Un proceso judicial viciado decidió no investigar integralmente el caso y concluyó arbitrariamente que los únicos responsables de lo sucedido son los campesinos y campesinas.
Asunción, 9 de junio de 2017 (BASE -IS) A partir de mañana distintos sectores sociales de Paraguay inician una agenda de misas, debates, marchas, volanteadas, proyecciones, piezas de teatro, festival artístico y hasta encadenamientos simbólicos para recordar el quinto aniversario del mayor episodio de violencia en torno a la lucha por la tierra en el país en las últimas décadas, ocurrido un 15 de junio de 2012.
Mañana sábado 10 de junio a las 7:30 se debatirá en el programa radial del pa’i Oliva; el domingo a las 18 horas se hará una Misa por la tierra, la justicia y libertad de campesinos y campesinas presos.
El martes 13 de junio se dispararán las actividades, con un encadenamiento solidario a las 8 horas, una volanteada en la zona del Palacio de Justicia de Asunción a las 10 horas y otra más por el centro capitalino a las 15 horas, para cerrar la jornada con una muestra de audiovisuales sobre el caso Curuguaty, a las 18 horas, en la carpa de la resistencia, ubicada frente al Palacio de Justicia.
El miércoles 14 de junio por la mañana se realizarán las mismas actividades que el día anterior, mientras que a las 19 horas se desarrollará el conversatorio “A 5 años de la masacre de Curuguaty” en el aula magna de la Universidad Católica de Asunción, con expositores como el jurista Luis Lezcano Claude, la historiadora Margarita Durán, el periodista e investigador Guido Rodríguez, la dirigente Todolina Villalba y Mariano Castro, padre de campesinos víctimas en la masacre.
El jueves 15 de junio a las 8 horas se realizará un acto de recordación de la masacre a partir de una obra de teatro, en la explanada del Palacio de Justicia; a las 11 horas se hará una visita colectiva y serenata a los campesinos presos en la cárcel de Tacumbú.
Ese mismo día, a las 18 horas, se convoca a una Marcha por la tierra, la justicia y la liberad que partirá desde la Plaza Uruguaya y llegará hasta el Panteón de los Héroes, donde a las 19 horas se hará un acto conmemorativo y media hora más tarde, un festival por la libertad.
La masacre de Curuguaty y su proceso judicial
La escopeta Maverick, (prueba M17, caja 9) una de las «evidencias» plantadas en el proceso judicial.
El 15 de junio de 2012 más de 300 policías realizaron un desalojo ilegal en las tierras conocidas como Marina Kue, a 300 kilómetros al Norte de Asunción, en tierras estatales usurpadas por la familia agroganadera Riquelme, contra 60 campesinos que ocupaban parte del lugar.
El operativo terminó con la muerte de 11 campesinos y seis policías y generó una crisis política que desembocó en un golpe de Estado contra el entonces presidente Fernando Lugo.
De acuerdo a investigaciones de dos plataformas de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces, fiscales y la policía en el caso estuvo marcada por la irregularidad, la ilegalidad, el no respeto de protocolos de actuación, el uso desproporcional de la fuerza, la comisión de violaciones de derechos elementales, la comisión de tratos crueles y de violaciones de garantías elementales de detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de siete de los campesinos.
Durante el proceso fiscal-judicial fiscales y jueces paraguayos decidieron no investigar la muerte de 11 campesinos, a pesar de los indicios de ejecución.
Aun sin investigar la totalidad de los hechos, estos agentes judiciales se empeñaron en responsabilizar de la masacre de Curuguaty y de la muerte de seis policías a los campesinos sobrevivientes procesados.
Un abanico de voces sociales de Paraguay -juristas, activistas, defensores de derechos humanos, artistas, docentes, amas de casa, estudiantes -repudiaron el actuar fiscal/judicial por su falta de objetividad, imparcialidad, por plantar pruebas y por encabezar la tarea de dar una solución jurídica a un caso ya definido de antemano políticamente por poderes fácticos vinculados al acaparamiento de tierra en Paraguay.
En el plano internacional, la actuación fiscal/judicial le valió al Estado paraguayo estirones de oreja de parte de Alemania y Estado Unidos dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también el cuestionamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein.
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