Esta mañana se comunicó a las partes que el miércoles 9 de octubre, desde las 9hs la jueza Janine Ríos, confirmada en el caso tras dos recusaciones, retomará la parte final del proceso. Deberá definir si lleva o no a juicio oral a los 11 campesinos y campesinas acusados.
La audiencia preliminar de la masacre de Curuguaty se reinicia, tras un largo recreo desde el 1 de agosto último, debido a las dos recusaciones presentadas por los abogados defensores contra la magistrada. La primera vez por parcialidad manifiesta en favor de la fiscalía y la segunda, por pre-opinión, odio y enemistad contra la defensa.
En las dos ocasiones la jueza sorteó la situación con celeridad en la Cámara de Apelaciones de Salto del Guairá y la primera vez en la Corte Suprema de Justicia, que rechazó de pleno la recusación argumentando argumentaciones poco claras.
El miércoles próximo los y las acusadas de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y tentativa de homicidio -en total 11 campesinos y campesinas- esperarán el fallo de la Ríos, que debe decidir si los lleva o no a la siguientes instancia, que es el juicio oral.
Antecedentes
El 1 de agosto último los abogados Guillermo Ferreiro y Vicente Morales pidieron que se aparte a la jueza Ríos del caso por parcialidad manifiesta, luego de que esta permitiera que la fiscalía incorpore por la ventana del proceso seis nuevas cajas llenas de evidencia, violando todas las garantías.
Luego de ser confirmada en el proceso, el 12 de setiembre la magistrada fue nuevamente recusada por las declaraciones que hizo durante una conferencia de prensa y una entrevista radial, donde trató a los abogados Ferreiro y Morales de dilatores del proceso y mal educados.
Final previsible
De acuerdo al rumbo del proceso, la influenciabilidad de la magistrada y los intereses políticos que rodean al caso, lo más probable es que la nóvel magistrada no resista a las presiones de la clase política terrateniente y del circuito fiscal-judicial, y acceda a llevar el caso a juicio, incluso haciendo la vista gorda a infracciones procesales de la fiscalía, encabezada en el caso por Jalil Rachid.
Algunas de ellas son la parcialidad manifiesta de sólo acusar a campesinas y campesinos, aunque está comprobado que varios policías asesinaron, ejecutaron y torturaron el día de la masacre; las acusaciones vagas y generales, que impiden que la defensa ejerza su papel; la incorporación durante los 47 del segundo tiempo de seis nuevas cajas de evidencias, a pesar de que no figuraban en el escrito acusatorio oficial; la incorporación de una escopeta robada en otro lugar y días después de la masacre entre las pruebas acusatorias.
