El Estado para pocos

Más de 55 invitados tuvo la primera reunión convocada por el Poder Ejecutivo para debatir la Reforma del Estado; la idea presentada por el Vicepresidente Hugo Velázquez surgió como respuesta de los sectores políticos conservadores a la crisis desatada por las medidas de aislamiento social tomadas ante el avance de la pandemia de coronavirus. Entre todos los invitados no hubo un solo representante de los sectores populares, organizaciones campesinas, sindicales o estudiantiles. Sectores políticos de derecha y organizaciones empresariales coparon el espacio e impusieron un discurso único. 

Todo empezó al momento de discutir quién pagará los efectos de la crisis, los discursos de solidaridad y renunciamiento se esfumaron y los cuestionamientos empezaron a crecer hacia los sectores políticos, el gobierno y los sectores más poderosos de la economía. El Estado acababa de asumir 1600 millones de dólares de deuda pública que sería descargada nuevamente sobre los hombros de la ciudadanía. En ese momento cuando la población empezaba a cuestionar, una vez más, la injusticia tributaria vigente en el país, los sectores empresariales y sus aliados políticos decidieron retomar el viejo adagio liberal del achicamiento del Estado, ahorrar en salarios, austeridad y menos gasto público fueron las propuestas planteadas por estos sectores a fin de no tocar los privilegios de los sectores concentrados de la económica, de dejar pasar, nuevamente, la oportunidad de gravar a la exportación de granos, de establecer impuestos más justos a las grandes fortunas, al tabaco y al alcohol. 

¿Se puede debatir sobre la Reforma del Estado, sin los que sostienen el Estado? 

Al ser consultado sobre la discriminación hacia organizaciones sociales, campesinas y sindicales en la convocatoria para debatir respecto a la Reforma del Estado, el presidente Mario Abdo Benítez, se excusó diciendo que serían convocados posteriormente, que esta primera reunión fue solo para actores políticos y representantes estatales, omitió decir que sí invitaron a los empresarios. El olvido, la omisión o la discriminación al campo popular podría tomarse como una clara muestra de los sectores con quienes está interesado en debatir el gobierno; los gremios empresariales y de la agroexportación. 

Es justamente el sector agroexportador el que menos aporta, en relación a sus ganancias, para el sostenimiento del Estado. Con un sistema fiscal altamente regresivo el Estado se sostiene en un 70% por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) donde tanto ricos como pobres pagan el 10% sobre el valor de los productos que consumen, para los quintiles más pobres de la población esta carga es mucho más pesada. El porcentaje de los ingresos de las clases populares destinados al pago de este impuesto es casi 5 veces mayor que el que destinan los sectores más ricos de la población al mismo fin.  

Paraguay, además de tener un modelo impositivo regresivo e injusto, es también el país con menor presión tributaria en la región, a esto se suma la elusión de los pocos impuestos directos que tiene el país, los sectores de la agroexportación, terratenientes y multinacionales exportadoras, eluden el impuesto a la renta agropecuaria (IRAGRO) reduciéndolo a un gravamen testimonial, algo similar ocurre con el Impuesto a la Renta Personal (IRP) donde aquellas personas de mayores ingresos eluden el impuesto mediante maniobras contables que reducen su aporte a, literalmente, cero. 

Entonces, el Poder Ejecutivo pretende discutir sobre la reforma del Estado, justamente con aquellos sectores que sin aportar prácticamente nada se benefician de exenciones fiscales, subsidios, leyes, licitaciones direccionadas y otras formas de captura estatal por parte de las clases más pudientes. 

Los sectores sociales tienen propuestas para una verdadera Reforma del Estado 

 De acuerdo a declaraciones del Ministro de Ganadería, Rodolfo Friedmann el 95% de productos frutihortícolas (papa, cebolla, tomate, entre otros) vienen del sur de Argentina, lo que significa una importación anual de casi 150 millones de dólares. Estos productos recorren alrededor de 1500 km desde el lugar de producción hasta los centros de venta en Paraguay. Mientras tanto, en el país, al 91% de los agricultores rurales corresponde tan solo el 6% de las tierras agrícolas, con suelos en degradación, y con acceso muy limitado a la tierra, al capital (crédito), a la tecnología y la asistencia técnica. El 32% de la población rural (que representa 40.7% del total) se encuentra en situación de pobreza y el 18% atraviesa condiciones de pobreza extrema, según datos oficiales.  

