Asunción, 30 de octubre de 2018 (BASE-IS) El inicio de la zafra sojera 2018 está marcado por una imparable ola de violencia que golpea a indígenas y campesinos que resisten en sus territorios al avance de la sojización y del modelo de agronegocios. Desde el Estado, y particularmente desde el Ejecutivo, no se han dado respuestas para atender al reclamo de las comunidades, lo que permite la continuidad de la violencia que no cesa desde hace semanas y ha dejado ya más de una decena de heridos y un miembro de una comunidad indígena desaparecido.
La Comunidad Indígena de Tacuara’i, en Canindeyú, volvió a sufrir un atropello de civiles armados efectuado por brasileños que pretenden cultivar soja en el territorio ancestral de esta comunidad Mbya Guaraní; en el mismo lugar, semanas atrás habían secuestrado y desaparecido a un referente de la comunidad que hasta el momento no ha sido encontrado y según señalan los indígenas habría sido asesinado.
La historia repetida de los hechos acontecidos en otras comunidades, como Pindo’i, O’leary, Ybypé, y otros, muestra que los agentes del agronegocio están dispuestos a avanzar sin respetar a las poblaciones campesinas e indígenas, ni lo establecido en la Constitución Nacional, las Leyes y las Ordenanzas vigentes actualmente.
Por su parte los gremios del Agronegocio, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), piden al gobierno “protección ante la invasión de sus propiedades por parte de campesinos y campesinas”; uno de los voceros de la ARP señaló que “no se puede prohibir por ordenanza la siembra de soja” y dijo que hay Intendentes que atropellan los cultivos para detenerlos. Con estas afirmaciones los representantes de los gremios del gran latifundio desconocen lo señalado en el Estatuto Agrario, respecto a la protección de las colonias campesinas; en la Ley de productos Fitosanitarios, que establece límites a la fumigación con agrotóxicos; y en la Ley Orgánica Municipal, que otorga al municipio el deber de proteger el ambiente saludable y de ordenar territorialmente la producción en su territorio.
La violencia surgida de grupos armados ilegales al servicio de los grandes productores de soja, se suma a la violencia institucional que aplica la Policía Nacional contra los campesinos paraguayos. Un video dejó al descubierto que en el Caso Guahory, los colonos brasileños pagaron altas sumas de dinero a efectivos policiales para que realicen violentos desalojos contra los campesinos.
Por su parte las organizaciones campesinas continúan organizándose y articulándose; la Federación Nacional Campesina realizó un mitin mediante el cual exigió al Ministerio del interior acciones contra los policías que fueron sobornados para realizar desalojos y que quedaron en evidencia. Otros bloques como la Coordinadora Nacional Intersectorial, viene realizando reuniones en sus bases preparando una movilización de carácter nacional para los próximos meses, al igual que otras organizaciones que de forma conjunta buscan articular fuerzas para responder a la ola de violencia que los afecta de manera directa.
foto: RTV
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