Crecen las protestas a nivel nacional

Asunción 14 de marzo de 2022 (BASE-IS) Las movilizaciones convocadas por la Plenaria de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares tomaron mayor fuerza este lunes a nivel nacional. En la capital la conducción de la denominada lucha prolongada llamó a la unidad «contra todas las injusticias que sufre el pueblo paraguayo».

A nivel nacional las protestas se agudizaron en diferentes Departamentos como Guaira, Caazapá, Canindeyú, San Pedro y Alto Paraná con la presencia masiva de los adherentes de las organizaciones campesinas en las rutas. Las acciones continuarán durante las próximas jornadas y se prevé que incluso se intensifiquen.

Durante la conferencia de prensa convocada por la Plenaria de Organizaciones, Teodolina Villalba, Secretaria General de la FNC, y Pablo Ojeda, del Movimiento Campesino Paraguayo, denunciaron que además de los ataques contra el campesinado el pueblo sufre también por los aumentos del combustible, la suba de precios de los productos de la canasta básica, el cierre de escuelas y la profundización de la narcopolítica.

«La lucha prolongada inició la semana pasada teniendo como reivindicación principal la derogación de la ley que criminaliza la lucha por la tierra (Ley Zavala Riera), pero ante la serie de atropellos que se cometen contra el pueblo se amplía a Lucha Prolongada contra Todas las Injusticias» informaron las organizaciones.

Además de la derogación de la Ley de Criminalización las organizaciones campesinas e indígenas reclaman la legalización de asentamientos en el campo y la ciudad, el cese de los desalojos, una política de Estado en apoyo a la pequeña producción afectada por el cambio climático, soberanía paraguaya en Itaipu y el juicio político a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez.

Según datos del Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de BASE-IS durante el 2021 más de cinco mil personas han sido víctimas de desalojos forzosos, sin que se le otorgue alternativas habitacionales, tal como lo establecen los estándares internacionales de Derechos Humanos, estos desalojos se han dado principalmente en zonas donde el agronegocio avanza sobre los territorios campesinos e indígenas. Además, desde la vigencia de la Ley de Criminalización el Ministerio Público ha imputado a más de 50 campesinos e indígenas por el “crimen” de reclamar un pedazo de tierra.

 

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