También a otras dos defensoras públicas por entregar a la justicia a una de las adolescentes del caso de la masacre de Marin Kue.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay(CODEHUPY) pidió al Ministerio de la Defensa que investigue y sancione a tres de sus funcionarios. Los defensores públicos de campesinos en el caso de la masacre de Curuguaty, Joaquín Díaz, Ruth Contreras e Inés Marcell Estigarribia de Díaz.
Contra el primero, que defiende en la audiencia preliminar a tres de los acusados, la organización de derechos humanos dice que en la práctica actuó como un fiscal acusador más de las personas que se encuentran procesadas en el caso, avalando los argumentos, las violaciones procesales y la posición expuesta por el fiscal del caso Jalil Rachid, respecto a llevar a juicio oral y público a las personas acusadas.
Esta situación es una falta de respeto hacia sus defendidos y una clara falta de ética profesional. A esto se suma, dice en la nota presentada, la actitud agresiva de Díaz en respuesta a reclamos que le hizo el público oyente en la última jornada de audiencia preliminar.
Contra Contreras y Estigarribia, Codehupy argumenta que más que defender a una de las adolescentes del caso, las mismas han actuado con notoria negligencia, dejando en un estado de completa indefensión(…)y no cumpliendo así con el rol asignado a defensores públicos.
La acusación la refuerza diciendo que las defensoras públicas no presentaron pruebas a favor de su defendida, no objetaron los vicios de la acusación y pruebas fiscales que no respetaron las garantías más mínimas, hasta el punto de no oponerse a pruebas improcedentes o hasta ilegales.
A todo esto, se suma el hecho que dichas defensoras plantearon un procedimiento abreviado, orientado a que la adolescente se declare culpable y obtenga una condena reducida, a pesar que la misma sostiene su inocencia en cuanto a los cargos de los que se le acusa, refiere la nota que Codehupy dirigió a Noyme Yore, Defensora General.
La coordinadora que articula a 32 instituciones solicitó, en resumen, someter a sumario administrativo a los tres defensores y suspenderlos de sus cargos mientras dure el procedimiento, y aplicar sanciones correspondientes.
FOTO: El defensor Joaquín Díaz tomando tereré con el fiscal acusador Jalil Rachid, en una de las jornadas de audiencia preliminar de julio.
