Avance de la sojización en territorios campesinos es ilegal
Asunción 10 de setiembre de 2019 (BASE-IS) La pasada semana el gobierno y los gremios del agronegocio lanzaron oficialmente la zafra sojera 2019, con expectaivas de aumentar el rendimiento y seguir avanzando sobre el territorio campesino los sojeros presionan al gobierno para que persiga a las familias campesinas que resisten a la sojización. Los primeros síntomas de la represión y de violaciones de normativas ambientales son una realidad en el campo por estos días.
Según datos proveídos por el informe “Mapeando el Agronegocio” en los últimos 15 años el cultivo de soja transgénica creció más del 125%, pasando de ocupar un millón y medio de hectáreas a casi tres millones y medio. Este avance se da en medio de un ataque al modelo de agricultura familiar campesina, que ha perdido el 33% de su territorio ocupando apenas un poco más de trescientas mil hectáreas a nivel país.
El avance del modelo sojero se traduce también en la migración masiva de campesinos y campesinas hacia los centros urbanos lo que ha reducido enormemente la población rural en los últimos años. Otra arista es el constante deterioro medioambiental, a causa de la deforestación masiva, el uso intensivo de agrotóxicos y otras acciones impulsadas por el agronegocio que afectan la calidad del ambiente y la salud humana.
Abel Areco, abogado especializado en la temática rural, señaló que el inicio de la zafra sojera 2019, al igual que sucediera en años anteriores, podría recrudecer el conflicto en el campo “Estas actividades agrícolas, desde hace buen tiempo, es motivo de conflictos entre productores de la Agricultura Familiar Campesina dedicadas al producto de autoconsumo de forma diversificada; y los agro-empresarios que se dedican al monocultivos de rubros de commodities. Los conflictos que acarrean dicha actividad, surgen a raíz de violaciones de los Derechos Humanos de las poblaciones rurales, campesinos e indígenas. Esto, a partir de la omisión o violación de leyes agro-ambientales ante ineficiencias o complicidad de los organismos de control estatal” destacó.
El abogado advirtió que la expansión sojera sobre territorios campesinos es ilegal y debe ser impedida por el Estado, agregó que desde el propio Sistema Integrado de Recurso de la Tierra (SIRT), dependiente del INDERT, sostienen que más de 1.000.000 (un millón) de hectáreas de tierra destinadas para la Reforma Agraria, adjudicadas inicialmente a familias campesinas, en la actualidad se encuentran en poder de no beneficiarios por la ley, es decir, en poder de empresarios agrícolas que mal utilizan las tierras del Estado con la agricultura empresarial, quitando la posibilidad de acceso a la tierra y la vida digna a miles de familias campesinas.
“Teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes, es claro que las Colonias Campesinas son habilitadas para familias campesinas que califican como sujetos de la Reforma Agraria, se establece un horizonte en cuanto al “sistema y modelo de producción” a ser desarrollado en dicha área; la producción de alimentos de forma diversificada para el autosustento en primer lugar y para el mercado en segundo plano. Por tanto, la mecanización agrícola con la siembra en monocultivos de semillas genéticamente modificadas y de commodities; la cantidad e intensidad que exige la utilización de agrotóxicos este modelo de producción, no corresponde ser desarrollada dentro del área de una colonia campesina, y es ilegal teniendo en cuenta el espíritu de nuestras leyes e instituciones agrarias” subrayó Areco remarcando la ilegalidad de la expansión sojera sobre el territorio campesino.
La ilegalidad del avance de la sojización en los territorios campesinos debe ser denunciada conforme a la Ley y las autoridades deben tomar cartas en el asunto, mencionó el abogado que desarrolló una importante argumentación legal al respecto que puede ser utilizada por las comunidades campesinas que se encuentran resistiendo al avance del agronegocio.
Primeros conflictos se sienten en el campo
En Ybyrarobaná, Departamento de Canindeyú, decenas de familias campesinas acampan al costado de una propiedad en reclamo de unas 40 mil hectáreas que se encuentran en litigio judicial, sin embargo el actual ocupante de la propiedad, de origen brasileño, obtuvo apoyo de pelotones del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional para proceder al cultivo de soja transgénica; ante el reclamo de los campesinos la policía reaccionó con violencia.
Según reportó el medio RTV en Nueva Germania, Departamento de San Pedro, familias campesinas de la zona se oponen a la fumigación con agrotóxicos por parte de la Agroganadera Valle Ybate, que no cumple con los requerimientos ambientales para dichas prácticas. »Hace demasiado tiempo nos hacen tomar veneno con sus fumigaciones ilegales a pesar de que hay una ordenanza municipal que les prohíbe realizar estas actividades» explicó Hilario Riveros, presidente de la comisión vecinal sintierra de Nueva Germania a RTV.
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