De cómo los proveedores cavan su propia tumba

La empresa Casa Grütter que se desenvolvía al principio en el mercado mayorista, tras incursionar en el de consumidores finales, y de ofrecer a éstos productos a mejor precio fue censurada por unas 35 empresas proveedoras, y acusada por el sector supermercadista de una “competencia desleal” porque “se aprovecha de su situación mayorista (recibe productos con más descuentos que otros comercios), para incursionar al mercado minorista”.

Muchos proveedores de alimentos y otros bienes de primera necesidad optaron por dejar de vender sus productos a Casa Grütter luego de las presiones que recibieron por parte de los actores más grandes del sector supermercadista, según consta en varias  publicaciones recientes.

Es indiscutible la gravedad de los hechos. Nada más y nada menos que los precios de los alimentos (aquellos que definen los niveles de pobreza extrema) están siendo controlados por un cártel al más puro estilo de la mafia. La conformación de estos grupos de poder no es casual, ya que hace poco más de un año el Congreso Nacional rechazaba un proyecto de ley que pretendía defender la competencia en el libre mercado. Lo que llama la atención es la actitud de los proveedores, que ceden pasivamente a las presiones de los supermercados, retroalimentando así su dependencia del virtual monopolio que se creó en el sector. Es decir, al aceptar las extorsiones actuales están colaborando a que los supermercados se conviertan en empresas con cada vez mayor poder, hecho que mañana les permitirá a éstas extorsionar con más fuerza a los mismos proveedores con otras estrategias como la reducción de precios, la forma de pagos y de venta de los productos, y, por qué no, les permitirá asfixiar (y comprar en remate, quizás) a estas empresas agroindustriales o importadoras, para pasar a controlar de forma monopólica otros eslabones de la cadena alimentaria. Hay que recordar que el sector supermercadista fue, en los últimos años, el que mayor crecimiento experimentó en toda la economía nacional, después que el de la telefonía celular y que cada vez incursionó en más campos de la producción de alimentos (productos Bianca, gaseosas S6, etc.).

Esto nos hace pensar que, o los proveedores son parte del cártel mafioso de los supermercadistas (hipótesis poco creíble por varias razones), o que no se dan cuenta de que mientras más ceden a las presiones, más se están ajustando la soga al cuello. Si se organizaran los proveedores para hacer valer sus intereses, estaríamos simplemente diluyendo el poder que hoy se concentra en los supermercados, en dos eslabones de la cadena, hecho que no garantizaría condiciones más justas de acceso a los alimentos a ciudadanos y ciudadanas. Urge pues, la intervención del Estado, como garante de la justicia social (o si se prefiere en términos más liberales, del libre mercado y la competencia), si se pretende avanzar en la construcción de una economía sana que ofrezca posibilidades de trabajar e invertir, y en la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema.

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