Por Lis García
Asunción, 24 de diciembre de 2019 (BASE-IS) Eduardo Felippo, representante de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), fue nombrado por Mario Abdo Benítez como Ministro-Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Esta designación manifiesta el poder que el sector privado, vinculado estrechamente con el agronegocio, tiene en el Estado Paraguayo.
A lo largo del año 2019, el CONACYT estuvo en el ojo de la tormenta, debido a la reacción de los representantes del agronegocio frente a los datos arrojados por la investigación sobre daños genéticos en niños expuestos a agroquímicos, realizada por la Dra. Stella Benítez-Leite. Esta campaña de desprestigio personal hacia esta investigadora, se convirtió en una verdadera persecución político-ideológico a través de redes sociales, extendiéndose hacia otros investigadores e investigadoras en ciencias sociales. La misma se basó en cuatro dimensiones.
La necesidad de buena “gestión” de los recursos del estado. La primera dimensión, cuestionó el aspecto organizacional o burocrático del financiamiento que CONACYT realiza, y se dirigió hacia diversas ONGs que hacen investigaciones en ciencias sociales, o universidades (vinculadas de manera deliberadamente falsa con estas ONGs).
Invalidez de las ciencias sociales como productoras de conocimiento. La segunda dimensión, criticó la pertinencia o validez “epistemológica” de los estudios. El ataque fue dirigido contra las características de las propias investigaciones que estudian la realidad social a partir del pensamiento crítico.
Demonización del pensamiento crítico vinculado a la “izquierda”. La actividad científica de las ciencias sociales o el pensamiento crítico, fue directamente vinculada con el “comunismo”, a su vez, el “comunismo” se representó como algo foráneo, de lo cual es necesario defenderse. En estos ataques político-ideológicos, lo “nacional” cabe en un único escudo – diseñado para muy pocas personas – y, es puesto en peligro por el pensamiento “comunista”. La lógica dicotómica que permite la construcción del enemigo interno desarrollada en la contraposición entre ciencia verdadera/simulación de ciencia, se reproduce a la par en la noción de nación en contraposición al comunismo como foráneo y peligroso, propia de la dictadura stronista, en el contexto de la guerra fría.
La cuarta dimensión abarcó descalificaciones personales de las más diversas índoles hacia las/os propias/os investigadoras/es responsables de los estudios atacados, descalificando sus actuaciones y la ética profesional, haciendo un uso abusivo de datos personales, tergiversando información de manera deliberadamente falsa.
Estas cuatro dimensiones que caracterizaron a los ataques estudiados, encuentran su antecedente inmediato en la reacción que la Unión de Gremios de la Producción (UGP) tuvo frente a la publicación de un artículo del diario Última Hora (UH) titulado “Estudio revela daño en ADN de niños expuestos a agroquímicos de sojales”, en diciembre el año 2018. Citando esta publicación, el Consejo de Presidentes de la UGP dirigió una nota al entonces Presidente del CONACYT, Ing. Luis Alberto Lima, exigiendo “la validación de los métodos de investigación y de las conclusiones de este estudio por parte del Conacyt; la validación a cargo del Conacyt, de los métodos de investigación y de las conclusiones del estudio por parte de dos científicos de gran prestigio en la comunidad científica internacional; una copia auténtica de todos los documentos vinculados a la investigación y sus conclusiones; que la investigación y sus resultados se publiquen en una revista internacional que tome nota de los resultados y graves consecuencias posibles.” (Boletín Digital UGP, 2019)
En esta nota, la UGP no solamente puso en tela de juicio los resultados de la investigación, a partir de la exposición de sus propios intereses económicos potencialmente afectados por los resultados de la misma, sino que instigó al CONACYT y a la UCA a hacerse cargo de lo que implica en términos supuestamente “científicos” esta investigación.
Si bien, los ataques en redes sociales aparecieron de manera individual a través de cuentas personales, los mismos provinieron de: a) Representantes de partidos políticos de derecha y ultra-derecha: Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, particularmente una dependencia de este partido: el Instituto Republicano de Estrategia Política (IRPE); y el Partido Patria Querida (PPQ). b) Grupos económicos vinculados al agronegocio, y representantes de la Unión de Gremios de la Producción; junto con representantes del sector financiero. c) Fundamentalismo religioso, tanto de la Iglesia Católica, como de sectores evangélicos que forman parte del Centro Familiar de Adoración.
Esta caracterización esquemática, posibilita la comprensión de articulaciones entre estos sectores. El modelo económico que defienden es el basado en la agroexportación de commodities, y el financiero. La operación simbólica que ejecutan es la de ubicar los intereses de ese sector, como si correspondieran a los intereses nacionales. Por lo tanto, si las investigaciones llevadas adelante con fondos públicos ponen en cuestionamiento alguno de los elementos que sostiene el modelo económico y político que los beneficia, se blindan frente a la operación que ubica sus intereses como si fueran los de los “comunes”.
Esta construcción ideológica vehiculizada en las redes sociales, se hizo carne en la Asamblea del Consejo del CONACYT el día 2 de abril de 2019, donde a partir de intervenciones de representantes de los gremios de la producción, se resolvió modificar el proceso de aprobación del Programa Prociencia. De tal manera, los proyectos de investigación empezaron a ser evaluados por el Consejo del CONACYT, antes de ser revisados por pares científicos extranjeros, como dictan los estándares internacionales en la materia. El Consejo, además, resolvió parar la financiación de proyectos de investigación que se encontraban en plena ejecución, sin ningún tipo de denuncia formal.
La medida asumida por el Consejo del CONACYT, visibilizó que los representantes del poder económico y político del país, articulados en el sector del agronegocio, respaldados por el avance sensible de un neo-fascismo en el ámbito internacional, impusieron un filtro ideológico a lo que, desde ese momento en adelante, se financia con fondos públicos. Por lo tanto, la asunción de un representante del sector agroexportador como Presidente del CONACYT, corresponde al último eslabón de este proceso de imposición de pensamiento único, que busca filtrar ideológicamente las posibilidades de la construcción de conocimiento en Paraguay y, con ello, amenaza el desarrollo de la ciencia en el país.
Como campo de actividad humana, la construcción de conocimiento científico es un ámbito de disputa política. En tal sentido, tal como reclamaron más de 200 científicas y científicos paraguayos, es necesario asegurar el desarrollo de estudios autónomos e independientes con fondos públicos, que puedan dar cuenta de las necesidades de los más amplios sectores sociales, de manera a construir posibilidades de justicia y equidad en el país.
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