Naciones Unidas ya había expresado a Paraguay su preocupación por los agrotóxicos en 2007

 

También había recomendado fomentar la agricultura familiar campesina y otras políticas eficaces contra el hambre y la desnutrición, además de una mejor distribución de la tierra para comunidades campesinas e indígenas.


Este lunes 23 de febrero las Naciones Unidas, a través de su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(DESC), examinará a Paraguay, Tajikistán y Gambia en su 54° sesión, en la ciudad de Ginebra.

Evaluará a estos estados en sus acciones en torno a varios derechos como salud, educación, alimentación, derechos de la niñez, adolescencia y la mujer, diversidad cultural, igualdad, vivienda, tierra, empleo…

Base Investigaciones Sociales, como sociedad civil, acercó a la comisión un informe en torno al derecho a la alimentación adecuada. El documento será tenido en cuenta durante la sesión, junto con otros de otras instituciones de la sociedad civil de Paraguay.

En este informe nuestra institución resalta que la importación de agrotóxicos se disparó de a 8 a 43 millones de kilos entre 2009 y 2013.

En el documento, además, se urge al Estado paraguayo aprobar el proyecto de ley marco que garantiza el derecho a al alimentación, que se llama Proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y Derecho a la Alimentación, que fue presentado al Congreso en 2014, luego de un consenso ciudadano.

También que el Estado a realice una encuesta nacional nutricional, para conocer la situación real de la gente, como también que implemente una comisión inter-institucional para investigar sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud humana, los alimentos, las aguas y el medioambiente.

Así como la implementación de políticas que hagan cumplir mejor la Ley de Plaguicidas y establezca protocolos de prevención y de intervención en casos de intoxicaciones con agrotóxicos, entre otras recomendaciones.

En 2007 y en 2015, agrotóxicos

La última vez en que el Comité DESC sometió a un examen periódico durante una sesión a nuestro país fue en 2007, entonces emitió sus observaciones a través de un documento donde manifestaba sus preocupaciones y recomendaciones.

En torno al derecho a la alimentación, este informe resalta que “El Comité observa con preocupación que la expansión del cultivo de soja ha traído aparejado el uso indiscriminado de agrotóxicos, provocando muertes y enfermedades de niños y adultos, contaminación del agua, desaparición de ecosistemas y afectación a los recursos tradicionales alimenticios de las comunidades”.

En otro punto sostiene que “Al Comité le preocupa el alto grado de desnutrición que afecta especialmente a las poblaciones rurales y a los pueblos indígenas, y que ha ido en aumento. Lamenta no haber recibido suficiente información del Estado parte al respecto”.

En otros artículos aborda el tema de manera estructural, emitiendo su reprobación hacia al retraso de la reforma agraria, la concentración de la tierra, la falta de acceso y titulación de tierras en campesinos e indígenas y los desalojos violentos de asentamientos por parte del Estado.

Recomendaciones en 2007

Sobre el cultivo de soja y los agrotóxicos, el comité de las Naciones Unidas instaba al Estado paraguayo a tomar “medidas urgentes para controlar que el cultivo de la soja no traiga aparejado detrimento en el disfrute, por parte de la población, de los derechos reconocidos por el Pacto. Además de garantizar la observancia de la Ley de Agrotóxicos, el Estado parte debe crear un marco legal efectivo de protección contra el uso de agro­tóxicos y realizar inspecciones eficaces y frecuentes”.

Y sobre la nutrición , recomendaba tomar medidas urgentes contra la desnutrición y el hambre en el país y especialmente “revisar sus políticas públicas agrícolas de modo que se impulse el fomento de la agricultura familiar campesina y la seguridad alimentaria. Utilizar el máximo de recursos disponibles para el apoyo financiero y técnico destinado a los productores de pequeña y mediana escala”.

Otras recomendaciones en torno al derecho analizado iban dirigidos a incrementar esfuerzos en la entrega de tierra al campesinado y recuperación de tierras ancestrales a comunidades indígenas, junto con acompañamiento técnicos, créditos, servicios, herramientas e infraestructura.

Otro apartado se refería específicamente sobre los desalojos en las comunidades. El órgano llamaba a Paraguay a evitar los desalojos y a atender los reclamos de las familias rurales antes que responder reprimiendo.

Así como investigar y sancionar a responsables de desalojos y violaciones que se habían registrado en los operativos.

Sobre las tierras indígenas, recomendaba al Estado a tomar las medidas para que los pueblos cuenten con título legal de sus tierras, que se aborde un programa de restitución de tierras y se reconozca debidamente el derecho a sus tierras ancestrales.


FOTO: Radio del Sur

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