la temática agraria y ex titular del INDERT, esta Comisión representará una nueva oportunidad para que el Estado recupere las tierras y las destine a verdaderos beneficiarios que son las familias campesinas e indígenas. “Por primera vez las altas esferas del Estado como la CSJ, el Poder Ejecutivo y el Legislativo se van a ocupar realmente del tema y de buscar mecanismos para recuperar las tierras; hasta ahora solo algunos jueces y funcionarios de menor rango se han ocupado del asunto” señaló.
“El Estado ya reconoce la existencia de las tierras malhabidas, de hecho inició demandas en tribunales pidiendo anular los títulos de algunas de esas tierras, de 32 demandas, desde el 2005, solo seis llegaron a sentencia y las seis fueron contrarias al Estado; esta Comisión debe revisar la actuación de los funcionarios en esos casos y tomar esa experiencia para lograr la efectiva recuperación de las tierras” concluyó Alderete.
La Comisión tendrá un año, a partir de su conformación, para brindar un informe y propuestas legislativas que apunten a la recuperación de las tierras. En este sentido cabe mencionar que la Cámara de Diputados ya nombró a cinco de sus seis representantes, y en los próximos días haría lo propio la Cámara de Senadores.
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