El este de Paraguay en pie de guerra por la tierra

La añeja disputa por la tierra en Paraguay crece y amenaza con desbordar en violencia, ante la ocupación de parcelas por parte de campesinos pobres, llamados «carperos», y la consecuente resistencia de empresarios agrícolas, en particular productores de soja.

«A los ‘carperos’ hay que tratarlos como mujer de ‘malandro’ (delincuente), que solo responde a palos», declaró al diario brasileño Folha de São Paulo el empresario Tranquilo Favero, el mayor productor de soja de Paraguay.

La diatriba de Favero, nacido en Brasil y nacionalizado paraguayo, fue dirigida a la asociación de campesinos sin tierra denominada Liga Nacional de Carperos, que ocupa parcelas que el empresario reivindica como suyas, ubicadas en Ñacunday, en el oriental departamento paraguayo de Alto Paraná.

Sus expresiones echaron más combustible al conflicto por la tenencia de tierras, que en los últimos días llevó a temer por enfrentamientos directos entre campesinos pobres y grandes productores de la zona, conocidos como brasiguayos o descendientes de brasileños.

Expertos afirman que el problema tiene sus raíces en la entrega de grandes latifundios a militares y amigos del poder, en particular durante la dictadura, que llevó a una enorme desigualdad socio-económica en este país, hoy con más de 6,3 millones de habitantes.

«La solución al problema de la tierra no tiene otro camino que el de la legalización de su tenencia, sobre todo en los casos de grandes extensiones. El gobierno no pudo cumplir con su promesa de reforma agraria, porque quedó cautivo de los poderes Legislativo y Judicial, que por lo general fallan en contra del paraguayo pobre», dijo a IPS el sociólogo Ramón Fogel.

La reforma agraria fue uno de los puntales de la propuesta electoral que llevó a la Presidencia de Paraguay en 2008, para un mandato de cinco años, al exobispo católico centroizquierdista Fernando Lugo, como líder de una alianza de partidos y de movimientos sociales.

Fogel explicó que una de las principales razones de que se agudice la presión de campesinos y ahora de los carperos es que está en duda la titularidad de por lo menos 30 por ciento del territorio paraguayo, de 406.000 kilómetros cuadrados.

Esta situación y la desigual distribución de la tierra están asociadas a la dictadura de Alfredo Stroessner, que se extendió de 1954 a 1989 de la mano de la hoy opositora Asociación Nacional Republicana, más conocida como Partido Colorado, y a los gobiernos que le siguieron los 14 años posteriores, un período conocido como de transición.

La dictadura entregó a militares, empresarios y dirigentes colorados miles de hectáreas de tierras destinadas originalmente a familias de agricultores pobres, generando un conflicto que es de las peores herencias recibidas por la democracia, señala un informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), creada por ley en 2003 para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 1954.

Las tierras mal habidas abarcan 64,1 por ciento de las ocho millones de hectáreas adjudicadas en esos 49 años, que es el lapso que abarcó la investigación de la CVJ. «La postergación de la atención de los reclamos de los campesinos pobres y la inserción cada vez más creciente de brasileños en territorio paraguayo, desplazando a los nativos de las tierras que se adjudican, son otros puntos que hacen al agravamiento del conflicto», se agrega en el informe

Luis Aguayo, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), coincide en que el conflicto de Ñacunday obedece a que «ya no se puede seguir postergando la regularización de la tenencia de tierras».

«La mensura judicial se tiene que hacer, pero los productores de soja se oponen porque tienen tierras en condición irregular. La ley de protección fronteriza también es otro punto que debe hacerse respetar y que apoyamos», sostuvo Aguayo.

La situación comenzó a tensarse en el este del país en noviembre, cuando la justicia comenzó a hacer las mediciones solicitadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a pedido de los carperos, quienes ocuparon propiedades en reclamo. Este jueves 23, tras varias negociaciones, el gobierno amenazó con el desalojo.

Sobre el impacto del conflicto en Ñacunday en la economía nacional, Fogel aseguró que «será para una minoría usurpadora de esas grandes extensiones de tierra y plantaciones de soja, porque para la mayoría pobre y excluida de Paraguay la cosa seguirá igual».

La economía de Paraguay tuvo un crecimiento récord de 14,5 por ciento en 2010, empujada por el auge de las exportaciones agrícolas, mientras que para 2012 se prevé que la expansión solo llegue a cuatro por ciento, según proyecciones del Banco Mundial.

Datos actualizados de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosa indican que los cultivos de soja cubren más de 2,6 millones de hectáreas, que equivalen a 60 por ciento del área agrícola de Paraguay.

Sin embargo, el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Soja y Oleaginosas del Paraguay, Francisco Regis Mereles, aseguró a IPS que la incidencia del conflicto agrario será grave, porque en un momento el propio Estado legitimó la repartición de tierras y es el modelo que se tiene actualmente.

«El futuro para el sector productivo está complicado», apuntó.

Este empresario entiende que la solución al problema de la tenencia de tierra pasa por dar a los municipios la potestad de controlar el tema inmobiliario e implementar a través de ellos sistemas de alta tecnología para identificar las parcelas y a sus respectivos dueños.

Por su parte, la MCNOC tiene una postura crítica hacia el gobierno. «Apoyamos la regularización de la tierra, al igual que los carperos, pero no estamos de acuerdo en la forma en que se manejó el caso Ñacunday, porque hubo errores de procedimiento», indicó Aguayo.

En tanto, los grandes empresarios del sector agrícola-exportador sindican al gobierno como cómplice de Victoriano López, uno de los principales líderes de los carperos, quien asegura que las tierras de Ñacunday pertenecen al Estado y que tiene documentos que lo prueban.

«Por eso estamos reclamando que se nos transfieran esas tierras, porque tenemos documentos recabados durante años en nuestro trabajo como comisión vecinal», afirmó a IPS, apuntando que solo en la zona de Alto Paraná hay más de 543.000 hectáreas que el Estado nunca vendió, pero que están ocupadas por terratenientes.

Sin embargo, un sector de la organización de carperos anunció en las últimas horas que expulsará de sus filas a López, debido a conflictos internos suscitados en torno al acatamiento de la decisión gubernamental sobre las ocupaciones.

A todo esto, hay quienes creen que el gobierno se aleja de los carperos con el desalojo de las propiedades ocupadas, y los grandes productores toman respiro.

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