El tribunal de Salto del Guairá desestimó el pedido de los abogados de campesinas y campesinos. Los mismos habían pedido que se aparte a la magistrada por pre-opinar y expresar odio y enemistad durante una conferencia de prensa y una entrevista radial.
El tribunal de apelaciones de la ciudad de Salto del Guairá decidió que Ríos permanecerá al frente del caso, comentó Vicente Morales, uno de los defensores de los 11 campesinos y campesinas acusados en el caso de la masacre de Curuguaty.
Dijo a BASE IS que ayer se enteraron de la noticia, pero que aún no accedieron al documento con los fundamentos del tribunal, debido a que todas las notificaciones llegan en la secretaría del juzgado de Ríos. Una vez que se interioricen evaluarán las decisiones a tomar, explicó.
Es la segunda vez que el mismo tribunal, compuesto por los camaristas Rosalinda Guens, Justo Pastor Benítez y José Venancio López, rechaza una recusación contra la jueza. En la primera ocasión los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro pidieron que se aparte a la magistrada por parcialidad manifiesta.
Antecedentes
El 1de agosto último -durante la parte final de la audiencia preliminar- la jueza Ríos permitió a la fiscalía introducir seis nuevas cajas con evidencias, a pesar de que no figuraban en el escrito acusatorio.
Los abogados de los campesinas y campesinas calificaron esto como una aberración jurídica que vulneraba todas las garantías y recusaron por parcialidad manifiesta a la jueza. La misma respondió con una conferencia de prensa donde acusó a la defensa de dilatar el proceso con ardides judiciales y de entorpecerlo cuestionando cada decisión suya.
Además en una entrevista radial dio a entender que los abogados actuaban con irreverencia hacia ella.
En esa primera recusación la jueza fue confirmaba por el tribunal de Salto de Guairá cinco días después, y posteriormente por la Corte Suprema, que argumentó que ya no entiende recusaciones de ese tipo.
Tras apenas retomarse de vuelta la audiencia preliminar el 12 de setiembre pasado, llegó la segunda recusación por pre-opinión, odio y enemistad expresada por la jueza durante sus declaraciones.
Un caso cantado
Para muchas organizaciones sociales el caso de la masacre de Marina Kue -matanza ocurrida el 15 de junio de 2012 y que arrojó un saldo de 17 muertos en unas tierras estatales usurpadas por una familia terrateniente- tiene condena política de antemano, y el proceso judicial es sólo un trámite para dar vuelta la página.
Este cuestionamiento se basa en que el caso se utilizó como plataforma política para desalojar a través de un golpe paralamentario a un gobierno legítimamente elegido, a quien se le responsabilizó de la masacre, incluso antes de una investigación.
Estos hechos políticos permitieron el corte de un proceso incipiente de democratización que vivía el Paraguay, además de la vuelta de un proyecto conservador apuntalado por los sectores de poder terrateniente, importador-exportador y corporaciones transnacionales.
El premio nóbel alternativo de la paz, el paraguayo Martín Almada, en su momento cuestionó el proceder de la fiscalía por la parcialidad manifiesta con que se investigó el caso, expresando el parecer de sectores enteros de la sociedad, que exigieron una investigación transparente. En una ocasión encaró a la jueza Ríos y le exigió justicia para los campesinos y campesinas.
Desde el ámbito judicial también el caso recibió duros cuestionamientos, por parte del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis Lezcano Claude, que calificó de parcial la tarea de la fiscalía y cuestionó que solamente se haya investigado y acusado a campesinos y campesinas, no así a los policías que protagonizaron la matanza y acabaron con la vida de 11 agricultores.