Los abogados de los cuatro directivos de Amotocodie imputados hablaron con el fiscal, y éste les afirmó que presentará a lo largo de hoy su acusación. Así explicó el directivo de la ONG Miguel Ángel Alarcón, quien lamentó que la fiscalía y la justicia sean instrumentadas por sectores poderosos en Paraguay para sacarse de encima a organismos defensores de los derechos humanos.
Todavía no es un hecho, pero el agente del Ministerio Público de Filadelfia, José Luis Brusquetti, habría dicho a los abogados Jorge Bogarín y Betina Legal, que presentará acusación contra cuatro directivos de la ONG. Los acusados no tienen bien claro de qué se les acusaría, dado el tratamiento confuso que tiene el proceso.
Desde un principio organismos de derechos humanos y referentes sociales calificaron el accionar fiscal como una persecución hacia Iniciativa Amotocodie. Intereses terratenientes estarían detrás, para impedir que la ONG siga trabajando en la defensa del territorio y derechos de ayoreos de la región chaqueña.
Estos grupos de poder estarían actuando, además,como represalia a denuncias sobre la deforestación en el Chaco hechas por referentes de la institución indigenista en Europa.
Miguel Ángel Alarcón lamentó que las instituciones y recursos del Estado paraguayo sean instrumentalizados en favor de intereses de propietarios para atropellar organismos que defienden los derechos humanos.
Agregó que desde un principio, el fiscal demostró que trataría de llevar el proceso hasta las últimas consecuencias, pero -dijo- hay esperanza de que la jueza de garantías que recibirá la acusación fiscal rectifique la situación.
Expedición al Chaco
Todo comenzó con la intención de científicos del Museo de Historia Natural de Londres de incursionar en el territorio chaqueño para investigar la fauna y la flora de la región, en zonas de ayoreos no contactados voluntariamente.
El Grupo de Apoyo a la Iniciativa Amotocodie es un grupo de organismos e individualidades que vigila el proceso judicial. El mismo resumió las irregularidades fiscales en un documento, que va explicando lo que llama persecución hacia la ONG.
Durante 2009 y 2010 Iniciativa Amotocodie realizó notas y gestiones para evitar la incursión científica, por lo dañino que sería para la autonomía de los ayoreo.
En octubre de 2010 -explica el documento-un grupo de líderes ayoreos escribió una carta pública pidiendo la suspensión de la excursión europea, debido a los riesgos de contacto con sus pares no contactados. En noviembre, la directora de Derechos Étnicos de la Fiscalía, María José Irrazábal, se reunió con otro grupo de líderes ayoreo en disidencia al que emitió la carta mencionada, para escuchar sus inquietudes.
Este último grupo le dijo que fue engañado acerca del contenido de la carta y que no conocía la expedición. Además le dijo que Iniciativa Amotocodie intenta lucrar en nombre del pueblo ayoreo. El 17 de noviembre de ese año se hizo público que la expedición se suspendía.
Genocidio
Irrazábal -siempre según el documento- atribuyó a Iniciativa Amotocodie la carta elaborada por el grupo ayoreo y malinterpretó su contenido, diciendo que en él se advertía que ocurriría un genocidio en caso de darse la venida de los expedicionarios.
En base a esto, explica el escrito, la funcionaria solicitó al Ministerio Público que intervenga Iniciativa Amotocodie, por tres supuestos delitos: 1-Simulación de hecho punible (al decir en la carta que ocurriría un genocidio) 2-Omisión de aviso de hecho punible (por no avisar sobre el genocidio) y 3-Por violar el artículo 12 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (que habla de que los pueblos indígenas tienen derechos de acciones legales cuando se viola sus derechos).
Parcialismo y mala fe e incompetencia
El escrito del Grupo de Apoyo llama la atención sobre lo absurdo de acusarle a la ONG, en un mismo párrafo, de simular un genocidio y a la vez acusarlo de no dar aviso a las autoridades de que estaba sucediendo o por suceder el genocidio.
También caracterizaba el accionar de Irrazábal como parcialista y de mala fe, porque desconoció la postura del otro grupo de ayoreos, porque presentó la denuncia a partir de una imprecisión y porque desconoció el interés de la ONG por la autodeterminación de los ayoreos no contactados voluntariamente.
Por último, sospecha de la intención de esta funcionaria de castigar a Amotocodie por la suspensión de la expedición y de cobrarle por el trabajo de defensa del territorio ayoreo, esfuerzos que chocan contra intereses ganaderos y terratenientes.
Allanamiento
Desde ahí la pelota pasa a la cancha del fiscal Brusquetti. Todos sus actos sugieren pensar que intenta golpear a la institución indigenista y sacarla de funcionamiento. El 1 de diciembre allanó con innecesaria violencia la oficina de la ONG, en horas del descanso labora y se llevó documentos insitucionales, personales de los funcionarios y equipos informáticos, que sólo fueron devueltos parcialmente hasta hoy, según Alarcón.
Era mayo de 2011y todo indica que Brusquetti no encontraba por donde continuar con las acusaciones de Simulación… y Omisión…, que fueron las razones específicas que originaron la investigación fiscal.
Entonces decidió cambiar de frente e imputó a cuatro directivos de la ONG por lesión de confianza, porque supuestamente utilizaron dinero institucional sin que, en contrapartida, los resultados de esos gastos estén a la vista. Esto sin que la institución, la supuesta afectada, presentara denuncia.
El debido proceso
Cambió la carátula, dejando de lado las razones originales de su intevención, y acusó a los directivos de supuestamente despilfarrar 2.200 millones de guaraníes. Dio este monto aún antes de que un perito contable del Poder Judicial estudiara la administración de Iniciativa Amotocodie. Recién en enero de 2012 el perito hizo su trabajo.
Con esto estaría violando el debido proceso y estaría demostrando de que la investigación se debe a razones políticas y no jurídicas, apunta el documento del Grupo de Apoyo. Esta hipótesis se refuerza más con la medida que el agente pidió ante la Justicia, que incluía impedir que los cuatro imputados se acerquen a la ONG, se comuniquen con sus compañeros/as de trabajo y tengan contacto con sus financiadores. Afortunadamente una jueza de Villa Hayes, María Justina Venialgo, rechazó el pedido del fiscal.
Persecución con disfraz de proceso fiscal
En base al seguimiento que hicimos de la actuación del Ministerio Público, hemos concluido que se trata de una persecución política con disfraz de proceso fiscal, de parte de sectores poderosos, que ven en el trabajo de Iniciativa Amotocodie una amenaza para sus intereses, resume Clyde Soto, que forma parte del Grupo de Apoyo a Iniciativa Amotocodie.
Hoy se podrá ver si el fiscal Brusquetti acusa formalmente ante el juzgado de Villa Hayes.
FOTO-Fuente: IWGIA: Oficina de la ONG luego de ser allanada.