Desde las organizaciones campesinas históricamente se ha alertado al Gobierno que la Agricultura Campesina se encuentra en un estado de extrema pauperización, endeudamiento y acorralamiento debido al proceso de la expansión de monocultivos transgénicos del agronegocio, que implica una cada vez mayor concentración de tierra y centralización tecnológica.  En tal sentido, la Federación Nacional Campesina (FNC), la Coordinadora Nacional Intersectorial y la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) dieron a conocer sus posicionamientos para hacer frente a la actual crisis, donde la necesidad de producir alimentos se puso nuevamente en primer orden; para ello, las organizaciones campesinas sostienen que el Estado debe poner en marcha una verdadera Reforma Agraria Integral  de manera a superar el modelo neoliberal y agroexportador de materias primas sin la industrialización. 

Por lo tanto, es fundamental que el Estado invierta en la Agricultura Campesina, para garantizar la sustentabilidad, la seguridad y soberanía alimentaria, soberanía ambiental y territorial para toda la sociedad paraguaya.  Así como una mayor inversión para responder a los reclamos de mejoramiento de las infraestructuras básicas como caminos, acceso a agua potable, electrificación, entre otros. Políticas para garantizar el ACCESO A LA TIERRA, recuperando las tierras mal habidas y garantizando la regularización de asentamientos. Además de la REHABILITACIÓN FINANCIERA con la compra efectiva de las deudas campesinas, implementación de créditos accesibles, con planes de pagos anuales a largo plazo e intereses bajos, con un monto adecuado para cada plan de trabajo son otras propuestas estructurales de las organizaciones campesinas, respecto al rol que debería tener el Estado. 

Por el sector sindical la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) señala con fuerza que la vida y la salud de la población en general y de los trabajadores en particular, no pueden estar sometidos a un criterio mercantilista. Por lo tanto, exige la protección del empleo en todas sus formas; el acceso a la refinanciación de deudas; un análisis de la política monetaria a fin de reducir las tasas de interés; garantizar los permisos en el trabajo con el pleno goce del salario, a los enfermos, a aquellos padres que por motivo de suspensión de clases deben cuidar a sus hijos. Exigen también aumentar el control hacia las empresas debido al alto grado de informalidad existente que expone a los trabajadores a altos niveles de explotación. Por su parte la Unidad Sindical exige al gobierno la participación real de las organizaciones de trabajadores, tanto del sector público como privado. Para la clase trabajadora la reforma del Estado debe apuntar a fortalecer a las instituciones públicas de manera que estén al servicio del pueblo trabajador. 

Desde la campaña Itaipú Ñane Mba’e se propusieron dos puntos para sumar fondos a la atención de la Emergencia: Optimizar los altos salarios y viáticos de la entidad, que este año ascienden a 805 millones de dólares, y cesar el pago de la deuda corrupta, que este año asciende a 2.064,9 millones de dólares, con esos fundos se podría evitar endeudar más al país y a las futuras generaciones, y se podría hacer frente a la emergencia sanitaria. En el mismo sentido, la plataforma “Itaipú, Causa Nacional” exige deuda cero en Itaipú. Con ello, el Paraguay tendría 1.000 millones dólares más cada año, para que todas las familias paraguayas tengan comida en sus mesas. Propone además defender activamente lo que nos corresponde tanto en Itaipú como en Yacyretá, de manera a contar con más ingresos para alimentar al pueblo.  

Finalmente, desde todos los sectores sociales se reclama con urgencia la justicia tributaria, se están constituyendo amplios consensos que señalan que es la hora del impuesto a la soja. Para la OLT, la aplicación de un impuesto del 15%, seguirá siendo insuficiente, sin embargo acercará al ideal de la justicia tributaria. Por su parte, la FENAES apunta también al impuesto al tabaco, que genera al Estado un costo anual de 240 millones de dólares en gasto sanitario por enfermedades, solo aporta el 33,3% en relación al gasto sanitario.

Por más que el Gobierno le de la espalda a los sectores populares, desde las organizaciones y movimientos campesinos, estudiantiles, sindicales, entre otros, se construyen propuestas que en su conjunto realmente apuntan a la transformación del Estado. Ahora es el momento de profundizar en los debates estructurales que configuran el día a día de la mayoría del pueblo trabajador.

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