Foto: Fotociclo
Asunción 10 de abril 2024 (BASE-IS) Los gremios del agronegocio anuncian que en tierras paraguayas se produjeron aproximadamente 10 millones de toneladas de soja transgénica, mayormente para la exportación, el ambiente social y el descontento contra el gobierno lo canalizan los estudiantes universitarios que rechazan la Ley Hambre Cero del gobierno cartista, por dejar sin financiamiento el programa de Arancel Cero en la universidad – además de varios otros programas de importante impacto-. Ambas situaciones, aparentemente inconexas, tienen como factor común un modelo de desarrollo basado en la agroexportación que no distribuye la riqueza y deja prácticamente desfinanciado a un Estado, que recauda poco y gasta mal.
Mientras los estudiantes encabezan la denuncia de la desfinanciación del programa de Arancel Cero, además de otros como el programa de Salud Mental, diversos planes de Salud y la inversión en Investigación Científica. El gobierno de Peña insiste en que los fondos para dichos programas saldrán del Tesoro Nacional, sin responder a los cuestionamientos relacionados al desfinanciamiento crónico que padece el Estado, cuyo déficit fiscal para el presente año es del 4% y que ha aumentado aceleradamente su endeudamiento externo llegando a unos 14.000 millones de dólares de deuda, cercano al 30% del PIB.
Esta situación lleva a volcar la mirada hacia los sectores que menos aportan en materia tributaria, pero que se benefician ampliamente de las políticas de Estado; como es el caso del complejo agroexportador. “El complejo sojero (producción, transformación, acopio y exportación), incluyendo los cultivos de trigo y maíz, aporta entre el 0,6 % y el 0,7 % de los ingresos tributarios del Estado. En el año 2022, el complejo agroexportador soja-carne, líder del supuesto “crecimiento del país” aportó entonces solamente 1,4 % de la totalidad de los ingresos tributarios del país” señala la economista e investigadora Sarah Zevaco, en su artículo para el Informe Con la Soja al Cuello 2023.
Zevaco agrega que es interesante e importante notar que el aporte tributario de los productores es mucho mayor al de las empresas agroexportadoras, la enorme mayoría multinacionales, con ganancias aseguradas en múltiples países del mundo.
“Las tierras dedicadas al cultivo de soja, trigo y maíz para exportación ocupan –según datos del último censo y de la CAPECO– aproximadamente 20% de todas las tierras agropecuarias, y el 54% de las tierras agrícolas cultivadas. En cuanto a la carne, ocupa 55% de las tierras agropecuarias (CAN 2022). La desigualdad es entonces enorme: el aporte a las cajas del Estado es de 1,4%, ocupando 75 % de las tierras agropecuarias, con los daños sociales y ambientales comprobados” menciona la economista.
“Con los impuestos indirectos pagados por la población, el Estado subsidia a las superpotentes agroexportadoras, vía las exenciones tributarias y el financiamiento de la logística del sector, mientras plantea ahorrar sobre las políticas de protección social a los y las habitantes del país” indica Zevaco. Según las investigaciones mencionadas por la economista, sólo en 2022 a empresas agroexportadoras (carne y soja) se le habrían “devuelto” unos 130 millones de dólares en concepto de exenciones impositivas.
Tanto el ínfimo aporte tributario del sector de agronegocios, así como los gastos y devoluciones que representa para el Estado tienen directa relación con los conflictos relacionados a la falta de financiamiento para políticas sociales en áreas fundamentales como salud, educación, combate a la pobreza, etc. Un re ordenamiento del modelo tributario que apunte a volverlo progresivo permitiría acceder a recursos suficientes como para dar respuestas a los reclamos de diversos sectores sociales, entre ellos el financiamiento que permita una universidad verdaderamente gratuita.
Dejá un comentario