En la audiencia de hoy, el fiscal Rachid quiso imponer sus interpretaciones de la ley procesal

Mañana martes podría terminar la instancia, pero la jueza del caso Curuguaty podría tomarse unos días para decidir si el mismo va o no a juicio oral. Hoy también la defensa pidió a la jueza que allane la oficina de Registros Públicos y del Catastro, debido a que estas instituciones no colaboran efectivamente para aclarar los orígenes de la finca donde ocurrió la masacre.
Hoy lunes se reanudó la audiencia preliminar por el caso de la masacre de Curuguaty, y la misma se acerca a su etapa final, pudiendo ya concluir mañana. Desde la segunda semana de julio la audiencia empezó con la presentación de la acusación de los fiscales, seguidamente la presentación de 11 incidentes judiciales de los abogados que defienden a los campesinos y campesinas, y desde la semana pasada se escucha de vuelta a los fiscales Jalil Rachid y Francisco Ayala argumentar en contra de los incidentes mencionados.
El descargo fiscal podría terminar mañana y después de esto restaría que la jueza del caso, Yanine Ríos, se tome unos días para estudiar su veredicto. La misma puede decidir entre elevar o no el caso a juicio oral.
Si Ríos evalúa que la investigación fiscal respetó todas las garantías procesales y que contiene pruebas que ameritan elevar el caso a juicio oral, lo hará; si -por el contrario- concluye que el trabajo fiscal tiene vicios, debilidades y subjetividades, y que no respetó durante el proceso las garantías elementales de los acusados, acusadas y la defensa, podría sobreseer a los campesinos y campesinas, como lo hizo en el pasado el juez Gustavo Bonzi en la audiencia preliminar por el caso Lindstron.

Argumento fiscal
Durante la presentación de incidentes, los defensores Vicente Morales,María del Carmen Morales y Guillermo Ferreiro, habían señalado varias violaciones del debido proceso y otras grantías procesales de parte de la fiscalía.
Algunas de ellas hablaban de que se rompió la cadena de custodia de ciertas pruebas; que la fiscalía no notificó a la defensa para participar de las pericias o lo hicieron a destiempo; que en la acusación se incluyen pruebas invisibles que no se dicen qué son, sino simplemente aparecen codificadas; y que en ningún momento los fiscales exponen qué hechos delictivos hicieron cuáles personas y con cuáles evidencias probará.
En respuesta, hoy los fiscales Rachid y Ayala contestaron diciendo que pruebas como el cuaderno con datos de los acusados efectivamente existió, pero que después desapareció cuando la persona que lo llevaba atravesó un arroyo, pero afortunadamente antes le tomó fotos.
En relación a la no notificación de la realización de pericias a la defensa, el fiscal Rachid aseveró que no se notificó porque no había razón para hacerlo, debido a que se trataba de un acto de investigación de la fiscalía, y no formaba parte de anticipo jurisdiccional de pruebas.
Sobre las evidencias que dentro de la acusación figuran sólo en forma de códigos como M1, M2, etc. Rachid dijo que es trabajo de la defensa acercarse a ver de qué pruebas se tratan, que las mismas estaban a disposición. “La fiscalía puede nombrar como quiera a las pruebas. Es una cuestión de organización de pruebas”, agregó.
Consultado sobre este tema, el abogado defensor Guillermo Ferreiro dijo que las interpretaciones del fiscal eran una aberración, que es peligroso como antecedente que el caso vaya a juicio, pues sentaría precedente. Dijo también que es obligación de la fiscalía describir cada evidencia y presentar qué hecho está probando.
Sobre la no notificación de la fiscalía durante las pericias y las palabras del fiscal sobre esto, dijo que el mismo hizo una interpretación descabellada. Que sí debió notificar a la defensa durante las realizaciones de pericias para que puedan participar y anteponer sus exigencias.

Pedido de allanamiento del Registro Público y Catastro
Al arrancar la jornada, el abogado Vicente Morales pidió a la jueza Ríos allanar las oficinas de Registros Públicos y Catastro, debido a la permanente negativa, deficiencia o burocracia que caracterizó a ambas instituciones en los informes que les pidieron, para esclarecer la situación de unas seis fincas de Curuguaty y Hernandarias, entre las cuales está la finca 30 de Marina Kue.
El pedido concreto de la defensa ala magistrada es la de allanar las instituciones para poder ver los títulos originales de las fincas. La jueza, al terminar la audiencia de hoy, no tomó decisión alguna sobre el pedido.
En respuesta, la directorta de Registros Públicos, Lourdes González, escribió en su cuenta de twitter que sí habían proveído los informes pedidos por la defensa y que estaba indignada por las acusaciones de no haber colaborado.
Abordado sobre esto último, el abogado Ferreiro dijo que Registros Públicos sí había remitido informes, pero eran insuficientes e incompletos, y que tras varios nuevos intentos e insistencia, no habían conseguido mayor colaboración. Dijo que finalmente la institución respondió que el 12 de agosto mostraria los documentos requeridos.

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