Asunción, 1 de junio 2021 (BASE-IS) La Cámara de Senadores tratará este jueves el proyecto de ley de modificación del Estatuto Agrario que busca legalizar las tierras malhabidas que fueron usurpadas por personas que no son beneficiarias de la Reforma Agraria. Para comprender a qué intereses responde el proyecto es importante saber quiénes se benefician principalmente de estás tierras ocupadas irregularmente.
Tierras malhabidas 2.0
En el año 2008 la Comisión de Verdad y Justicia presentó su informe final respecto a las violaciones de Derechos Humanos cometidas por la tiranía de Alfredo Stroesnner. En su capítulo cuarto el informe aborda la problemática de las tierras malhabidas que fueron entregadas a familiares, amigos y personeros del régimen; aproximadamente 8 millones de hectáreas de tierras adjudicadas de forma ilegal a personas no beneficiarias de la Reforma Agraria, según lo establecía el Estatuto Agrario.
La historia no termina allí, ya que en los últimos años hay «nuevas» tierras malhabidas de las que se han apoderado grandes productores dedicados principalmente a la soja y la ganadería.
El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), – y sus antecesores (IRA, IBR) – ha destinado miles hectáreas de tierras a la creación de Colonias o Asentamientos campesinos. Según el libro Colonias Campesinas, que recoge informes de diferentes fuentes, el INDERT adjudicó más de tres millones de hectáreas de tierras para unas 1018 colonias campesinas en la Región Oriental. Sin embargo estas tierras han ido pasando de forma totalmente ilegal a empresarios agrícolas, se estima que en los últimos años este sector se ha apropiado, irregularmente de, al menos, un millón de hectáreas que debían estar en manos de campesinos y campesinas.
Estas son las tierras malhabidas que pretenden legalizar con la modificación del Estatuto Agrario que será tratada en la Cámara de Senadores este jueves.
¿Quiénes se apropiaron de las tierras?
Según los autores los empresarios sojeros y ganaderos lograron apropiarse de estas tierras en complicidad con funcionarios corruptos del INDERT «en cuanto a los aspectos legales concernientes a la habilitación de colonias, asignación de lotes, las restricciones a las transacciones con las mismas, y los fines para los que fueron habilitadas, se aprecia poca o nula observancia, y escaso control del organismo de aplicación. Las disposiciones jurídicas estipuladas para beneficiar a familias campesinas, históricamente fueron incumplidas o violentadas por funcionarios de las propias instituciones que deberían velar por su cumplimiento» señalan.
Según se recoge en el libro son varias las tácticas utilizadas por los empresarios para hacerse con las tierras campesinas, entre ellos se destaca «el alquiler de los lotes, sin transferencia de la titularidad o del derecho al principio, pero que ya implica cesión y avance del modelo capitalista sobre las áreas arrendadas, abriendo así el camino del desplazamiento campesino por los agronegocios».
Acumulando tierras por diferentes métodos, como vemos muchas veces ilegales, el agronegocio concentra hoy aproximadamente el 96% de las tierras cultivadas del país, mientras que la producción campesina se encuentra cada vez más arrinconada y sin ningún tipo de protección.
¿Qué hacer ante esta realidad?
Mientras algunos sectores buscan legalizar la usurpación de tierras destinadas a la Reforma Agraria, por otro lado se plantea la recuperación de las tierras malhabidas, tanto de las heredadas del stronismo como de las más recientes, así como tomar medidas para evitar que las tierras pertenecientes a Asentamientos campesinos continúen siendo usurpadas por empresarios sojeros y ganaderos
«Además de las disposiciones jurídicas que prohíben la transferencia de los lotes coloniales a no sujetos de la Reforma Agraria, también son necesarias restricciones más claras y contundentes, así como políticas más efectivas, en relación al modelo productivo a ser implementado en esas áreas, descrito detalladamente en el artículo 25 del Estatuto Agrario vigente. Se debe prohibir con más firmeza y establecer sanciones severas a quienes implementen otros modelos de producción en las áreas colonizadas, fundamentalmente las que atentan contra la agricultura campesina» indican los autores del libro Colonias Campesinas.
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