La audiencia preliminar en el caso de las 14 personas acusadas de colaborar con el EPP en el secuestro del ganadero Luis Lindstron, continúo hoy martes 14 de junio en su segunda semana en el Palacio de Justicia.
En la oportunidad, el abogado Juan Martens junto con otros miembros de la CODEHUPY, defensores de 6 de los acusados, pidieron la anulación de algunas pruebas por considerarlas inconducentes, por su falta de fundamentación para aportar la verdad en el caso. Otras porque el Ministerio Público en la presentación, como tratamiento de las evidencias, quebró la cadena de custodia como sellos, lacres, etc. y de más cuidados que tuvo que tener para el efecto.
Ante la arbitrariedad del Ministerio Público de llevar todo cuanto encontraba a su paso sin seguir ninguna lógica investigativa, según Martens, también exigieron que algunas pertenencias tomadas como evidencias (entre ellas tarjetas de crédito, tarjetas de débito de Sonia Muñoz, y muchas otras más) por el Ministerio Pública, sean devueltas a sus propietarios que además de la privación de su libertad fueron arbitrariamente privados de su propiedad.
Tanto el abogado Roque Orrego como Juan Martens criticaron duramente el comportamiento del Ministerio Público en el modo que llevan a cabo la recolección de evidencias que calificaron de arbitrario con una obvia muestra de violación de las formas legales para actuar.
Además resaltaron la inexistencia física de algunas pruebas, que en una etapa preparatoria fueron presentadas por la Fiscalía para ser estudiadas, sin embargo en el transcurso de la audiencia no se encuentran en el Juzgado a cargo del juez Gustavo Bonzi. La abogada María José Durán, entrevistada al respecto, manifestó que es responsabilidad del Ministerio Público presentar las evidencias que está ofreciendo, tal cual la Ley le exige, y que si no lo hizo fue porque no tuvo la diligencia debida.
MAÑANA A LAS 08.30 SE REANUDA LA AUDIENCIA