Con la FTC en el Norte, la población se siente más insegura

Mientras la estrategia del Estado sea únicamente represiva y no tenga en cuenta las necesidades de la gente, sus iniciativa será un fracaso, aseguran.

Asunción, 19 de octubre de 2016 (BASE IS) En la mañana de ayer se realizó la audiencia pública que debatió sobre la posibilidad de derogar la ley 5.036 (Ley de Militarización), que desde 2013 permitió que en Paraguay militares intervengan en conflictos sociales de los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay.

En lo operativo, esta legislación creó la Fuerza de Tarea Conjunta(FTC), que combina militares y policías en sus filas, que tienen a su cargo combatir los delitos en dichas regiones y especialmente al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en Concepción.

La audiencia tuvo gran participación de distintos sectores de la sociedad, poblaciones rurales, organizaciones campesinas, familiares de víctimas de los abusos de la FTC y de militares muertos durante intervenciones, juristas, defensores de derechos humanos, cúpulas militares, parlamentarios…

Lo debatido ayer será insumo para que el Parlamento paraguayo defina si deroga o no la ley, a partir de una propuesta del senador opositor Pedro Santacruz, presentada en mayo último.

Los cuestionamientos a la ley y a la FTC apuntan a la falta de resultados, el gasto de altísimos presupuestos estatales, la corrupción con dichos fondos y principalmente el alevoso atropello de derechos elementales de las poblaciones donde se interviene.

La participación de referentes de comunidades rurales de Concepción, ayer, estuvo enfocada en los atropellos de que son víctimas por parte de las fuerzas represivas estatales y el pedido de que se derogue la ley.

Para el abogado e investigador de conflictos rurales, Abel Areco, la militarización de estas regiones es una estrategia fracasada del Estado. “No va a funcionar mientras el Estado esté ausente en las otras necesidades y derechos de la gente (…) infraestructuras básicas, escuelas, puestos de salud, médicos, medicamentos, estímulo de la producción agrícola para autoconsumo o renta, educación para la producción, asistencia técnica”, dijo.

El analista dijo que así como está actuando la FTC, la gente siente que está siguiendo una estrategia para allanar el camino a inversiones del modelo económico extractivista, como explotaciones sojeras y ganaderas.

“Es mentira que de Concepción están corriendo los inversionistas, al contrario. A la par de que la FTC hace sus atropellos y violaciones, se instalan empresas”, dijo

Para él la ley es inconstitucional e innecesaria, porque el Estado ya cuenta con la Policía Nacional par solucionar conflictos interno. La ley en cuestión amplía el poder del Ejecutivo, otorga a los militares roles que no les compete y para lo cual no están preparados, y esa situación está demostrada con las denuncias de abusos y malos procedimientos.

“Quien termina padeciendo más inseguridad es la gente humilde del campo. Hubo más atropellos en la zona rural que en la zona urbana. El campesinado está cargando con esta situación. Ninguno de los campesinos que vinieron a la audiencia manifestaron sentirse seguros con la presencia de la FTC; al contrario, dicen temer al EPP y también a la FTC”, dijo.

Los policías y militares cometen abusos y no son investigados y sancionados, igualmente, los fiscales y jueces no respetan avalan las actuaciones irregulares de la FTC y no aplican en forma las leyes que deben garantizar los derechos de la población campesina. En contrapartida, nunca se encuentra al EPP, dijo.

“La situación en el Norte sirve solamente para que ciertas autoridades lucren con eso. Justamente se hacen barbaridades contra las personas inocentes y humildes para justificar la millonaria inversión por la supuesta seguridad de la población. Muchas personas humildes fueron violentadas por la FTC por allanamientos equivocados, muchas fueron presentadas ante la sociedad por la FTC y los medios de comunicación parte del EPP o como apoyo logístico, pero en varios casos terminaron siendo sobreseídas por la justicia o condenadas sin pruebas contundentes que demuestren las acusaciones. Pero quedan estigmatizados. Y ya nadie sale a explicar,a revertir esa situación”, dijo.

FOTO: Serpaj Paraguay

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