El Programa de Democratización y Construcción de la Paz (DCP) presentó el pasado 14 noviembre el informe del Observatorio de la Tierra, cuya elaboración estuvo a cargo del economista de Base IS Luis Rojas Villagra. El acto fue realizado en el aula magna de la Universidad Católica de Asunción (UCA).
En el marco de la presentación se realizó un panel debate en el que participaron como expositores el sociólogo Ramón Fogel, el dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC) Marcial Gómez y Ramón Corvalán, de Serpaj-Py.
Las palabras preliminares fueron pronunciadas por la doctora Idalina Gómez, coordinadora del programa, y la moderación estuvo a cargo de Perla Álvarez.
Rojas Villagra abrió la mesa con la presentación del informe del Observatorio de la Tierra (periodo Julio, Agosto y Setiembre). Entre los principales hechos el economista puntualizó que el gobierno de Federico Franco dio fuerte impulso a lo que podemos denominar como una contrarreforma agraria, favorable a la agricultura y la ganadería a gran escala y negativa para la agricultura familiar campesina y las comunidades indígenas. Puso como ejemplo la liberación acelerada e irresponsable de 7 nuevas semillas genéticamente modificadas.
El 15 de agosto asume la presidencia Horacio Cartes, quien además del desinterés que ha mostrado hacia la problemática de la tierra y la situación del sector campesino, representa la continuidad del gobierno anterior en materia de políticas agrarias, añadió.
Sus primeras medidas suprimieron casi cualquier resquicio de duda. En el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) fue nombrado Regis Mereles, expresidente de la Asociación de Productores de Soja (APS), en un claro caso de conflicto de intereses. Los propios sojeros fueron puestos para autocontrolarse en materia de uso de agrotóxicos.
En el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) fue puesto Jorge Gattini, quien había señalado que el campesino debe cambiar de chip para integrarse. En tanto que en el Indert fue puesto primero Pedro López Ibieta, representante de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), y posteriormente Justo Cárdenas, exdiputado colorado y quien había admitido que no sabía nada de la reforma agraria. El informe puede ser consultado en bit.ly/1bL8HCy.
Por su parte, Ramón Fogel se refirió a dos casos emblemáticos de la lucha por la tierra como Ñacunday y Marina Cue, con el denominador común de que se trata de tierras del Estado usurpadas por firmas privadas vinculadas al stronismo como el brasileño Tranquilo Favero y el fallecido político colorado Blas N. Riquelme.
En este sentido contextualizó estos conflictos sociales en la situación de hambre que padece el país. La proporción de la población en pobreza extrema parece subestimada teniendo en cuenta que el Programa Mundial de Alimentos indica que por lo menos el 25,5% de la población padece de subnutrición, superado solo por Guatemala y Haití, apuntó.
También mencionó que Paraguay detenta uno de los más altos índices per cápita de uso de agrotóxicos en la región, con un 4,5 litros por persona según datos de 2007, cifra que ha aumentado considerablemente.
Entre los principales obstáculos institucionales que impiden la solución de estos problemas citó la corrupción en el Poder Judicial, las formas de violencia estatal, la actuación sistemática de sicarios, la especulación de tierras y la alianza de grupos ultraconservadores que manejan todos los hilos del Estado.
Luego intervino Marcial Gómez, de la FNC, quien enfatizó que el latifundio no tiene en cuenta el desarrollo nacional y que este es solo posible con la buena administración de los recursos. La lucha por la tierra está satanizada, los campesinos son vistos como delincuentes. La lucha por la tierra es percibida en la sociedad como un acto de terrorismo. La tierra es central en el ejercicio del poder. Para lograr el desarrollo nacional hay que redistribuir la tierra, añadió.
Gómez lamentó que la reforma agraria no esté presente en la agenda del Estado y afirmó que el latifundio no produce lo que el país necesita, sino materias primas a los mercados internacionales con un aporte impositivo no solo irrisorio, sino inexistente en muchos casos.
No hay valor agregado ni industrias. Para resistir ya no hay que jugar a la defensiva, sino a la ofensiva, ya que de todas formas si no hacemos nada seremos eliminados por este modelo, subrayó.
Cerró la mesa Ramón Corvalán, quien bajo el título de Y aquellos 11 enumeró, a partir de la revisión de los documentos producidos por las organizaciones campesinas, las propuestas campesinas para solucionar el problema rural: 1. Readecuar la estructura institucional del Estado y su marco jurídico; 2. Promover y apoyar programas de producción diversificada de alimentos y la creación de miniindustrias e industrias medianas para el procesamiento de la producción local; 3. Promover la agricultura ecológica y la investigación en este campo; 4. Promover el acceso a créditos accesibles y a mercados locales, nacionales y regionales, apelando a los conceptos de comercio justo y participativo; 5. Promover la protección y recuperación de las semillas nativas, con la creación de bancos de semillas y áreas de producción semillera; 6. Promover un desarrollo con equidad de género; 7. Elaborar y/o recuperar propuestas de ordenamiento territorial; 8. Monitorear la ejecución de los programas de desarrollo rural; 9. Promover la articulación de las organizaciones de productores/as con organismos públicos y privados; 10. Promover la articulación de las organizaciones campesinas, y 11. promover acciones (campañas) a nivel nacional y regional: acceso a la tierra, política tributaria justa, latifundio, agrotóxicos y semillas transgénicas, catastro nacional.
El encuentro concluyó con la intervención de varios participantes, quienes en su mayoría destacaron precisamente la necesidad de que este tipo de actividades no se reduzcan al diagnóstico, sino que se propongan soluciones para resolver la situación que padecen los campesinos, indígenas y trabajadores urbanos que, aunque complicada, de ningún modo es irreversible.
El Programa DCP es un emprendimiento conjunto de Red Rural, Base IS, Serpaj-Py, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Centro de Documentación y Estudios (CDE),Vencer, Pojoaju y el Grupo de Acompañamiento a Comunidades Indígenas de Itapúa (GACII). Este año tiene como tema central la problemática de la tierra.
FOTO: Periódico E’a
